Judicial
13 carros valuados en US$130 mil son decomisados a narcotraficante
Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio continuaron este martes con la incautación de los bienes a nombre de Luis Alfonso Amaya Pineda y su grupo familiar, procesados por tráfico ilícito de droga, desde octubre de 2022.
Los bienes y cuentas bancaria que en su totalidad ascienden a $4 millones comenzaron a ser decomisados el pasado lunes y está previsto que el procedimiento culmine el miércoles.
La Fiscalía General de la República confirmó que en el segundo día de diligencias incautaron 13 vehículos a nombre de Amaya Pineda y su familia, los automotores están valuados en $130,000.
«Entre estos hay 3 pickup del año, con un valor estimado de $29,000 cada uno», destacó el ministerio público. Luis Alfonso Amaya y su esposa Zaida Lisseth Candel Osorio, son procesados en el Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de San Salvador.
Fueron arrestados por orden de la Fiscalía el 22 de febrero de 2023 en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán, en ese domicilio les hallaron siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un precio de $197,449.90.
Ambos tienen el proceso penal por los delitos de tráfico ilícito y tenencia ilegal de arma de fuego.
Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico han perfilado a Luis Alfonso Amaya, como jefe de una estructura de narcotráfico que transporta droga desde Costa Rica y Panamá, y que tiene nexos con la Mara Salvatrucha.
Además, Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, tiene causa penal por los mismos delitos tras ser detenido el 5 de octubre del 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, le hallaron enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
