Judicial
Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes
Un empleado en entrenamiento de Vidrí fue obligado a firmar su carta de renuncia luego de sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta que lo dejó en estado grave, producto de la imprudencia de un operador de Sykes. En el percance también resultó lesionado otro de sus parientes.
La diversión de una noche se terminó convirtiendo en el inicio de una pesadilla para Joel, de 30 años de edad, quien junto con Elmer, su cuñado, salió a celebrar que había conseguido un empleo en el departamento de fontanería de Vidrí. El responsable de esto es German B., de 29 años, un empleado de Sykes, quien por no respetar la señal de alto impactó violentamente con la motocicleta.
Según la relación de los hechos, el trágico hecho sucedió el 28 de abril del 2018 al filo de las 9:00 de la noche. Segundos antes del impacto, Germán conducía su vehículo a toda velocidad sobre el bulevar Monseñor Romero y la 23 Calle Oriente de San Salvador, por acortar tiempo decidió acelerar haciendo caso omiso a una señal de alto sin percatarse que una motocicleta venía al paso.
El infractor impactó la parte delantera de la moto y lanzó por el aire a los dos jóvenes. Según los familiares de las víctimas, la noche de la tragedia German no pretendió responsabilizarse de los hechos. “No quiso darnos la cantidad que le pedimos para solventar los daños”, señaló una integrante del núcleo familiar.
Producto de las lesiones, los médicos le señalaron que la recuperación de Joel sería prolongada algo de lo que la empresa se valió para obligarlo a renunciar. “Iba con mi cuñado. Yo sufrí varios golpes y me lesioné ambas rodillas y me fracture la clavícula… No puedo caminar bien, tengo lesionada la clavícula y tengo miedo de que me vuelva a operar otra vez”, explicó.
El personal médico que lo atendió le señaló que se le colocaría una platina ortopédica, la cual está valorada entre $800 y $900. Sin embargo, no cuenta con el dinero para poder costearlas.
El otro de los afectados fue Elmer, quien salió gravemente herido ya que luego del impacto salió “volando” de la motocicleta hasta parar impactar de forma violenta contra el pavimento mientras esto sucedía se preguntó: “¡Dios mío!, ¿Por qué nos pasó esto?”.
Entre lágrimas, la víctima comenzó a notar que “no sentía los pies. No sabía con exactitud lo que había pasado cuando llegó la ambulancia vi que uno de mis piel colgaba”, señaló. Pasó 43 días ingresado casi el mismo tiempo que su pariente.
El desempleo y un proceso judicial
El accidente lo llevó a permanecer ingresado por varios días provocando que la administración de la empresa optara por la sustitución inmediata de este elemento, debido a que no completó el tiempo de prueba. Algo de lo que se valieron para pedirle que presentara su carta de renuncia.
“La empresa no se iba a hacer responsable. Ellos (recursos humanos) me dijeron que estaba aprueba y que tenía que renunciar. Yo no he renunciado, fue la misma empresa que me obligó”, señaló.
Posterior a esto, comenzó a realizar diferentes terapias para recuperar la movilidad de los miembros dañados pero en su cabeza no podía controlar su desesperación ya que tenía deudas que saldar y no contaba con el dinero. La moto quedó totalmente destrozada. Joel la había adquirido días atrás y apenas iba a pagar la segunda cuota del vehículo valorado en $2,021.07.
“Tengo miedo de andar otra vez en moto y me pongo nervioso cuando pasa un cerca un vehículo”, señaló con resignación.
German es procesado en el Tribunal Sexto de sentencia por el delito de lesiones culposas y espera el fallo en los próximos días. El juez será quien determine la responsabilidad civil y penal.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
