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Presidente Bukele cuestiona a críticos de su política de seguridad
En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele brindó un contundente discurso en defensa de su estrategia de seguridad, destacando que la fuerza del Estado debe garantizar los derechos humanos de las personas que históricamente han sido olvidadas: las víctimas.
“La fuerza del Estado no debe usarse para violar derechos humanos, sino para garantizarlos, especialmente los de la gente que nunca ha sido defendida”, afirmó Bukele. Enfatizó que no todos los derechos tienen la misma ponderación y que “el derecho humano más importante es el derecho a la vida. Ningún otro se puede ejercer sin este”.
El mandatario hizo un recuento de cómo, antes de su administración, los pandilleros eran arrestados y liberados en cuestión de días, lo que derivaba en represalias violentas contra las familias de los policías. “Los delincuentes tienen derechos humanos porque son humanos, pero no más derechos que los demás”, subrayó.
El Jefe de Estado salvadoreño ilustró la gravedad del fenómeno criminal en su país con el caso de una mujer a quien sus propios sobrinos pandilleros le cortaron ambas manos por no pagar extorsión. “Ella hace barras de chocolate sin tener manos. Nadie defendió su derecho humano. Nadie habló por ella”, expresó.
Bukele también denunció que, durante años, miles de salvadoreños vivieron bajo el terror: “Les cortaban las cabezas para mandar mensajes, violaban mujeres, extorsionaban negocios, impedían a los niños jugar en las canchas. ¿Quién habló por ellos?”, cuestionó.
Finalmente, recalcó que la lucha contra las pandillas no solo requiere arrestar criminales, sino asegurarse de que permanezcan en prisión. “Es imposible salir del ciclo de violencia si toda la sociedad no apoya el plan completo”, concluyó.
Internacionales
EE.UU prende las alarmas por nueva tormenta invernal entre el 31 de enero y el 2 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió advertencias para la costa este por el avance de una tormenta nor’easter que podría afectar a más de 50 millones de habitantes entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2026. El fenómeno reúne condiciones para provocar nevadas, vientos intensos y oleaje elevado en ciudades clave como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C.
Según reportes del NWS y actualizaciones de The Weather Channel, el evento meteorológico se desarrolla mientras la región aún enfrenta secuelas de una nevada reciente, lo que incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura y la movilidad. Las autoridades han elevado el nivel de vigilancia en los estados del Atlántico medio y noreste, anticipando posibles interrupciones en el transporte y el suministro eléctrico. De acuerdo con el NWS, “se observa un patrón favorable para el desarrollo de una tormenta costera significativa, que podría intensificarse durante el fin de semana”.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los nor’easters se forman cuando aire frío de origen ártico interactúa con masas cálidas del Atlántico, una situación frecuente entre septiembre y abril. Estos sistemas han causado históricamente impactos severos en el este de Estados Unidos, incluyendo nevadas de magnitud, oleajes peligrosos y daños a la infraestructura. Entre los antecedentes recientes, se destacan la tormenta de 2015 y la Superstorm de 1993, ambas documentadas por la NOAA y citadas por ABC News.
¿Qué es un nor’easter y por qué preocupa su llegada?
Un nor’easter es un sistema de baja presión que se desarrolla en la costa atlántica de Estados Unidos, caracterizado por vientos predominantes del noreste y precipitaciones intensas. Según la NOAA, estos fenómenos surgen en un corredor que va desde Georgia hasta Nueva Jersey, en un rango de aproximadamente 160 kilómetros a cada lado de la línea costera.
La combinación de aire frío desplazado por el jet stream y la humedad cálida del Atlántico propicia la formación de tormentas intensas. La diferencia de temperatura entre el agua superficial relativamente templada y el aire frío continental alimenta la energía del sistema. De acuerdo con el NWS, “el contraste térmico y la abundante humedad disponible potencian la intensidad y duración de estos eventos”.
La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para afectar a regiones densamente pobladas, en particular el corredor I-95, que comprende a las ciudades más grandes del noreste. Experiencias previas, según la NOAA, demuestran que los nor’easters pueden paralizar la actividad urbana, cortar servicios y dificultar la respuesta de emergencia.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
