Judicial
Exministro de Salud, Eduardo Interiano, se quiere amparar en un diagnóstico de demencia para no ser condenado de pagar por sexo con menor de edad
El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en las que se le ha detectado cáncer y demencia.
La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados padecen enfermedades mortales e incurables.
Médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) serán los encargados de verificar y constatar que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano.
El tío del actual presidente de ARENA podría evitar el juicio por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas, un caso que es llevado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor, Mario Machado, señaló que Interiano sufre de cáncer de pulmón, con probabilidades de metástasis, demencia senil y alzheimer en grado dos. Fuentes que conocen el caso agregaron que al cuadro clínico la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo dos y dislipidemia (grasa en la sangre); todos estos asociados a enfermedades de la edad.
Expertos en materia jurídica explicaron a El Salvador Times que la defensa podría apegarse al numeral cinco del artículo 18 Código Procesal penal el cual establece que se dará la oportunidad de “prescindir total o parcialmente de la persecución penal siempre y cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal”.
Las reprogramaciones del juicio
La vista pública por este caso estaba prevista a realizarse el 20 de febrero, pero se suspendió por cuarta vez debido a la salud del imputado por lo que se espera una nueva fecha para la audiencia.
La primera instalación de la audiencia estaba prevista para el 25 de julio del 2018, pero la defensa explicó no poder compadecer a por tener pendiente una audiencia con otro cliente.
El caso pasó para el 27 de septiembre de 2018, día en que se volvió a posponer, está vez porque el juez estaba en otro proceso. Nuevamente se definió para el 26 de noviembre, en esta última fecha no se presentó la representación fiscal.
El 5 de febrero del 2019 se volvió a reprogramar porque la defensa tenía una vista pública que coincidió con otro juicio.
La nueva fecha aún no ha sido definida ya que las partes involucradas se encuentran a la espera que se tengan los resultados de los análisis realizados a Interiano para decidir sobre el futuro jurídico de este.
¿Cómo inició el caso?
El caso nació luego de la audiencia preliminar celebrada contra Bessy Alejandra Gonzáles, donde una de las víctimas le manifestó al juez Sexto de Instrucción de San Salvador que había sido vendida a otras personas.
Ante la revelación, el juez ordenó a la Fiscalía que iniciara otra investigación para determinar el resto de implicados en el caso, dando como resultado la captura de Interiano quien era unos de los supuestos clientes de la red de trata que encabezaba Gonzáles.
La proxeneta fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de violación en menor e incapaz continuada, trata de persona agravada, remuneración en el delito de trata de personas, según lo informó la FGR.
Las investigaciones realizadas señalan que ella era la encargada de llevar a las víctimas con sus clientes; entre los que se encontraba Interiano quien fungió como ministro de Salud durante el periodo de 1994 a 1999.
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
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Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
