Judicial
Caen 9 sanguinarios por acabar con la vida de 14 personas
El Gabinete de Seguridad presentó a nueve pandilleros del barrio 18 Revolucionarios señalados de 14 asesinatos, entre ellos dos repartidores de China Wok cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en cantón El Limón, de la urbanización Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad.
Entre los detenidos están Ulises Antonio Zelada Lue (alias «Tío o Niño»), responsable de tres homicidios; Erick Bryan Martínez Morán (alias «Bryan»), señalado de dos asesinatos.
José Eduardo Sosa Guerrero (alias «Sosa»), a quien se le acusa de un homicidio; y Yesenia Guadalupe Pineda Cañas, alias «Yesenia», responsable de un asesinato.
También fueron detenidos Luis Fernando Cabrera Escobar («Cabrera»), Juan Manuel Alfaro Barahona, alias «Stinquer» a quienes se les acusa de asesinar a dos personas; y Robin Antonio Bonilla Renderos, alias «Tony», a quien se le acusa de cuatro homicidios.
Según la Policía, los sujetos son gatilleros de la pandilla de 18 quienes habrían cometidos los crímenes entre 2018 y 2021.
“Esta investigación que arrancó en enero del año pasado a raíz del descubrimiento de los dos homicidios que había cometido esta estructura en contra de dos jóvenes repartidores de comida rápida, desde ese momento se activó la investigación”, explicó el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
Villatoro agregó que de los 14 homicidios que se les atribuyen a esta estructura, siete se encontraron en el Guarumal y los restantes en diferentes comunidades de Lourdes.
“Esta investigación ha durado un aproximado de seis meses y es la primera fase de los resultados», detalló el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
