Judicial
Jurado deja en libertad a mujer acusada de casi arrancarle la mano a su vecina con una pala
POR: El Salvador Times.
La mañana del domingo del 22 de enero de 2017, la familia Mejía Granados se disponía a desayunar a eso de las 7:30, por lo que Agripina, la madre de familia de ese hogar, se dirigió a una tienda cercana a su vivienda, ubicada en el cantón Veracruz, de Tonacatepeque, en San Salvador.
Mientras transitaba por la calle, su vecina Rosa Rivera, de 46 años de edad, le salió al paso. Ella se encontraba barriendo una acera, pero cuando vio a Agripina tomó una pala y le arrojó lodo a esta, por lo que su vestuario quedó sucio y empapado.
Tras esta acción, Rivera procedió a golpear con el filo de la pala la mano derecha de Agripina y el golpe fue tal que casi se la mutila.
“Agripina llegó a la casa con la mano destrozada. La tenía casi cortada y estaba bien fregada, con mucha sangre”, comentó José Mejía, su compañero de vida, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que Agripina interpuso una denuncia y se originó un proceso judicial.
Según relató la pareja afectada ante el Tribunal 5° de Sentencia, la víctima lesionada tuvo que ser trasladada hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Ilopango, en donde Mejía fue notificado que su compañera de vida perdería la mano. Tendría que ser amputada por el daño que obtuvo en sus nervios tras el golpe.
“El pleito de todo es por una calle. Ella cree que la calle le pertenece y hasta la alcaldía le ha dicho que es el paso de todos”, argumentó la afectada, quien ha tenido problemas de convivencia con la mujer desde hace años.
Para tratar de auxiliar de la mejor manera posible a la afectada, Agripina fue trasladada hacia la Unidad de Especialidades del ISSS, en donde estuvo cuatro días ingresada –según relató-, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la afectación que obtuvo.
Después de la cirugía, la víctima recibió al menos 20 terapias para poder recuperar el movimiento de su miembro superior, pero aún faltaría una operación más y otras 20 terapias, contó tras expresar que el dolor aún persiste.
De acuerdo al peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, la lesión de Agripina se recuperaría en 90 días, pero tendría una limitación en el movimiento de la mano. Además, explicó en un documento escrito -incluido como prueba en el expediente judicial- que tendría dificultad para sostener objetos pesados.
Hasta la fecha, la afectada debe ingerir diversas pastillas para poder controlar el dolor que la afecta, pero los médicos lograron evitar una amputación.
Dictan fallo absolutorio contra atacante
Trece días después, la FGR giró una orden de detención en contra de Rosa Rivera, por lo que un día después –el 10 de febrero de 2017- fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada frente a la casa de la víctima, en Tonacatepeque.
En un primer momento a Rivera se le acusó por el delito de homicidio agravado tentado, pero en el transcurso del proceso la tipificación del delito cambio a lesiones graves, por ello el fallo estuvo a cargo de un jurado integrado por cinco personas civiles, quienes debían escuchar los relatos de los testigos, ver las pruebas y luego deliberar sobre si era o no culpable la imputada.
Como pruebas presentadas en la audiencia de vista pública, desarrollada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, se detalló que la hija de la pareja afectada denunció el hecho a la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que la fiscal del caso agregó una bitácora de llamadas.
Además, la joven de 18 años de edad testificó en contra de la vecina que había atacado a su madre, tal como lo hicieron sus padres.
Luego de finalizada las intervenciones, tanto de la parte fiscal como de la parte defensora, se obtuvo dos votos a favor de un fallo condenatorio y tres en contra, por lo que Rivera recobró su libertad, pues el fallo debe ser unánime, es decir, los cinco miembros deben estar en total acuerdo.
“Aquí el Tribunal (el jurado instalado) la ha dejado en libertad, pero mi vida corre peligro con ella porque siempre me amenaza con que me va a matar”, comentó con rostro de decepción Agripina, luego de saber el resultado del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
