Política
Francisco Manzur es abolido de la contienda interna por la Alcaldía de San Salvador
El precandidato a Alcalde de San Salvador por el partido ARENA, Francisco Manzur, fue oficialmente inhabilitado de la contienda interna por parte del Tribunal de Primera Instancia de este instituto político.
La instancia emitió la resolución el martes 21 de julio, a las 4:30 de la tarde.
De acuerdo al documento, Manzur fue señalado por vulnerar los estatutos internos, que ordenaba que todos los precandidatos deberían abstenerse de realizar declaraciones que pudieran dañar “el honor, intimidad personal y la propia imagen de las autoridades y otros miembros del partido” en el marco del proceso interno para elegir candidatos a Diputados y Alcaldes para los comicios de 2021.
Manzur fue denunciado el 14 de julio, por un tuit en el cual expresaba que “La Alcaldía de San Salvador debe ser dirigida por un nacionalista de verdad, uno que no represente la politiquería, ni la expresión de las élites, uno que no tenga vínculo alguno con la corrupción. #YoVoyConManzur #PXLP”.
El Tribunal advirtió al médico de profesión que debía detener los señalamientos. Manzur, según el documento, afirmó que habían hackeado su cuenta y al percatarse decidió borrarlo y pidió que el procedimiento se declarara improcedente ya que “no hubo voluntad por parte de él de publicar dicho mensaje”.
No obstante, en una entrevista a un medio de comunicación el 10 de julio, Manzur se refirió a su principal contendiente en la interna, Ernesto Muyshondt, actual Alcalde de San Salvador, en donde dijo que el edil “ha tomado un plan de destrucción de nuestro partido y no de defensa de nuestros deberes como areneros”. Además, fue denunciado por declaraciones en otros medios de comunicación, haciendo alusión a Muyshondt.

A consideración del Tribunal, Manzur infringió el artículo 133 de los estatutos de ARENA, en los literales a, c, y e; y el artículo 110, literal g. “Las declaraciones dadas por el señor Manzur han infringido los estatutos (…) acusarlo [a Muyshondt] de tomar un plan de destrucción de ARENA, es un rompimiento a la armonía, fraternidad, respeto y cortesía que debe existir entre miembros de partido”, se extrae de la resolución.
El tribunal suspendió a Manzur de todos sus derechos como miembro del partido tricolor, así como será removido de cualquier cargo de autoridad partidaria y se le inhabilita a correr por cargos de elección popular; por un período de 3 meses.
En un pronunciamiento, Manzur destacó que entró al proceso interno para “garantizar al partido una propuesta alternativa ante la amenaza latente de una ideología de izquierda disfrazada”.
“Nunca ha sido mi finalidad transgredir las normas institucionales, por el contrario mi intención es defenderlas”, aseguró y calificó la inhabilitación como una “transgresión no solamente a mi persona, sino a la institucionalidad”. El tricolor advirtió que la decisión “causa desánimo” en las bases, debido a que “sienta un mal precedente para futuros postulantes”.
El Tribunal fijó un plazo de 24 horas para que Manzur haga uso de los recursos establecidos en los Estatutos. De no hacerlo, el expediente pasará a la Comisión Política, Consejo Ejecutivo Nacional, Tribunal de Ética y Comisión Electoral Nacional.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.





