Judicial
FGR pide que pasen al Estado las 4 casas incautadas al expresidente Sánchez Cerén
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pasen a favor del Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias a nombre del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de su grupo familiar.
La representación fiscal detalló que esta petición también incluye al exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de 1.5 millones de dólares.
Los otros involucrados son su yerno, Oswaldo Vaquero León y su la hija del exmandatario, Iveth Sánchez de Vaquero. Todos huyeron a Nicaragua donde ahora son ciudadanos de ese país, arropados por Daniel Ortega.
En las investigaciones realizadas se determinó que, por medio del lavado de dinero y activos, el expresidente tuvo un incremento patrimonial no justificado de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas.
«Esto se ha iniciado por el aviso que dio la Unidad de Lavado de Dinero a través del Grupo contra la Impunidad sobre la comisión de los delitos de peculado y de lavado de dinero y activos. Para ellos se desarrolló una investigación en el ámbito penal y se determinó que el monto aproximado de lo peculado (apropiarse de dinero del Estado) y lavado de dinero en el periodo de 2014-2019, tiempo que fungió como presidente de la república Sánchez Cerén, es de aproximadamente $187 millones», dijo uno de los fiscales.
El exmandatario es procesado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares por el uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 al 2019.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración del expresidente prófugo se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas desde la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.
Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.
Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.
De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados «Taller Box Car» y «Taller Frenos y Más», a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente. También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
