Internacionales
Una sequía severa está limitando operaciones del Canal de Panamá
El 6 por ciento del comercio marítimo mundial utiliza el canal de Panamá como un atajo entre los océanos Atlántico y Pacífico. A su máxima capacidad, entre 38 y 40 barcos pueden pasar por el canal cada día.
Una sequía severa está limit
El Canal de Panamá sirve como conexión entre el océano Atlántico y el Pacífico para los buques comerciales. Foto: cortesía Autoridad del Canal de Panamá
Pero, en los últimos meses, muchos menos barcos han realizado ese recorrido. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que asigna las reservaciones, redujo este número a 24. El 1 de diciembre bajará a 22 y a partir de febrero solo podrán cruzar 18 barcos por día.
La reservación de muchas de estas vacantes está disponible con bastante antelación a un precio fijo, pero una pequeña cantidad de opciones de último momento se retienen y se venden al mejor postor. Desde el 1 de noviembre, cualquier operador con deseos de conseguir un puesto durante la semana siguiente ha tenido que utilizar el sistema de subasta.
Reducir el tráfico y aumentar los ingresos de las subastas no es una estrategia premeditada de la ACP para hacer dinero. Por el contrario, es una acción a la que se ha visto obligada tras un prolongado periodo de sequía registrado este año.
El agua de lluvia es esencial para el funcionamiento del canal, ya que este se encuentra situado a 26 metros sobre el nivel del mar y necesita agua dulce para operar la serie de esclusas que levantan a los barcos a fin de que que estos puedan entrar y salir. Cada tránsito utiliza una media de 200 millones de litros de agua, el equivalente al contenido de 80 piscinas olímpicas.
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La mayor parte de las precipitaciones ocurren durante una temporada de lluvias que va desde mediados de mayo hasta mediados de diciembre, esta es causada por un sistema climático conocido como Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que se desplaza a través de todo el territorio panameño.
Por lo general, esta lluvia rellena varios embalses artificiales, el mayor de los cuales es el lago Gatún, que a su vez alimenta las esclusas del canal. Pero la ZCIT quedó estancada al sur de Panamá.
Es habitual que los niveles de agua en Gatún aumenten entre 1 y 3 metros durante la temporada de lluvias, pero este año se mantuvieron estáticos (ver gráfico). Octubre fue el mes más seco desde 1950.
Además, una vez que los niveles de agua caen por debajo de cierto punto, se necesitan medidas para evitar que los enormes buques portacontenedores del tipo Neopanamax (con capacidad para transportar 120,000 toneladas o 14,000 contenedores) encallen.
Aparte de frenar los tránsitos diarios, la ACP también ha tenido que reducir la distancia mínima desde el fondo del casco de un barco hasta la línea de flotación. Estos barcos tienen que reducir sus cargas hasta en un 40 por ciento para estar más altos sobre el agua. También existe la posibilidad de que se apliquen restricciones a los buques más pequeños.
Todo eso significa problemas para las rutas comerciales que dependen del canal de Panamá, sobre todo para las que van desde la costa este de Estados Unidos hasta el este de Asia. A medida que se reduzcan las cifras del tránsito, los precios de subasta aumentarán.
El 8 de noviembre, el Grupo Eneos de Japón pagó casi 4 millones de dólares, además de las tarifas de tránsito habituales, de casi 400,000 dólares, para acelerar el paso de uno de sus buques transportadores de gas licuado de petróleo. Esa fue una tarifa nunca antes vista.
Algunas compañías podrían considerar desviar su ruta a través del canal de Suez o alrededor del cabo de Hornos. Otros pueden optar por dejar la carga en un extremo del canal y transportarla por tierra a través de Panamá, antes de volver a cargarla en el otro extremo. Pero es posible que esas opciones sean mucho más costosas.
No existe una solución rápida. Las autoridades del canal están implementando medidas para aumentar la eficiencia. El lago Gatún también proporciona agua potable a las grandes ciudades del país, por lo que el gobierno está buscando maneras de reducir el consumo público, que se cree que es el más alto por persona en América Latina. Pero tales iniciativas tendrán poco impacto.
La construcción de un nuevo embalse es la opción más drástica que la ACP está considerando. Pero para esto se necesitaría construir una nueva presa e inundar tierras en un área biodiversa.
El descontento cada vez más intenso causado por una enorme mina de cobre en Panamá se ha extendido a las calles en los últimos meses; una de las principales quejas del público es el impacto ecológico que la mina provoca, lo que hace que una nueva represa sea poco probable.
Mientras tanto, los mayores costos de tránsito pueden convertirse en la nueva normalidad. Estos costos, a su vez, quizás se trasladen a los consumidores.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
