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Vendedores informales generan ambiente tenso en el mercado de Santa Tecla: UMO ya está en sector
Un ambiente tenso reina desde tempranas horas de este jueves en la zona mercado de Santa Tecla entre que vendedores informales y agente del Cuerpo de Agente Metropolitanos (CAM).
Y que los vendedores mantuvieron cerrados los portones del mercado en acción de protesta porque la comuna de ese sector no les permite la colocación de sus ventas en la afueras del mercado municipal.
Desde muy tempranos los vendedores mantuvieron por unos minutos encerrados en el interior del mercado a algunos agentes del CAM y también a uno periodistas que cubrían la noticia.
Los vendedores se valieron de alambres con lo que sujetaron los portones para impedir la salida de los agente municipales y demás vendedores que no estaban a su favor. Tras uno minutos los miembros del CAM y el resto de personas lograron salir con ayuda de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegó al lugar para apaciguar a los vendedores.
Esta situación ya lleva ya varios días en las que miembros del Cuerpo de Agentes Municipales tienen la orden de remover a los vendedores informales que pretenden instalar de “forma ilegal” su mercadería sobre la pequeña acera en la carretera Panamericana.
Fueron supuestos vendedores con los rostros cubiertos los que han evitado que los portones del mercado estuvieran abiertos, tras la efervescencia de los acontecimientos la Unidad del Mantenimiento del Orden Público (UMO), ya llegó al lugar para tomar el control de la situación, ya que hasta ahora los que tienen el control en la zona son algunas de las personas que dicen ser vendedores del sector y que se mantienen con los rostros cubiertos en el parque Daniel Hernández.
Los vendedores de Santa Tecla no logran acuerdo con las autoridades de comuna para instalarse sobre la carretera Panamericana debido a esa razón han bloqueado el acceso al mercado local. Todos los puestos de venta de los alrededores están cerrados.
Fotos: @tcsnoticias
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
