Internacionales
«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.
Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.
Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.
Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.
La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.
Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.
Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.
La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.
La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.
El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.
La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.
“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.
Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.
«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.
Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».
«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.
Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.
El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.
En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».
«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.
«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.
Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.
Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.
El también llamado «gas de la risa» es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.
«Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo», dijo a AFP Yannick Alléno.
Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.
Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período. El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos.
El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del «gas de la risa», que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes.
Julien (pseudónimo) es uno de ellos. Este joven de 21 años estuvo «enganchado» durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme «secuelas de por vida»: «Un placer efímero por un remordimiento eterno».
«Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo», asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta.
Para esta joven de 23 años se trata de «la peor droga», porque «está por todas partes». «Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben», suspira.
El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: «Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte».
El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del «gas de la risa» con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.
El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá. Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial.
La asociación demandó a dos empresas –el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa– que con «formas engañosas de comunicación» incitarían a los jóvenes a un mal uso del «gas de la risa».
En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para «crear bebidas y cócteles», aunque el chef no los ha visto «nunca» en cocina.
IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la «distribuidora de Cream Deluxe» y aseguró que ya no lo venden en Francia.
En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.
