La Universidad Modular Abierta (UMA) ha marcado una historia importante en el desarrollo educativo y profesional de El Salvador. 

Durante los días 8 y 9 de mayo del presente año, la UMA celebró la graduación de 651, en sus distintas sedes: San Salvador, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel. Graduados contabilizados 68% mujeres y 32% hombres.

Cabe mencionar que dicha graduación no solo representa un logro significativo para los graduandos y sus familias, sino también para el país, al sumar a su fuerza laboral individuos preparados y comprometidos con el progreso de la nación.

Los graduados provienen de cuatro facultades distintas: Ciencias Económicas, Ciencias y Humanidades, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y la Escuela de Posgrado, lo que demuestra la diversidad de la oferta académica de la UMA.

La UMA reafirma su compromiso con la excelencia académica y la responsabilidad social.

El pandillero Oscar Wilfredo Hernández fue sentenciado a 20 años de prisión por matar a un hombre después de que este se negara a pagar dinero de extorsión, en el distrito de El Rosario, departamento de Cuscatlán.

Este caso se dio en diciembre de 2016, cuando la víctima fue atacada con arma de fuego mientras caminaba por la calle principal de la colonia El Calvario en El Rosario, Cuscatlán.

El condenado, junto con otros dos pandilleros, interceptaron al campesino identificado como Eliézar de Jesús Peña Martínez, de 63 años, y le ordenaron detenerse, pero el hombre no les hizo caso y siguió su camino, por lo que los sujetos le dispararon causándole la muerte. Los pandilleros exigían que el campesino les diera dinero a cambio de no atentar contra su vida.

La víctima recibió varias heridas de bala en el cráneo, cuello y estómago. Otros pandilleros que acompañaron a Hernández ya están cumpliendo penas de prisión. Estos responden a los nombres de Wilfredo Hernández Navarro y José Efraín Sánchez Echeverría, miembros del barrio 18

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impulsó este jueves una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para «la seguridad nacional o pública» de Estados Unidos.

Es la última medida del demócrata para intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las «vías legales», como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.

Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.

Este jueves el Departamento de Seguridad Interior (DHS) impulsó un nuevo reglamento que permite acortar el proceso para negar el asilo a un migrante que no pueda optar a él según la legislación estadounidense.

Afecta a una cantidad «pequeña» de migrantes, pero permite expulsarlos «más rápidamente», señala en un comunicado, sin especificar a cuántos.

Solicitudes denegadas solo tomarían días
Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.

La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de «terrorismo, seguridad nacional o penales», explica el DHS.

Se determinaría al comienzo del proceso durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Se trata de identificar y expulsar «más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en la nota.

Más 720.000 deportados en el último año
Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1º de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a sus países a más de 720.000 individuos, la gran mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México, incluidos más de 109.000 miembros de familias, según datos oficiales.

La patrulla fronteriza asegura que en los últimos meses ha detenido a cientos de pandilleros que intentaban entrar en Estados Unidos ilegalmente y el director del FBI (la policía federal), Christopher Wray, reconoció ante el Senado que «individuos peligrosos» han entrado en el país.

La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, «es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad» de los estadounidenses, afirmó Mayorkas.

Además de este reglamento, el DHS está actualizando su política sobre el «uso de información clasificada en procedimientos migratorios», informa el comunicado.

La crisis migratoria ha sido un quebradero de cabeza para Biden, quien propuso conceder la ciudadanía a 11 millones de migrantes en un país que lleva más de 35 años sin una ley de este tipo. Pero tropezó con la oposición del Congreso.

Durante su mandato, más de siete millones de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, han sido interceptados por la patrulla fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales.

Las cifras se han reducido en los últimos meses, pero el gobierno teme que aumenten con la llegada del calor a partir de mayo.