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Si existieron los delitos de coacción y tortura por parte del exfiscal Meléndez “debe judicializarse”, solicitó Acción Ciudadana
Humberto Sáenz, presidente del movimiento de la sociedad civil Acción Ciudadana reiteró que, si existieron los delitos de coacción y asedio mental de empleados que fueron acosado por parte del exfiscal general Douglas Meléndez para fabricar pruebas en el caso “Corruptela”, esto debe investigarse y judicializarse.
De acuerdo con una denuncia interpuesta ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al menos seis fiscales auxiliares y dos empleados administrativos, durante la gestión del exfiscal general, Meléndez, recibieron amenazas para declarar como testigos criteriados en el caso conocido como “Corruptela” que involucra al exfiscal Luis Martínez y otras 30 personas, incluido el expresidente de la República Mauricio Funes.
Según externó Humberto Sáenz, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) se debe transparentar lo actuado en los últimos meses, principalmente con lo relacionado a la utilización de herramientas jurídicas de las cuales se podría haber abusado.
“Se ha especulado mucho con la utilización, abusiva, de algunas herramientas en la FGR como el uso de testigos criteriados y los procesos abreviados, temas que han estado en boga recientemente. Hay determinar en cuántos casos se utilizaron y cuáles fueron los resultados”, explicó Sáenz.
El periódico dígital CronioSV publicó una información relacionada a las declaraciones de los Testigos criteriados, quienes acusaron a Meléndez de fabricar el caso “Corruptela” con el único fin de aspirar a la reelección como fiscal general para el período 2019-2022; sin embargo, no recibió el respaldo de ninguna fracción legislativa y en su lugar fue nombrado el abogado, Raúl Melara.
Sáenz respaldó las observaciones del entrevistador Ernesto López, quien le hizo ver que también había denuncias sobre acciones de coacción, coerción y asedio mental de empleados acosados. “De existir deben investigarse, deben judicializarse si es ese el caso, pero primero hay que determinar si esos abusos han sido cometidos”, indicó.
“No sabemos cuál es el universo de casos de delitos de corrupción que son tramitados por la FGR y en cuántos se utilizaron esas herramientas. Los datos podrían arrojar que no se hizo un uso adecuado, hasta ahora no se tiene”, reiteró. (Con información de La Noticia)
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo el conteo y pesaje de 4,341 kilos de cocaína que serán destruidos.
Esta cantidad de droga es el resultado de diversas operaciones realizadas por la Marina Nacional durante el mes de enero de 2025.
#Antinarcóticos I Durante los decomisos también se realizaron capturas de varios extranjeros que se transportaban en las embarcaciones, 8 ecuatorianos y 1 colombiano, quienes ya se encuentran enfrentando un proceso penal.
Los detenidos fueron:
▶️Gabriel Ignacio Muente Delgado… pic.twitter.com/QYeI3jNAfS— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 31, 2025
Estas acciones contra el narcotráfico han permitido la captura de varias personas de diferentes nacionalidades, quienes ya se encuentran bajo custodia en centros penitenciarios.
El valor comercial estimado de la cocaína que será destruida a $109,132,740.00, destacando así la magnitud de los esfuerzos realizados por las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas.
En las primeras horas de este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo el procesamiento de la escena donde se encontró el cuerpo sin vida de un joven en Jucuarán, Usulután.
Según las investigaciones preliminares, el fallecido, conocido en la comunidad por su participación en las festividades, celebraba el inicio de las fiestas patronales cuando, aparentemente, sufrió una intoxicación por agua ardiente, lo que le ocasionó la muerte.
Las autoridades han descartado la posibilidad de que la muerte del joven haya sido resultado de un hecho violento. Sin embargo, se espera que los resultados de la autopsia proporcionen información definitiva sobre las causas del deceso.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha cumplido dos años de operación en El Salvador, un proyecto inaugurado por el presidente Nayib Bukele. Este centro penitenciario, que alberga un total de 40.000 internos, se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia en el país.
Belarmino García, director del CECOT, destacó que en este centro se encuentran excluidos asesinos seriales y otros criminales que han perdido sus derechos.
La instalación, ubicada en el distrito de Tecoluca, en el municipio de San Vicente Sur, se extiende por 236 manzanas, de las cuales 33 están destinadas a la construcción, lo que representa un área siete veces mayor que el estadio Cuscatlán.
Una de las características más notables del CECOT es que los pandilleros allí confinados no tienen acceso a la luz solar, lo que les impide distinguir entre el día y la noche. Este régimen de aislamiento se complementa con un robusto dispositivo de seguridad, respaldado por la Policía y las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, el CECOT alberga aproximadamente 18.000 individuos vinculados a pandillas, muchos de ellos considerados de alta jerarquía, incluyendo jefes de clicas, palabreros, corredores de programas y sicarios, así como fundadores de grupos terroristas.
La instalación continúa siendo un tema de debate en la sociedad salvadoreña, donde se discuten los aspectos éticos y legales de las condiciones de reclusión y el enfoque del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
