Política
ONU EN DESACUERDO: Nuevo proyecto de Ley de Reonciliación Nacional busca perdón y reducción de penas para autores de crímenes de guerra
Expertos de Derechos Humanos de la ONU instan a la Asamblea Legislativa (AL) no aprobar el nuevo anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional que busca amnistías , perdonar y reducir penas de prisión a trabajos comunitarios para los responsables de crímenes del conflicto armado que cobró más de 75 mil vidas entre 1989 y 1992.
Desde el pasado 14 de mayo la comisión de política de la AL analizan una serie de documentos que buscan adaptar para una Ley, iniciativa que podría ser aprobada al final de esta semana.
No obstante la ONU se a pronunciado en contra de esta iniciativa debido a que las víctimas no han sido consultadas.
En el 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Aministía establecida en 1993 y solicitó a la AL que establecieran una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
La gravedad de esa iniciativa que señala la ONU es que existe el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de los crímenes y violaciones de derechos durante el conflicto armado.
Además señala que el anteproyecto busca establecer un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de esos casos. Además limitaría a la Fiscalía General de la República a elaborar una lista de casos en escasos cinco meses.
Por otra parte estipula que toda decisión judicial de este tipo se considerará como “csa juzgada” lo que impedirá que pueda ser apelada.
Finalmente prohibiría las extradiciones pasivas con en el fin de enjuiciar en tribunales extranjeros a los señalados en estos casos.
El Relator Especial de la ONU en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, señala su preocupación por la intención de la Legislativa de “establecer un pacto de impunidad antes que se produzca el cambio de gobierno del 1° de junio, que es la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte del conflicto”.
“No hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos. Tampoco son legales. La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, sentenció Salvioli.
Política
El Salvador y México fortalecen cooperación ambiental y desarrollo territorial en reunión bilateral
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias en cooperación y gobernanza ambiental.
Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con el Plan Maestro del Trifinio, los corredores biológicos y el desarrollo territorial, valorando la posibilidad de impulsar intercambios que fortalezcan los procesos promovidos en la región. En este contexto, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, expuso los esfuerzos de cooperación que se desarrollan en este espacio, destacando su importancia estratégica para la articulación entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, se refirió a la nueva etapa de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ejecutados en el país a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), enfocados en la agricultura sostenible y la capacitación laboral.
En el encuentro también se abordaron temas culturales y artísticos como elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones. Además, se acordó la visita en mayo del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, Pedro Longoria, en el marco de una misión técnica orientada a perfilar un posible convenio de cooperación con el Plan Trifinio, con énfasis en atención rural, gestión de áreas protegidas e intercambio de experiencias en el manejo de incendios forestales.
Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar identificando áreas de trabajo conjunto que permitan consolidar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo, la integración regional y el bienestar de las comunidades.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) llevará a cabo sus elecciones internas entre junio y julio de este año, según informó su vicepresidente, Guillermo Gallegos.
De acuerdo con el dirigente, en este proceso se definirán las candidaturas a diputados y alcaldes con miras a los comicios de 2027. Asimismo, no descartó la posibilidad de que el partido participe en la elección presidencial.
Gallegos explicó que una eventual participación en la contienda presidencial también permitiría al instituto político aspirar a representación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme a los resultados obtenidos.
Además, indicó que el partido ha autorizado la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas, entre ellas Nuevas Ideas, Fuerza Solidaria, PCN y PDC, con algunas de las cuales ya existen acuerdos preliminares.
El vicepresidente del partido también señaló que, por el momento, no buscará competir por cargos de elección popular, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar la suscripción de un préstamo destinado a financiar la instalación de iluminación con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial nacional.
Según el documento remitido por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se trata de un convenio de préstamo en especie con una empresa contratista por un monto de hasta $23,785,985.87, que cubrirá el 90 % del proyecto denominado “Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial”.
La inversión total del proyecto asciende a $26,428,873.19, por lo que el Gobierno deberá aportar el 10 % restante, equivalente a $2,642,887.32.
Los tramos beneficiados incluyen los ubicados en Sacacoyo-Acajutla, el periférico Claudia Lars, la carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y la carretera de Oro (Apopa–San Martín), entre otros puntos a escala nacional.
El objetivo principal es “continuar mejorando las condiciones de seguridad vial en la red de carreteras, a través de la iluminación de diversos tramos de carretera a escala nacional, con tecnologías innovadoras, contribuyendo a la disminución de accidentes viales”.
La gestión de estos recursos fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con base en la autorización de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2022 y publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de ese año.
La solicitud del Ejecutivo será estudiada por la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
