Judicial
Exministro de Salud, Eduardo Interiano, se quiere amparar en un diagnóstico de demencia para no ser condenado de pagar por sexo con menor de edad
El exministro de salud Eduardo Rafael Interiano buscará el perdón judicial en el caso donde es señalado de haber pagado para tener relaciones sexuales con niñas, la defensa presentó una serie de excusas médicas en las que se le ha detectado cáncer y demencia.
La defensa se apega a un último numeral del artículo 18 del Código Procesal Penal que implica apartarlos de proceso especiales debido a que los imputados padecen enfermedades mortales e incurables.
Médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) serán los encargados de verificar y constatar que lo señalado por la defensa sea válido y así determinar el tipo de vista pública que se le aplica a Interiano.
El tío del actual presidente de ARENA podría evitar el juicio por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas, un caso que es llevado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor, Mario Machado, señaló que Interiano sufre de cáncer de pulmón, con probabilidades de metástasis, demencia senil y alzheimer en grado dos. Fuentes que conocen el caso agregaron que al cuadro clínico la insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo dos y dislipidemia (grasa en la sangre); todos estos asociados a enfermedades de la edad.
Expertos en materia jurídica explicaron a El Salvador Times que la defensa podría apegarse al numeral cinco del artículo 18 Código Procesal penal el cual establece que se dará la oportunidad de “prescindir total o parcialmente de la persecución penal siempre y cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad mortal e incurable en fase terminal”.
Las reprogramaciones del juicio
La vista pública por este caso estaba prevista a realizarse el 20 de febrero, pero se suspendió por cuarta vez debido a la salud del imputado por lo que se espera una nueva fecha para la audiencia.
La primera instalación de la audiencia estaba prevista para el 25 de julio del 2018, pero la defensa explicó no poder compadecer a por tener pendiente una audiencia con otro cliente.
El caso pasó para el 27 de septiembre de 2018, día en que se volvió a posponer, está vez porque el juez estaba en otro proceso. Nuevamente se definió para el 26 de noviembre, en esta última fecha no se presentó la representación fiscal.
El 5 de febrero del 2019 se volvió a reprogramar porque la defensa tenía una vista pública que coincidió con otro juicio.
La nueva fecha aún no ha sido definida ya que las partes involucradas se encuentran a la espera que se tengan los resultados de los análisis realizados a Interiano para decidir sobre el futuro jurídico de este.
¿Cómo inició el caso?
El caso nació luego de la audiencia preliminar celebrada contra Bessy Alejandra Gonzáles, donde una de las víctimas le manifestó al juez Sexto de Instrucción de San Salvador que había sido vendida a otras personas.
Ante la revelación, el juez ordenó a la Fiscalía que iniciara otra investigación para determinar el resto de implicados en el caso, dando como resultado la captura de Interiano quien era unos de los supuestos clientes de la red de trata que encabezaba Gonzáles.
La proxeneta fue condenada a 26 años de prisión por los delitos de violación en menor e incapaz continuada, trata de persona agravada, remuneración en el delito de trata de personas, según lo informó la FGR.
Las investigaciones realizadas señalan que ella era la encargada de llevar a las víctimas con sus clientes; entre los que se encontraba Interiano quien fungió como ministro de Salud durante el periodo de 1994 a 1999.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
