Política
Comisión Financiera inicia estudio de propuesta para reformar Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la iniciativa que presentaron los legisladores de Nuevas Ideas para reformar la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para beneficiar a la población que históricamente ha sufrido abusos por parte de la banca.
La propuesta presentada busca que se elimine el cobro de la membresía por poseer este producto, así como por los intereses por los sobregiros (sobrepasarse del límite de crédito aprobado) y las comisiones.
Inicialmente se había planteado que los bancos u otras entidades financieras pudieran cobrarles a los tarjetahabientes un monto que no excediera de $50 en concepto de membresía. Sin embargo, en la sesión de trabajo de este viernes la mayoría de diputados opinó que, por mucho tiempo, la banca privada ha cometido abusos contra los consumidores al cobrarles entre $30 y $250 anuales, por lo que es “justo” que se suprima dicho cobro.
Además, señalaron que en las modificaciones en la normativa se debe establecer que a las personas que no utilicen su tarjeta de crédito, durante un año, se les exonerará del pago de la membresía.
Las estadísticas de la Defensoría del Consumidor indican que el 34% de las denuncias que ha recibido, desde 2017 hasta la fecha, están relacionadas con el cobro de comisiones por membresía.
“Esa supuesta membresía es un servicio inherente al producto financiero que uno está solicitando al momento del contrato. Es un cobro ilegal. Para la población esto es un robo y una estafa. Además, concluimos que los cobros por los sobregiros tampoco se van a permitir. Nosotros no tenemos miedo a los grupos económicos y vamos a legislar siempre a favor de los usuarios”, expresó la presidenta de la mesa legislativa, Dania González.
El diputado de la bancada cyan, Héctor Sales; al igual que Juan Carlos Flores, de GANA, y el independiente Carlos Reyes secundaron a la legisladora porque señalaron que la supresión de ese cobro es una de las peticiones que más está pidiendo la ciudadanía.
“Esto (el cobro de la membresía) se convierte en un abuso para los consumidores. Aquí hacen competencia para ver cuál banco cobra más membresía al final del año”, increpó el diputado Sales.
Sobre los cobros de intereses por sobregiros, el funcionario opinó que las empresas financieras cometen abusos, ya que cuando los clientes ponen las respectivas denuncias los bancos demoran en emitir una resolución, mientras que en ese tiempo los intereses aumentan.
En la mesa de trabajo acordó que, debido a que hay cientos de personas que ya tienen firmado un contrato de tarjeta de crédito con los bancos y la ley no es retroactiva, se incorporará un artículo para que se haga una adenda de contrato para garantizar que cuando la normativa entre en vigencia no tengan que pagar la membresía.
Otra propuesta que analizaron los diputados es que los bancos supriman los productos financieros preaprobados.
La próxima semana, los legisladores continuarán afinando la propuesta de reforma para emitir un dictamen favorable y llevarlo ante el pleno del Órgano Legislativo para someterlo a votación.
La Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre del año 2009, por lo que la legislación en temas de tarjetas de crédito es relativamente nueva y es necesario adaptar el marco jurídico para garantizar los derechos de los consumidores y la protección a los derechos económicos y patrimoniales de todos los salvadoreños.
Antes de 2009, no existía un marco legal y eso permitía un mayor grado de discrecionalidad por parte de los emisores de estas tarjetas, que son utilizadas como instrumento financiero útil para acceder a una línea de crédito rotativa tradicional.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, a 20 meses de los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de ese año, según informó el organismo colegiado este lunes.
El PLAGEL está compuesto por 46 programas técnicos que permitirán organizar y ejecutar el evento electoral. De estos, 24 se enfocan en el sufragio nacional —incluyendo logística, tecnología, seguridad, capacitación y administración electoral— mientras que los 22 restantes se centran en el voto en el extranjero, garantizando la participación activa de los salvadoreños que residen fuera del país.
Además del plan operativo, los magistrados del TSE avalaron el Presupuesto Especial Extraordinario para la ejecución del evento electoral, aunque aún no se ha revelado el monto aprobado. A modo de referencia, el presupuesto para las elecciones generales de 2024 fue de $71.9 millones, según el informe de rendición de cuentas presentado por el organismo anterior.
“Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía”, expresó la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien hizo un llamado a todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, a sumarse a lo que denominó “una gran Fiesta Electoral”.
El TSE destacó que con la aprobación unánime del PLAGEL se cuenta ya con un plan técnico sólido y listo para su ejecución, lo que reafirma el compromiso de la institución con la organización de procesos democráticos eficientes, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
Como parte del calendario electoral, el próximo 14 de julio se dará inicio a las pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, un proceso clave que se extenderá durante 19 meses como preparación para los comicios de 2027.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer la conformación de los concejos municipales que serán electos en los comicios de 2027, con base en los datos del censo poblacional realizado en 2024.
Según explicó el organismo colegiado, la asignación del número de concejales por municipio se realiza en cumplimiento del artículo 12 del Código Electoral, el cual establece que se utilizarán los datos del último censo de población disponible para determinar cuántos regidores le corresponden a cada municipio, en función de su cantidad de habitantes.
“El tribunal establece el número de concejales en cada municipio y notifica a los partidos políticos o coaliciones inscritas”, señaló el TSE a través de una publicación oficial.
De acuerdo con la normativa, todos los concejos estarán integrados por un alcalde o alcaldesa, un síndico o síndica, dos regidores propietarios y cuatro suplentes del mismo partido, con aumentos proporcionales según la población. Por ejemplo, municipios con más de 10,000 habitantes podrán contar con hasta cuatro regidores, mientras que aquellos con poblaciones superiores a 100,000 habitantes recibirán el máximo permitido: 10 regidores.
El especialista electoral Juan Gilberto Contreras afirmó que esta medida está en línea con la legislación vigente. Por su parte, el analista político Mauricio Rodríguez destacó que esta decisión refleja el proceso de reestructuración municipal que atraviesa el país, tras la reducción de 262 a 44 municipios.
“Este ajuste representa una modernización del Estado y busca gobiernos municipales más eficientes. Menos regidores implican también un ahorro para el país y un enfoque en la calidad más que en la cantidad”, señaló Rodríguez.
