Política
Comisión Financiera inicia estudio de propuesta para reformar Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la iniciativa que presentaron los legisladores de Nuevas Ideas para reformar la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para beneficiar a la población que históricamente ha sufrido abusos por parte de la banca.
La propuesta presentada busca que se elimine el cobro de la membresía por poseer este producto, así como por los intereses por los sobregiros (sobrepasarse del límite de crédito aprobado) y las comisiones.
Inicialmente se había planteado que los bancos u otras entidades financieras pudieran cobrarles a los tarjetahabientes un monto que no excediera de $50 en concepto de membresía. Sin embargo, en la sesión de trabajo de este viernes la mayoría de diputados opinó que, por mucho tiempo, la banca privada ha cometido abusos contra los consumidores al cobrarles entre $30 y $250 anuales, por lo que es “justo” que se suprima dicho cobro.
Además, señalaron que en las modificaciones en la normativa se debe establecer que a las personas que no utilicen su tarjeta de crédito, durante un año, se les exonerará del pago de la membresía.
Las estadísticas de la Defensoría del Consumidor indican que el 34% de las denuncias que ha recibido, desde 2017 hasta la fecha, están relacionadas con el cobro de comisiones por membresía.
“Esa supuesta membresía es un servicio inherente al producto financiero que uno está solicitando al momento del contrato. Es un cobro ilegal. Para la población esto es un robo y una estafa. Además, concluimos que los cobros por los sobregiros tampoco se van a permitir. Nosotros no tenemos miedo a los grupos económicos y vamos a legislar siempre a favor de los usuarios”, expresó la presidenta de la mesa legislativa, Dania González.
El diputado de la bancada cyan, Héctor Sales; al igual que Juan Carlos Flores, de GANA, y el independiente Carlos Reyes secundaron a la legisladora porque señalaron que la supresión de ese cobro es una de las peticiones que más está pidiendo la ciudadanía.
“Esto (el cobro de la membresía) se convierte en un abuso para los consumidores. Aquí hacen competencia para ver cuál banco cobra más membresía al final del año”, increpó el diputado Sales.
Sobre los cobros de intereses por sobregiros, el funcionario opinó que las empresas financieras cometen abusos, ya que cuando los clientes ponen las respectivas denuncias los bancos demoran en emitir una resolución, mientras que en ese tiempo los intereses aumentan.
En la mesa de trabajo acordó que, debido a que hay cientos de personas que ya tienen firmado un contrato de tarjeta de crédito con los bancos y la ley no es retroactiva, se incorporará un artículo para que se haga una adenda de contrato para garantizar que cuando la normativa entre en vigencia no tengan que pagar la membresía.
Otra propuesta que analizaron los diputados es que los bancos supriman los productos financieros preaprobados.
La próxima semana, los legisladores continuarán afinando la propuesta de reforma para emitir un dictamen favorable y llevarlo ante el pleno del Órgano Legislativo para someterlo a votación.
La Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre del año 2009, por lo que la legislación en temas de tarjetas de crédito es relativamente nueva y es necesario adaptar el marco jurídico para garantizar los derechos de los consumidores y la protección a los derechos económicos y patrimoniales de todos los salvadoreños.
Antes de 2009, no existía un marco legal y eso permitía un mayor grado de discrecionalidad por parte de los emisores de estas tarjetas, que son utilizadas como instrumento financiero útil para acceder a una línea de crédito rotativa tradicional.
Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas y secretario de la comisión «ad hoc» que estudia el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos, explicó que este contempla que las autorizaciones para la explotación del agua podrán ser revocadas cuando se determine que haya crisis hídrica.
«En el tema de los tiempos de la explotación, la ley tiene otros candados. Este tema no estaba en absoluto regulado, había un abuso sistemático de todo. Antes no había un límite diario de litros [de agua para la explotación], pero hoy la ley tiene ese candado», afirmó el legislador.
«La ley te da dos términos: la explotación por año, hasta el máximo por año, pero también por día. Hoy todos los días tienen un tope [de explotación]. También dice sobre la crisis hídrica, es decir, si hay una crisis hídrica, todas las autorizaciones pueden ser revocadas porque ya están determinados los usos, y el uso doméstico es el principal uso [del agua]», puntualizó.
Guevara detalló que en la redacción del articulado del anteproyecto se dejó establecido que los permisos se otorgarán hasta un máximo de 15 años, pero serán variables, y no en el mismo período para quien así lo solicite.
Reiteró que el anteproyecto de ley, que será sometido a votación del pleno, reconoce el agua como derecho humano, y reprochó que el FMLN de-sinforme a la población en relación con este tema.
«La decisión de los tiempos [de explotación del agua] la criticaron los del FMLN. Son los del FMLN los que están haciendo la bullita. El marco jurídico lo criticaron; la metodología, la criticaron; el desarrollo y la ejecución, los critican. Están criticando todo y están dando falacias. Dicen que la ley no tiene que el acceso al agua es un derecho humano, pero en el artículo 1 está mencionado», afirmó.
Además, se han incluido «párrafos enteros» propuestos por el Foro del Agua y la UCA.
A criterio de Wálter Coto, diputado de Nuevas Ideas y también integrante de la comisión «ad hoc», en el borrador de ley se ha incluido al menos el 80 % de todas las propuestas de redacción presentadas por las organizaciones consultadas.
«Se convocó a las 23 universidades, a todas las iglesias, a todos los sectores. Llegaron sectores vinculados al FMLN. Hay párrafos enteros que se han tomado del Foro del Agua para incluirlos en el articulado. Hay párrafos enteros que se han tomado de la UCA», complementó Guevara.
Sobre los cánones que se cobrarán, irán en dos rubros: de uso doméstico y de vertidos. Ambos fueron establecidos tomando como base estándares internacionales, como los que hay en Colombia, México y España.
«Los cobros se aplicarán conforme varios criterios. Quien consuma más deberá pagar más», mencionó el jefe de fracción de Nuevas Ideas.
Para establecer los cánones se tomará en cuenta el criterio de consumo, pero también por cuánto tiempo se hará, de dónde se extraiga el recurso y la razón social del solicitante.
Guevara cuestionó el discurso de la oposición que señala que no se garantizarán los espacios de participación de la sociedad civil para la toma de decisiones, además de que el agua será privatizada.
Ambos planteamientos han sido descartados en múltiples ocasiones no solo por los diputados de la comisión especial, sino también desde el mismo Ejecutivo.
Política
Concentraciones pueden realizarse aplicando protocolos de bioseguridad y teniendo el esquema completo de vacunación
La nueva legislación aprobada por los diputados de la Asamblea para prevenir los contagios por la Covid-19 habilita las concentraciones de personas siempre y cuando estas cumplan con los protocolos de bioseguridad y los participantes tengan completado su esquema de vacunación.
La normativa suspende toda concentración de personas en actos de carácter público o privado sin distanciamiento social, sin dosis completas de vacuna y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad.
El presidente Nayib Bukele y diputados de Nuevas Ideas desmintieron las publicaciones periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica que aseguran que el decreto aprobado ayer en la plenaria intenta limitar las concentraciones públicas y privadas.
«¿Cuándo hemos prohibido una marcha, farsantes?», reaccionó el mandatario a la portada que El Diario de Hoy publicó en la cuenta de Twitter.
El presidente de la nueva Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y la primera vicepresidenta, Suecy Callejas también se sumaron a desmentir las publicaciones.
«Y yo que creí que sólo su excompetencia, la doña Prensa Gráfica, mentía con ese tema», escribió el presidente de la Asamblea en Twitter.
A iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, en la Comisión de Seguridad se inició el estudio para reformar la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, para endurecer las penas contra quienes cometen acciones delictivas valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación.
“Este es el principio de muchas reformas que vienen para el tema digital, en los que se contemplan la ampliación de las penas, en el caso del hurto de identidad y otros”, destacó en conferencia de prensa el diputado de la bancada cyan, Walter Coto.
Por su parte, el parlamentario del mismo partido político, Francisco Amaya, destacó que con la propuesta de reformas a la ley estarían ayudando a los salvadoreños a estar más seguros en el tema de delitos informáticos.
“Se espera que la ley sea funcional, porque hemos encontrado en ella muchas deficiencias que han demostrado que es letra muerta, porque no tiene una operatividad”, añadió Amaya.
Con las reformas propuestas, quien cometa fraude informático tendría una condena de entre seis y diez años en prisión; por estafa informática, la pena contemplada es de entre cinco y ocho años de cárcel.
En el caso del hurto de identidad (suplantar a otra persona para apropiarse de sus recursos financieros) contemplaría entre cinco y ocho años de cárcel. Además, la seducción, extorsión e intercambio de mensajes a niñas, niños y adolescentes implicaría de dos a cuatro años de prisión.
Por el delito de hurto de medios informáticos loa implicados tendrían un castigo de cinco a ocho años de cárcel, en el caso de la interferencia del sistema informático, sopesaría una pena que va entre cuatro a siete años de prisión.
La última de las propuestas de los diputados de la bancada cyan va orientada a las Unidades de Investigación de los delitos Informáticos, Tratamiento y Análisis de la Evidencia Digital, la cual es necesaria para resolver casos de defraudación.
La iniciativa se trabajó en base a los insumos recabados en los últimos dos meses en la comisión, luego de haber recibido diversos invitados para conseguir información que mejore la operatividad de la ley.
Entre los invitados a las sesiones de la Comisión de Seguridad están la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), organizaciones de la sociedad civil y de abogados que trabajan en el tema, según mencionó el parlamentario Amaya.
En la actualidad, los instrumentos electrónicos están al alcance y forman parte de la vida de las personas, esta facilidad conlleva al cometido de hechos delictivos. Por ello, la legislación debe actualizarse para proteger a los salvadoreños.
