Judicial
Diputado Romero en prisión por caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
El diputado de Arena, Alberto Romero, fue trasladado esta mañana a la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, donde se desarrolla la audiencia inicial en su contra y donde es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Romero es procesado por el incremento de su patrimonio el cual no ha podido justificar, por un monto de $1,162,388.05.
La jornada fue interrumpida al mediodía y el juez ordenó se reanudara a las 3 de la tarde para conocer la resolución. Por la tarde, el juez determinó que el imputado continúe en prisión mientras se lleva a cabo el juicio.
La defensa había pedido medidas alternas, mientras que la Fiscalía pidió se le otorguen seis meses de instrucción mientras el caso es fortalecido. El juez dio razón a la Fiscalía.
La FGR señala al diputado de tener 21 irregularidades en pagos y depósitos bancarios, cinco de su esposa y dos de su hija, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Al analizar los diferentes productos financieros del diputado y su grupo familiar se concluyó que existió un incremento patrimonial y que «posteriormente él por medio de una reestructuración de fondos ha blanqueado capital», sostuvo la parte fiscal.
Romero ya fue sentenciado a reintegrar $445.766 dólares al Estado al no poder justificar el origen de ese dinero.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas en las declaraciones patrimoniales entre mayo de 2009 y abril de 2015.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
