Judicial
Su mujer le era infiel y todavía lo quiso matar por cacharla con el amante
Jacqueline Iveth L., junto a su amante Elkys Stanley V., intentaron atropellar a la pareja de ella (Miguel M.) después de que este descubrió la infidelidad.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) el intento de homicidio ocurrió el 25 de enero de 2022 en la urbanización Sierra Morena, de Soyapango; la denuncia de Miguel M., fue interpuesta hasta mediados de febrero.
En la denuncia consta que Miguel sospechaba que Jacqueline le era infiel con otro hombre por lo que el martes 25 de enero se armó de valor para aclarar esa situación al seguirla después de que ella saliera de la casa rumbo a su trabajo.
La mujer abordó un pick up que era conducido por Stanley y eso hizo entrar en celos a la víctima, quien observaba la escena desde un lugar cercano.
Miguel comenzó a tomarles fotografías para sustentar la infidelidad de su compañera de vida, pero ambos se dieron cuenta de que habían sido fotografiados.
Momentos después, Miguel se bajó de su motocicleta para realizar una llamada y fue cuando, según la denuncia, Stanley intentó arrollarlo con el pick up. Jacqueline se bajó del vehículo y corrió a donde estaba su pareja inconsciente en el suelo para quitarle el celular y borrar las fotografías que les había hecho.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades y la Policía detuvo a la mujer junto a su amante al ser acusados de homicidio agravado tentado y de encubrimiento.
Ambos enfrentaron la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Soyapango, en donde el juez envió a juicio a Stanley al ser acusado de homicidio agravado en grado de tentativa; a ella se le autorizó la suspensión condicional del procedimiento después de haber aceptado el delito de encubrimiento.
Jacqueline tendrá que mejorar su conducta por el plazo de un año; además, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
La Fiscalía presentó en la audiencia las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instaladas en el lugar en las que muestran que el hechor intentó arrollar a la víctima, mientras que la mujer pretendió borrar las imágenes del teléfono para no dejar evidencia de la infidelidad.
El abogado defensor de Stanley pidió al juez del Juzgado de Instrucción cambiar el delito de homicidio agravado tentado por el de lesiones, para que el imputado conciliara con Miguel y que este recibiera dinero por las lesiones; sin embargo, el marido presuntamente engañado no quiso, y decidió continuar con el caso para que se haga justicia.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
