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Judicial

Regina Cañas (Tía Bubu): «Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’»

El expresidente de la República, junto a su hijo , Diego, tendrán que restituir al Estado alrededor de $419 mil, lo cual no han podido demostrar su procedencia hasta el momento.

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Regina María Cañas se presentó este viernes, al Juzgado 7° de instrucción de San Salvador, donde confesó haber sido parte del encubrimiento del lavado de dinero, en el caso de su exesposo Mauricio Funes Cartagena, a cambio de reducción de su penalidad.

La imputada es actualmente procesada por el delito de «casos especiales de encubrimiento», regulado en el artículo 7, de la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos.

«A ella se le está atribuyendo el haber simulado un contrato con el cual se pretendía dar una cobertura económica a hijo Diego Roberto Funes Cañas, que en el año 2016 fue cuestionado junto a su padre Carlos Mauricio Funes Cartagena, por tener dentro de su patrimonio vehículos que Diego Funes no podía justificar», indicó la fiscal del caso.

Ante esto Regina Cañas junto a Funes simularon un contrato de «préstamo» por $95 mil dólares, para reflejar que de este mismo provenían los fondos de los automóviles incautados.

Cañas, mejor conocida en la televisión como «Tía Bubu», dijo que lo hizo para defender a su hijo y reaccionó a las declaraciones del fiscal Raúl Melara, quien señalo: «Va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado».

«En su momento lo que yo hice como madre fue defender a mi hijo. (…) No iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva, pero estoy viendo tuits que vienen de la Fiscalía General de la República (FGR) donde hablan de que voy a devolver lo robado».

Cañas indica que incluso la FGR en los alegatos, mencionan que no le encontraron dinero del Estado.

«Nunca fui yo acusada de tomar dinero del estado y de cualquier lado, entonces eso es lo que quiero aclarar. (…) Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’», agregó Cañas.

Cañas posteriormente pasaría a ser testigo del caso en la acusación contra el expresidente, prófugo de la justicia, Mauricio Funes.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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FGR logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país

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Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.

El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.

La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.

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