Judicial
Regina Cañas (Tía Bubu): «Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’»
El expresidente de la República, junto a su hijo , Diego, tendrán que restituir al Estado alrededor de $419 mil, lo cual no han podido demostrar su procedencia hasta el momento.
Regina María Cañas se presentó este viernes, al Juzgado 7° de instrucción de San Salvador, donde confesó haber sido parte del encubrimiento del lavado de dinero, en el caso de su exesposo Mauricio Funes Cartagena, a cambio de reducción de su penalidad.
La imputada es actualmente procesada por el delito de «casos especiales de encubrimiento», regulado en el artículo 7, de la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos.
«A ella se le está atribuyendo el haber simulado un contrato con el cual se pretendía dar una cobertura económica a hijo Diego Roberto Funes Cañas, que en el año 2016 fue cuestionado junto a su padre Carlos Mauricio Funes Cartagena, por tener dentro de su patrimonio vehículos que Diego Funes no podía justificar», indicó la fiscal del caso.
Ante esto Regina Cañas junto a Funes simularon un contrato de «préstamo» por $95 mil dólares, para reflejar que de este mismo provenían los fondos de los automóviles incautados.
Cañas, mejor conocida en la televisión como «Tía Bubu», dijo que lo hizo para defender a su hijo y reaccionó a las declaraciones del fiscal Raúl Melara, quien señalo: «Va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado».
«En su momento lo que yo hice como madre fue defender a mi hijo. (…) No iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva, pero estoy viendo tuits que vienen de la Fiscalía General de la República (FGR) donde hablan de que voy a devolver lo robado».
Cañas indica que incluso la FGR en los alegatos, mencionan que no le encontraron dinero del Estado.
«Nunca fui yo acusada de tomar dinero del estado y de cualquier lado, entonces eso es lo que quiero aclarar. (…) Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’», agregó Cañas.
Cañas posteriormente pasaría a ser testigo del caso en la acusación contra el expresidente, prófugo de la justicia, Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
