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Basura del alcalde Henry Flores, queda esparcida en carretera al puerto de La Libertad, tras impactante accidente de rastra de TECLASEO
Retomado de La Noticia SV
Este 10 de mayo, mientras cientos de salvadoreños se preparaban para aprovechar y compartir con sus mamás, en la oferta de posibilidades de restaurantes y playas en el litoral del Puerto de La Libertad y sus aledaños, el curso de la circulación normal de la carretera que conduce precisamente a esa ciudad portuaria fue afectado por un grave accidente de tránsito causado por una rastra propiedad de la empresa TECLASEO, que se encarga de la recolección y transporte de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla.
La rastra accidentada, precisamente trasladaba la basura al botadero del Puerto de La Libertad que administra la empresa propiedad de Salume, la cual no cumple con las condiciones legales, ni técnicas para ser contratada, pese a esto el Alcalde Henry Flores, con asesoría del concejal Roberto d’Aubuisson en contra de la ley decidió adjudicarla a un precio de $25.oo por tonelada depositada en el sitio final de disposición, cuando el otro participante ofertó por el valor de $18.oo por tonelada. En lo que puede ser entendido como un presunto manejo irregular de las finanzas municipales, como lo ha expresado en varias denuncias interpuestas ante Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista Edgar Lemus.
“Esta no es la primera ocasión que en esa carretera pasa un accidente de esa naturaleza, ahora se puede al menos decir que los daños generados fueron estrictamente materiales, pero este hecho pudo haberse evitado y el responsable es el Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, quien en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones del Estado adjudicó una empresa propiedad del Sr. Salume que ha incurrido en la inhabilitación por cinco años por haber brindado información falsa para obtener contratos por más de Un millón de dólares.” Expresa el licenciado Lemus, ante la magnitud del accidente.
¿Hasta cuando el Alcalde Henry Flores, va a dar predominancia a los intereses económicos del Sr. Salume y pensará en la buena gobernanza de las finanzas municipales por las tecleñas y tecleños, por desarrollar una gestión transparente y proteger los intereses de la población y no un negocio oscuro que se ha beneficiado ilegalmente en el pasado de las arcas municipales de Santa Tecla? Se cuestiona el citado abogado.
De acuerdo a las investigaciones preliminares la rastra de TECLASEO accidentada, se conducía en exceso de velocidad y cargada con la basura que transportaba al botadero municipal del Puerto de La Libertad, lo que generó que el conductor de la misma perdiera el control y colisionara con los separadores e la carretera generando un incendio.
“Creo que ya es tiempo que las autoridades ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Juzgado Ambiental) vean con real atención de la ciudadanía el sitio de disposición final de basura del Puerto de La Libertad, que lleva años provocando contaminación y obteniendo grandes beneficios pese a operar durante los 2017 y 2018 sin un permiso ambiental para brindar servicios a distintas municipalidades, entre las que se encuentra la de Santa Tecla, que le canceló una suma millonaria por un servicio que no estaba autorizado a brindar; pero además pone en peligro por un indebido control de las unidades recolectoras de basura, la seguridad de otros usuarios de la vía, por las propias características de esa carretera. Además no es posible que se siga contaminando parte del corredor turístico del Puerto de La Libertad, solamente por hacer más rico al Sr. Salume” resalta Lemus.
Finalmente Lemus responsabiliza al Alcalde Henry Flores, de cualquier hecho de contaminación u otros accidentes que se puedan producir, cuyas evaluaciones no fueron hechas, con el únco fin de favorecer la empresa de Salume, que desde sus inicios ha estado rodeada de negociaciones opacas en las que curiosamente han sido los recursos financieros que pagan los contribuyentes los que han sido mal utilizados. Se contrata una empresa (la de Salume) a coste más caro y se provocan percances que afectan a las salvadoreñas y salvadoreños. Es una clase de corrupción que no puede seguir, detalló.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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