Nacionales
Combate a las Pandillas: El plan más eficiente de la última década transformando la seguridad nacional
Datos vertidos por las encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA), elaboradas en los últimos 10 años, muestran la eficacia de las políticas de seguridad (Plan Control Territorial y el régimen de excepción) implementados por el Gobierno de Nayib Bukele, versus los bajos resultados obtenidos por los planes de seguridad ejecutados durante los mandatos presidenciales de ARENA y el FMLN.
Las estadísticas demuestran, un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, respectivamente.
Las encuestas muestran como la inseguridad y la delincuencia en el país pasaron de ser, en el 2015, el principal problema que aquejaba al país para el 60.9 % de ciudadanos, a pesar de la implementación del Plan El Salvador Seguro durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén, a convertirse en un tema casi resuelto en 2023 y 2024, ya que solo representaba problema para 2.6 % y 1.7 %, respectivamente, con la ejecución del régimen de excepción.
Entre el 2014 y el 2019, el último quinquenio gobernado por el FMLN, la población consideraba que la situación del país iba empeorando, la principal causa era el incremento de la inseguridad y la delincuencia que pasó del 42.8 % en 2015 al 44.3 % en 2017 y al 70.9 % en el 2018.
En ese último año, los salvadoreños consideraban como el principal fracaso de la administración Sánchez Cerén el aumento de la delincuencia que llevó al mandatario a incumplir su principal promesa «convertir a El Salvador en el país más seguro», el 79.6 % de la población opinó que no la estaba cumpliendo.
Sin embargo, el problema de la delincuencia se fue revirtiendo rápidamente en los primeros seis meses de mandato de Nayib Bukele, quien, con la ejecución del Plan Control Territorial logró que la población considerara, a finales de 2019, que la principal razón por la cual el país se encontraba mejor que el año anterior, era las mejoras en materia de seguridad brindándole un 42.6 % de apoyo, los salvadoreños también destacaron que en los últimos seis meses del 2019 la inseguridad y la delincuencia disminuyeron en un 52.3 % y un 63.1 %, respectivamente.
Para el 2022, las encuestas de la UCA mostraron que el 54.2 % de los salvadoreños opinaban que la seguridad en el país había mejorado; mientras que en el 2023 el 91 % de la población destacó que la delincuencia había disminuido, ya para el 2024 el 96.8 % de los salvadoreños consideraron que la delincuencia se redujo.
Para ese mismo año (2024), el 85 % de los encuestados detallaron que la drástica disminución de la delincuencia, en los últimos años, se debe a la ejecución del régimen de excepción, en esa misma encuesta el 87.5 % de los salvadoreños indicaron sentirse más seguros, gracias a la implementación de dicha medida, además siete de cada diez salvadoreños (69.1 %) opinó que el régimen debe continuar.
POCA ACEPTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD DEL FMLN
Contrario a la gran aceptación que actualmente tiene la población del régimen de excepción, el Plan El Salvador Seguro no gozó de la aprobación de los salvadoreños, para el 2015 el 41.7 % de los encuestados opinaron que la medida de seguridad ejecutada, en ese momento por el Gobierno del FMLN, estaba dando pobres resultados.
El 22 de julio de 2003 Francisco Flores, presidente del partido ARENA, lanzó el Plan Mano Dura, en la colonia Dina, de San Salvador. Foto: Cortesía.
La baja aprobación del plan fue tal que para el 2016, el 77.3 % de la población aseguró que los pandilleros eran los principales ejecutores de la ola de homicidios que azotaba al país; el descontento de los encuestados fue más allá y el 35.6 % señaló que el despliegue de soldados y tanquetas en las calles no reducía la criminalidad versus un 15 % que aseguró que sí.
La perspectiva de la población, respecto a los planes de seguridad, cambió para el 2020, año en que el 68.8 % de los encuestados destacó que el Plan Control Territorial le permitió al Gobierno recuperar los territorios que eran controlados por pandillas, la opinión del 71.6 % de la ciudadanía también detalló que para ese año el Plan ayudó a reducir la delincuencia en todo el país.
Para el 2021, contrario a lo sucedido con el Plan El Salvador Seguro, el 59.4 % de los salvadoreños opinaron que el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno contribuyó a la reducción de todos los crímenes en el país.
La poca eficiencia de los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores también tuvo repercusión en la confianza que la población tenía en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el 2015, por ejemplo, el 43.6 % de los salvadoreños dijeron tener poca confianza en la Policía versus un 18.5 % que opinó no tener ninguna confianza; para el 2018, la opinión de la población no varió mucho, un 42.3 % aseguró tener poca confianza en la institución y un 12.4 % dijo tener mucha confianza.
Una situación similar ocurrió con la Fuerza Armada y la Fiscalía, en el 2015, el 37.2 % y el 42.4 % expresaron tener poca confianza en ambas instituciones, respectivamente. Mientras que, el 2018, el 40.3 % dijo tener poca confianza en la institución castrense y el 43.5 % en la FGR.
Contrario a esa desconfianza generada por el Plan El Salvador Seguro, en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, luego de casi tres años de implementación de régimen de excepción, la población tiene 82.9 % de confianza en la Fuerza Armada, 79.1 % en la PNC y 63.3 % en la Fiscalía, según la encuesta publicada por la UCA el 20 de enero 2024.
PERSPECTIVAS A FUTURO
En los últimos años, la esperanza de los salvadoreños en un país mejor y libre de la delincuencia ha aumentado, contrario a lo ocurrido durante el último mandato del FMLN.
En el 2015, a la pregunta ¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo primero que siente? El 56.9 % de la población opinó que temor, versus un 40.9 % que dijo sentirse esperanzado.
Para el 2022, ya con Bukele liderando el país, la expectativa de la población cambió, y a la misma pregunta un 65.5 % opinó sentirse esperanzado, versus un 31.1 % que dijo sentir temor; y para el 2024 esa proyección ha ido en alza sin precedentes: el 77.3 % de los encuestados indicó sentirse esperanzado versus un 19.4 % que mencionó sentir temor.
En la misma encuesta, 56 de cada 100 salvadoreños (el 56.7 %) declararon que para el 2025 la delincuencia seguirá disminuyendo, versus un 4.4 % que piensa que aumentará.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
