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EDUARDO BECKER: Cámara de lo Penal no valora denuncias de fraude procesal en caso “Corruptela” y emite resolución en medio de graves denuncias públicas contra el exfiscal Douglas Meléndez a quien se le acusa junto con sus colaboradores más cercanos de haber fabricado el mismo caso
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, emitió resolución en contra de los implicados en el caso “Corruptela”, pese a las graves denuncias de fraude procesal que habría cometido el exfiscal de la República, Douglas Meléndez, en complicidad con un grupo de sus más cercanos colaboradores dentro del Ministerio Público.
La Cámara confirma órdenes de captura, impone medidas cautelares, revoca beneficios procesales e impone cuantiosas sumas de dinero (como caución económica o fianza) a los 28 implicados en el proceso, entre estos el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
Uno de los afectados con la resolución es Eduardo Vásquez Becker, acusado de peculado como cómplice necesario, y me imponen una caución económica de $25,000, los cuales debe pagar en los 15 días hábiles de notificada la resolución de la Cámara.
«He cumplido 84 años y al final de mi vida me involucran en hechos no ciertos y que de acuerdo a recientes publicaciones periodísticas han sido fabricados». Eduardo Becker
Medios de Comunicación han comprobado que detrás de este caso está el exfiscal general Douglas Meléndez, quien habría encabezado una estructura irregular dentro de la Fiscalía General. A continuación, Eduardo Becker nos relata su dura experiencia y valoraciones como comunicador y abogado al ser involucrado en el caso Corruptela: Como periodista y como abogado hago unas valoraciones sobre este irregular y nefasto proceso que afecta mi trayectoria profesional y mi amplia vida laboral.
Las falencias de la resolución
Las disposiciones emitidas por la Cámara no valoran, en ningún momento, las denuncias de fraude procesal en torno al caso “Corruptela” que surgieron con las denuncias -en la Procuraduría de Derechos Humanos y en sede judicial- de seis trabajadores de la Fiscalía que aseguran haber sido amenazados por su entonces jefe, Douglas Meléndez, y su grupo cercano a fin de que se convirtieran en testigos criteriados, obligándolos a firmar declaraciones previamente fabricadas y a inventar testimonios para ofrecer en la causa que se ventila.
Las denuncias de fraude forman parte de una investigación de un Medio Digital y fueron retomadas por otros Medios de Comunicación del país y abren la duda de que algo está mal desde el principio. El equipo de defensores de los procesados compiló y entregó a la Cámara de lo Penal las notas periodísticas que evidencian las irregularidades cometidas desde el inicio de proceso y que han derivado en graves afectaciones para los procesados, sin embargo, no se valoraron las denuncias de los falsos criteriados obligados a mentir.
En ese tribunal estaban pendientes de resolverse diversas apelaciones y transcurrieron meses antes de conocerse una respuesta jurídica.
Durante cinco meses los abogados defensores esperaron que la Cámara emitiera opinión sobre las apelaciones y últimamente esperaron que se valoraran las denuncias de fraude procesal, pero el tribunal emitió resolución sin considerar los argumentos presentados.
Había apelación en contra de las órdenes de captura que se habían emitido contra Rais y los demás implicados y no obstante la nueva evidencia presentada la Cámara resolvió sin valorar el fraude procesal con que se construyó dicho caso.
Hasta $100,000 de caución
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal impone cuantiosas sumas de dinero a algunos de los implicados.
Contra varios de ellos se imponen $100,000 de fianza que deberán hacerse efectivas en “un lapso no superior a quince días hábiles después de notificada la presente resolución”, lo cual resulta impagable considerando que los implicados carecen de recursos para cubrir esos montos.
No hay un estudio socioeconómico que permita establecer que a las personas a quienes se les impone los $100,000 de caución tengan la posibilidad para cubrirlos.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
En el caso del dinero taiwanés los procesados deben cubrir $50,000 cada uno, pese a ser reconocidos empresarios o industriales y millonarios. Mientras que varios de los procesados del caso “Corruptela” están obligado a entregar al juzgado el doble del dinero, sin que se conozcan los criterios o parámetros usados para imponer estas medidas.
¿Dónde está la justicia equitativa e igualitaria a la que debe someterse todo ciudadano que se enfrente a la ley? ¿Acaso no es la misma ley y la misma justicia para todos?
Las otras decisiones de la Cámara
En su resolución, la Cámara Primera de lo Penal confirma la detención contra el exfiscal Julio Adalberto Arriaza González. Al mismo tiempo ordena que se capture a Jorge Moisés Nájera Aguilar y Mauricio Antonio Yanes Morales, quienes gozaban de medidas sustitutivas a la detención.
Mientras que para Carla García Rossi de Martínez, César Augusto García Barrera y José Ángel Gómez Guillén se le imponen medidas cautelares de no salir del país, presentarse a los juzgados y abstenerse de comunicar con otros implicados en el proceso cuando desde el principio gozaron de libertad irrestricta sin medidas cautelares.
A Francisco Salinas Montenegro también debe pagar $25,000 de caución, lo mismo que Karla Ivette Escamilla López.
Mientras que para el empresario Enrique Rais se “confirma la detención provisional” por dos delitos de cohecho activo.
Para cada uno de los 28 implicados hay una decisión tomada por los magistrados de la Cámara.
Entre los juzgadores se encuentra Martín Rogel Zepeda para quien se había solicitado su recusación, es decir, se apartara de conocer el proceso. No obstante, en la resolución del tribunal se indica que Rogel Zepeda mantuvo su calidad de juzgador y tomó parte activa del dictamen.
¿Cómo es posible que se haya permitido actuar a un personaje ampliamente cuestionado luego que algunos implicados le han denunciado, desde hace mucho tiempo atrás en la sección de Investigación Judicial, por no tener imparcialidad?
¿Cómo es posible que si el mismo magistrado que fue recusado de conocer dicha apelación no esperó las resoluciones de tribunales superiores que le facultaran fallar?
¿Cómo confiar en un juzgador que fue denunciado administrativamente por un procesado que lo consideró parcializado? ¿Podría acaso fallar apegado a derecho?
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
