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EDUARDO BECKER: Cámara de lo Penal no valora denuncias de fraude procesal en caso “Corruptela” y emite resolución en medio de graves denuncias públicas contra el exfiscal Douglas Meléndez a quien se le acusa junto con sus colaboradores más cercanos de haber fabricado el mismo caso
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, emitió resolución en contra de los implicados en el caso “Corruptela”, pese a las graves denuncias de fraude procesal que habría cometido el exfiscal de la República, Douglas Meléndez, en complicidad con un grupo de sus más cercanos colaboradores dentro del Ministerio Público.
La Cámara confirma órdenes de captura, impone medidas cautelares, revoca beneficios procesales e impone cuantiosas sumas de dinero (como caución económica o fianza) a los 28 implicados en el proceso, entre estos el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
Uno de los afectados con la resolución es Eduardo Vásquez Becker, acusado de peculado como cómplice necesario, y me imponen una caución económica de $25,000, los cuales debe pagar en los 15 días hábiles de notificada la resolución de la Cámara.
«He cumplido 84 años y al final de mi vida me involucran en hechos no ciertos y que de acuerdo a recientes publicaciones periodísticas han sido fabricados». Eduardo Becker
Medios de Comunicación han comprobado que detrás de este caso está el exfiscal general Douglas Meléndez, quien habría encabezado una estructura irregular dentro de la Fiscalía General. A continuación, Eduardo Becker nos relata su dura experiencia y valoraciones como comunicador y abogado al ser involucrado en el caso Corruptela: Como periodista y como abogado hago unas valoraciones sobre este irregular y nefasto proceso que afecta mi trayectoria profesional y mi amplia vida laboral.
Las falencias de la resolución
Las disposiciones emitidas por la Cámara no valoran, en ningún momento, las denuncias de fraude procesal en torno al caso “Corruptela” que surgieron con las denuncias -en la Procuraduría de Derechos Humanos y en sede judicial- de seis trabajadores de la Fiscalía que aseguran haber sido amenazados por su entonces jefe, Douglas Meléndez, y su grupo cercano a fin de que se convirtieran en testigos criteriados, obligándolos a firmar declaraciones previamente fabricadas y a inventar testimonios para ofrecer en la causa que se ventila.
Las denuncias de fraude forman parte de una investigación de un Medio Digital y fueron retomadas por otros Medios de Comunicación del país y abren la duda de que algo está mal desde el principio. El equipo de defensores de los procesados compiló y entregó a la Cámara de lo Penal las notas periodísticas que evidencian las irregularidades cometidas desde el inicio de proceso y que han derivado en graves afectaciones para los procesados, sin embargo, no se valoraron las denuncias de los falsos criteriados obligados a mentir.
En ese tribunal estaban pendientes de resolverse diversas apelaciones y transcurrieron meses antes de conocerse una respuesta jurídica.
Durante cinco meses los abogados defensores esperaron que la Cámara emitiera opinión sobre las apelaciones y últimamente esperaron que se valoraran las denuncias de fraude procesal, pero el tribunal emitió resolución sin considerar los argumentos presentados.
Había apelación en contra de las órdenes de captura que se habían emitido contra Rais y los demás implicados y no obstante la nueva evidencia presentada la Cámara resolvió sin valorar el fraude procesal con que se construyó dicho caso.
Hasta $100,000 de caución
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal impone cuantiosas sumas de dinero a algunos de los implicados.
Contra varios de ellos se imponen $100,000 de fianza que deberán hacerse efectivas en “un lapso no superior a quince días hábiles después de notificada la presente resolución”, lo cual resulta impagable considerando que los implicados carecen de recursos para cubrir esos montos.
No hay un estudio socioeconómico que permita establecer que a las personas a quienes se les impone los $100,000 de caución tengan la posibilidad para cubrirlos.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
En el caso del dinero taiwanés los procesados deben cubrir $50,000 cada uno, pese a ser reconocidos empresarios o industriales y millonarios. Mientras que varios de los procesados del caso “Corruptela” están obligado a entregar al juzgado el doble del dinero, sin que se conozcan los criterios o parámetros usados para imponer estas medidas.
¿Dónde está la justicia equitativa e igualitaria a la que debe someterse todo ciudadano que se enfrente a la ley? ¿Acaso no es la misma ley y la misma justicia para todos?
Las otras decisiones de la Cámara
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal confirma la detención contra el exfiscal Julio Adalberto Arriaza González. Al mismo tiempo ordena que se capture a Jorge Moisés Nájera Aguilar y Mauricio Antonio Yanes Morales, quienes gozaban de medidas sustitutivas a la detención.
Mientras que para Carla García Rossi de Martínez, César Augusto García Barrera y José Ángel Gómez Guillén se le imponen medidas cautelares de no salir del país, presentarse a los juzgados y abstenerse de comunicar con otros implicados en el proceso cuando desde el principio gozaron de libertad irrestricta sin medidas cautelares.
A Francisco Salinas Montenegro también debe pagar $25,000 de caución, lo mismo que Karla Ivette Escamilla López.
Mientras que para el empresario Enrique Rais se “confirma la detención provisional” por dos delitos de cohecho activo.
Para cada uno de los 28 implicados hay una decisión tomada por los magistrados de la Cámara.
Entre los juzgadores se encuentra Martín Rogel Zepeda para quien se había solicitado su recusación, es decir, se apartara de conocer el proceso. No obstante, en la resolución del tribunal se indica que Rogel Zepeda mantuvo su calidad de juzgador y tomó parte activa del dictamen.
¿Cómo es posible que se haya permitido actuar a un personaje ampliamente cuestionado luego que algunos implicados le han denunciado, desde hace mucho tiempo atrás en la sección de Investigación Judicial, por no tener imparcialidad?
¿Cómo es posible que si el mismo magistrado que fue recusado de conocer dicha apelación no esperó las resoluciones de tribunales superiores que le facultaran fallar?
¿Cómo confiar en un juzgador que fue denunciado administrativamente por un procesado que lo consideró parcializado? ¿Podría acaso fallar apegado a derecho?
Dos hombres en estado de ebriedad fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras agredir con un corvo a un tercero que también se encontraba bajo los efectos del alcohol en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda y los dos hombres ingresaron al inmueble. Posteriormente, tras una acalorada discusión, lo atacaron con un corvo.
Las autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en una mano y la pérdida de uno de sus dedos a causa de la agresión.
Los atacantes fueron identificados como Benjamín Edgardo Hernández Rodríguez y José Noé Díaz González, quienes fueron localizados y capturados mediante un inmediato dispositivo policial. Ambos serán remitidos por el delito de lesiones.
Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Cruz Roja Salvadoreña atendieron un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.
De acuerdo con las autoridades, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para auxiliar a las personas involucradas en el percance.
Como resultado del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron estabilizadas en el lugar por personal de emergencia antes de ser trasladadas al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde recibirán atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el accidente ni han revelado la identidad de las personas lesionadas.
La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.
Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.
La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.
Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.
«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.
Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.
Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.
