Judicial
Jurado deja en libertad a mujer acusada de casi arrancarle la mano a su vecina con una pala
POR: El Salvador Times.
La mañana del domingo del 22 de enero de 2017, la familia Mejía Granados se disponía a desayunar a eso de las 7:30, por lo que Agripina, la madre de familia de ese hogar, se dirigió a una tienda cercana a su vivienda, ubicada en el cantón Veracruz, de Tonacatepeque, en San Salvador.
Mientras transitaba por la calle, su vecina Rosa Rivera, de 46 años de edad, le salió al paso. Ella se encontraba barriendo una acera, pero cuando vio a Agripina tomó una pala y le arrojó lodo a esta, por lo que su vestuario quedó sucio y empapado.
Tras esta acción, Rivera procedió a golpear con el filo de la pala la mano derecha de Agripina y el golpe fue tal que casi se la mutila.
“Agripina llegó a la casa con la mano destrozada. La tenía casi cortada y estaba bien fregada, con mucha sangre”, comentó José Mejía, su compañero de vida, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que Agripina interpuso una denuncia y se originó un proceso judicial.
Según relató la pareja afectada ante el Tribunal 5° de Sentencia, la víctima lesionada tuvo que ser trasladada hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Ilopango, en donde Mejía fue notificado que su compañera de vida perdería la mano. Tendría que ser amputada por el daño que obtuvo en sus nervios tras el golpe.
“El pleito de todo es por una calle. Ella cree que la calle le pertenece y hasta la alcaldía le ha dicho que es el paso de todos”, argumentó la afectada, quien ha tenido problemas de convivencia con la mujer desde hace años.
Para tratar de auxiliar de la mejor manera posible a la afectada, Agripina fue trasladada hacia la Unidad de Especialidades del ISSS, en donde estuvo cuatro días ingresada –según relató-, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la afectación que obtuvo.
Después de la cirugía, la víctima recibió al menos 20 terapias para poder recuperar el movimiento de su miembro superior, pero aún faltaría una operación más y otras 20 terapias, contó tras expresar que el dolor aún persiste.
De acuerdo al peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, la lesión de Agripina se recuperaría en 90 días, pero tendría una limitación en el movimiento de la mano. Además, explicó en un documento escrito -incluido como prueba en el expediente judicial- que tendría dificultad para sostener objetos pesados.
Hasta la fecha, la afectada debe ingerir diversas pastillas para poder controlar el dolor que la afecta, pero los médicos lograron evitar una amputación.
Dictan fallo absolutorio contra atacante
Trece días después, la FGR giró una orden de detención en contra de Rosa Rivera, por lo que un día después –el 10 de febrero de 2017- fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada frente a la casa de la víctima, en Tonacatepeque.
En un primer momento a Rivera se le acusó por el delito de homicidio agravado tentado, pero en el transcurso del proceso la tipificación del delito cambio a lesiones graves, por ello el fallo estuvo a cargo de un jurado integrado por cinco personas civiles, quienes debían escuchar los relatos de los testigos, ver las pruebas y luego deliberar sobre si era o no culpable la imputada.
Como pruebas presentadas en la audiencia de vista pública, desarrollada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, se detalló que la hija de la pareja afectada denunció el hecho a la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que la fiscal del caso agregó una bitácora de llamadas.
Además, la joven de 18 años de edad testificó en contra de la vecina que había atacado a su madre, tal como lo hicieron sus padres.
Luego de finalizada las intervenciones, tanto de la parte fiscal como de la parte defensora, se obtuvo dos votos a favor de un fallo condenatorio y tres en contra, por lo que Rivera recobró su libertad, pues el fallo debe ser unánime, es decir, los cinco miembros deben estar en total acuerdo.
“Aquí el Tribunal (el jurado instalado) la ha dejado en libertad, pero mi vida corre peligro con ella porque siempre me amenaza con que me va a matar”, comentó con rostro de decepción Agripina, luego de saber el resultado del proceso.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
