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Judicial

FGR pide que pasen al Estado las 4 casas incautadas al expresidente Sánchez Cerén

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pasen a favor del Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias a nombre del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de su grupo familiar.

La representación fiscal detalló que esta petición también incluye al exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de 1.5 millones de dólares.

Los otros involucrados son su yerno, Oswaldo Vaquero León y su la hija del exmandatario, Iveth Sánchez de Vaquero. Todos huyeron a Nicaragua donde ahora son ciudadanos de ese país, arropados por Daniel Ortega.

En las investigaciones realizadas se determinó que, por medio del lavado de dinero y activos, el expresidente tuvo un incremento patrimonial no justificado de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas.

«Esto se ha iniciado por el aviso que dio la Unidad de Lavado de Dinero a través del Grupo contra la Impunidad sobre la comisión de los delitos de peculado y de lavado de dinero y activos. Para ellos se desarrolló una investigación en el ámbito penal y se determinó que el monto aproximado de lo peculado (apropiarse de dinero del Estado) y lavado de dinero en el periodo de 2014-2019, tiempo que fungió como presidente de la república Sánchez Cerén, es de aproximadamente $187 millones», dijo uno de los fiscales.

El exmandatario es procesado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares por el uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 al 2019.

Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración del expresidente prófugo se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas desde la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.

Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.

Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.

De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados «Taller Box Car» y «Taller Frenos y Más», a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente. También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.

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10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego

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Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.

Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.

Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.

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Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado

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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.

El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.

Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.

Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.

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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad

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En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.

La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.

Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.

Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.

A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.

El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.

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