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Vendedores informales generan ambiente tenso en el mercado de Santa Tecla: UMO ya está en sector
Un ambiente tenso reina desde tempranas horas de este jueves en la zona mercado de Santa Tecla entre que vendedores informales y agente del Cuerpo de Agente Metropolitanos (CAM).
Y que los vendedores mantuvieron cerrados los portones del mercado en acción de protesta porque la comuna de ese sector no les permite la colocación de sus ventas en la afueras del mercado municipal.
Desde muy tempranos los vendedores mantuvieron por unos minutos encerrados en el interior del mercado a algunos agentes del CAM y también a uno periodistas que cubrían la noticia.
Los vendedores se valieron de alambres con lo que sujetaron los portones para impedir la salida de los agente municipales y demás vendedores que no estaban a su favor. Tras uno minutos los miembros del CAM y el resto de personas lograron salir con ayuda de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegó al lugar para apaciguar a los vendedores.
Esta situación ya lleva ya varios días en las que miembros del Cuerpo de Agentes Municipales tienen la orden de remover a los vendedores informales que pretenden instalar de “forma ilegal” su mercadería sobre la pequeña acera en la carretera Panamericana.
Fueron supuestos vendedores con los rostros cubiertos los que han evitado que los portones del mercado estuvieran abiertos, tras la efervescencia de los acontecimientos la Unidad del Mantenimiento del Orden Público (UMO), ya llegó al lugar para tomar el control de la situación, ya que hasta ahora los que tienen el control en la zona son algunas de las personas que dicen ser vendedores del sector y que se mantienen con los rostros cubiertos en el parque Daniel Hernández.
Los vendedores de Santa Tecla no logran acuerdo con las autoridades de comuna para instalarse sobre la carretera Panamericana debido a esa razón han bloqueado el acceso al mercado local. Todos los puestos de venta de los alrededores están cerrados.
Fotos: @tcsnoticias
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
