Judicial
FGR pide que pasen al Estado las 4 casas incautadas al expresidente Sánchez Cerén
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pasen a favor del Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias a nombre del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de su grupo familiar.
La representación fiscal detalló que esta petición también incluye al exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de 1.5 millones de dólares.
Los otros involucrados son su yerno, Oswaldo Vaquero León y su la hija del exmandatario, Iveth Sánchez de Vaquero. Todos huyeron a Nicaragua donde ahora son ciudadanos de ese país, arropados por Daniel Ortega.
En las investigaciones realizadas se determinó que, por medio del lavado de dinero y activos, el expresidente tuvo un incremento patrimonial no justificado de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas.
«Esto se ha iniciado por el aviso que dio la Unidad de Lavado de Dinero a través del Grupo contra la Impunidad sobre la comisión de los delitos de peculado y de lavado de dinero y activos. Para ellos se desarrolló una investigación en el ámbito penal y se determinó que el monto aproximado de lo peculado (apropiarse de dinero del Estado) y lavado de dinero en el periodo de 2014-2019, tiempo que fungió como presidente de la república Sánchez Cerén, es de aproximadamente $187 millones», dijo uno de los fiscales.
El exmandatario es procesado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares por el uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 al 2019.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración del expresidente prófugo se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas desde la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.
Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.
Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.
De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados «Taller Box Car» y «Taller Frenos y Más», a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente. También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
