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Transportistas de carga deberán acatar reforma a la ley de tránsito para evitar accidentes viales y multas
Por cada 100 siniestros viales ocurridos en el país durante el 2022, en 8 se vio involucrado el transporte de carga, al cual, a través de controles en las carreteras se le impuso un promedio de 350 a 450 multas semanales por faltas a la normativa vial.
La reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial abarca a este tipo de transporte, con el objetivo de evitar accidentes en las carreteras.
El Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una estricta vigilancia de este y todo tipo de transporte, logrando la reducción del 7.1 % de siniestros el año pasado, con lo cual se protege la vida de los salvadoreños, principal objetivo de la reforma.
Con la enmienda, recién aprobada por la Asamblea Legislativa y que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, incrementará la vigilancia a todo tipo de transporte en el país. En el caso del transporte de carga, se verifica el estado mecánico del vehículo, documentación en regla y que respeten los horarios de circulación autorizados para este tipo de transporte en el territorio.
Transportar cargas con pesos y dimensiones mayores al autorizado, circular en lugares y horarios no permitidos o con llanta lisa, estacionarse en zonas para carga y descarga en horas restringidas, no utilizar el limitador de velocidad, transportar materiales peligrosos en vehículos no autorizados, desviarse (caso de conductores de caña de azúcar) de las rutas autorizadas por el VMT y otras faltas, entre leves, graves y muy graves, será objeto de multas que oscilan entre $50 y $150.
En tanto, las multas por transportar más peso al normado en la unidad oscilan entre $300, de 1 a 500 kilogramos; y $1,200, cuando es de 2,501 kilogramos en adelante. “Disponemos de básculas móviles para el transporte de carga en todo el país. Vamos a instalar básculas fijas en las principales carreteras (para aplicar las nuevas disposiciones)”, enfatizó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.
Con la ley actual se le impone multas a los conductores del transporte de carga o colectivo cuando se aplicaba por mal estado de las unidades. “Con esta reforma se aplicará al dueño de la unidad”, enfatizó el director de Tránsito, Alfredo Alvayero.
Para detectar una falta de parte del conductor ya no será necesario que un policía o gestor de tránsito lo mire. La reforma incluye fotomulta a través de videovigilancia en semáforos inteligentes que funcionarán este año. La falta será detectada de inmediato y enviada al correo del dueño del vehículo las 24 horas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
