Judicial
Juzgado autoriza la venta anticipada de 11 vehículos decomisados a exministro Barrientos
Los automóviles clásicos que el expresidente Mauricio Funes utilizaba en sus mítines y que pertenecían Hugo Barrientos Clará, exfuncionario de su Gobierno, serán vendidos en los próximos días.
Fue el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador tras solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) que autorizó la venta anticipada de los 11 vehículos pertenecientes al exviceministro de Obras Públicas durante la gestión de Funes.
“Tras solicitud de la FGR, el Juzgado de Extinción de Dominio ha autorizado la venta anticipada de 11 vehículos clásicos decomisados a Hugo Barrientos Clará, exfuncionario durante la gestión de Mauricio Funes, 2009-2014”, informó la FGR.
Según la Fiscalía, estos vehículos están vinculados en el caso que se sigue contra el expresidente Funes, acusado de desviar fondos del Estado a través de la sociedad de Barrientos.
“Mauricio Funes manejó y desfiló en uno de estos autos clásicos, en el 2012, sobre el bulevar Monseñor Romero. Los vehículos fueron incautados el 19 de agosto de 2021, en la vivienda de Hugo Barrientos Clará”, añadieron autoridades del Ministerio Público.
Barrientos es uno de los más de 30 imputados en el proceso penal conocido como “Saqueo Público”, donde el expresidente Funes es el principal señalado por el desvío de 351 millones de dólares extraídos, al parecer, de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
