Sucesos
Pandilleros sacan de un culto a una jovencita en Apopa y horas después encuentran el cuerpo sin vida
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Una jovencita, identificada como Johana Beatriz Rivera Maldonado, de 17 años, fue encontrada asesinada este pasado sábado en el cantón Las Delicias del municipio de Apopa.
La joven había desaparecido desde la noche del viernes, y según relató la fiscal del caso, esta habría sido raptada por dos sujetos perfilados a estructuras criminales, en el momento que se encontraba en un culto al que había asistido con su abuela, por lo que inmediatamente alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC).
La fuente dijo que dos pandilleros se la llevaron y no se supo más de ella hasta este día, cuando hallaron su cadáver con disparos de arma de fuego.
La fiscal dijo que por el momento no tienen una hipótesis sobre la causa de su asesinato pero que clasifican el caso como “feminicidio” por “el tipo de violencia” y los lugares en que tenía los balazos.
Testigos dijeron que la joven y su abuela habían llegado como invitadas a un culto de acción de gracias en el Centro Escolar Caserío El Olimpo. En un momento en que ella recibió una llamada de su madre, como no escuchaba por el alto sonido del culto, se levantó y se dirigió hacia los baños para poder comunicarse mejor.
Fue entonces, cerca de las 9:00 de la noche, cuando los dos pandilleros –uno “pechito y con una gran cadena y el otro enanito”- la interceptaron. “Se le paró uno a salirle adelante y el otro se quedó así (atrás) y la dejaron en medio”, dijo una persona que vio lo ocurrido.
“Ya voy a venir, ellos quieren platicar conmigo”, dijo la joven a su abuela cuando vio que ella quiso intervenir. Y se la llevaron. Dicen que unas jóvenes que se encontraban sentadas se fueron con ellos cuando se llevaron a Johana.
El pastor, que en ese momento daba la predica, fue alertado sobre lo que ocurría y “salieron con los otros hermanos (religiosos) para el lado donde la vieron (salir) y ya no la hallaron”, cuentan testigos.
Pidieron ayuda de la Policía e iniciaron una búsqueda más extensa. Encontraron una pequeña toalla y una cadena reventada que ella usaba.
La familia asegura que la joven no tenía vínculos con pandillas y tampoco problemas con alguien. Sospechan que fue asesinada porque llegaron a una zona donde opera una pandilla contraria a la que controla el sector donde ellas son originarias.
“Allá donde vivimos nosotros son MS y aquí donde vinimos al culto son 18. Yo supongo que ese fue el problema”, dijo la abuela.
La madre contó que la joven le había pedido que, si algún día le sucedía algo, velaran su cuerpo en la iglesia.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
