Judicial
Jurado deja en libertad a mujer acusada de casi arrancarle la mano a su vecina con una pala
POR: El Salvador Times.
La mañana del domingo del 22 de enero de 2017, la familia Mejía Granados se disponía a desayunar a eso de las 7:30, por lo que Agripina, la madre de familia de ese hogar, se dirigió a una tienda cercana a su vivienda, ubicada en el cantón Veracruz, de Tonacatepeque, en San Salvador.
Mientras transitaba por la calle, su vecina Rosa Rivera, de 46 años de edad, le salió al paso. Ella se encontraba barriendo una acera, pero cuando vio a Agripina tomó una pala y le arrojó lodo a esta, por lo que su vestuario quedó sucio y empapado.
Tras esta acción, Rivera procedió a golpear con el filo de la pala la mano derecha de Agripina y el golpe fue tal que casi se la mutila.
“Agripina llegó a la casa con la mano destrozada. La tenía casi cortada y estaba bien fregada, con mucha sangre”, comentó José Mejía, su compañero de vida, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que Agripina interpuso una denuncia y se originó un proceso judicial.
Según relató la pareja afectada ante el Tribunal 5° de Sentencia, la víctima lesionada tuvo que ser trasladada hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Ilopango, en donde Mejía fue notificado que su compañera de vida perdería la mano. Tendría que ser amputada por el daño que obtuvo en sus nervios tras el golpe.
“El pleito de todo es por una calle. Ella cree que la calle le pertenece y hasta la alcaldía le ha dicho que es el paso de todos”, argumentó la afectada, quien ha tenido problemas de convivencia con la mujer desde hace años.
Para tratar de auxiliar de la mejor manera posible a la afectada, Agripina fue trasladada hacia la Unidad de Especialidades del ISSS, en donde estuvo cuatro días ingresada –según relató-, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la afectación que obtuvo.
Después de la cirugía, la víctima recibió al menos 20 terapias para poder recuperar el movimiento de su miembro superior, pero aún faltaría una operación más y otras 20 terapias, contó tras expresar que el dolor aún persiste.
De acuerdo al peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, la lesión de Agripina se recuperaría en 90 días, pero tendría una limitación en el movimiento de la mano. Además, explicó en un documento escrito -incluido como prueba en el expediente judicial- que tendría dificultad para sostener objetos pesados.
Hasta la fecha, la afectada debe ingerir diversas pastillas para poder controlar el dolor que la afecta, pero los médicos lograron evitar una amputación.
Dictan fallo absolutorio contra atacante
Trece días después, la FGR giró una orden de detención en contra de Rosa Rivera, por lo que un día después –el 10 de febrero de 2017- fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada frente a la casa de la víctima, en Tonacatepeque.
En un primer momento a Rivera se le acusó por el delito de homicidio agravado tentado, pero en el transcurso del proceso la tipificación del delito cambio a lesiones graves, por ello el fallo estuvo a cargo de un jurado integrado por cinco personas civiles, quienes debían escuchar los relatos de los testigos, ver las pruebas y luego deliberar sobre si era o no culpable la imputada.
Como pruebas presentadas en la audiencia de vista pública, desarrollada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, se detalló que la hija de la pareja afectada denunció el hecho a la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que la fiscal del caso agregó una bitácora de llamadas.
Además, la joven de 18 años de edad testificó en contra de la vecina que había atacado a su madre, tal como lo hicieron sus padres.
Luego de finalizada las intervenciones, tanto de la parte fiscal como de la parte defensora, se obtuvo dos votos a favor de un fallo condenatorio y tres en contra, por lo que Rivera recobró su libertad, pues el fallo debe ser unánime, es decir, los cinco miembros deben estar en total acuerdo.
“Aquí el Tribunal (el jurado instalado) la ha dejado en libertad, pero mi vida corre peligro con ella porque siempre me amenaza con que me va a matar”, comentó con rostro de decepción Agripina, luego de saber el resultado del proceso.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
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