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San Salvador, el departamento con mayor reducción en extorsiones en último año
Entre los delitos ejecutados por pandillas y que han sido drásticamente reducidos durante la ejecución del régimen de excepción se encuentran las extorsiones.
Según datos estadísticos de la Fiscalía General de la República (FGR), San Salvador fue el departamento con mayor baja de extorsiones comparando los 12 meses de 2022 y 2023 pasando de 568 casos a 229, una diferencia de 339.
A San Salvador le sigue Santa Ana que pasó de 220 a 98 una reducción de 122 casos; La Libertad se posiciona en el tercer lugar con 168 casos de extorsión en 2022 y 87 en 2023, una diferencia de 81 casos.
En occidente, Sonsonate tuvo una reducción de 83 casos comparando los 137 registrados en el 2022 versus los 54 de 2023; por su parte, en San Miguel se redujo a 67, pasando de 124 en 2022 a 57 en 2023; Usulután se convirtió en el departamento del oriente del país en que más se redujo la extorsión entre ambos años, pasando de 120 en 2022 a 34 en 2023 para una diferencia de 86.
Las estadísticas de la Fiscalía también destacan que Cuscatlán presentó una baja de 56 casos al pasar de 83 en 2022 a 27 en 2023; mientras que, Morazán redujo los casos de extorsión en 37 después de reportar 55 en 2022 y 18 en 2023.
Por su parte, La Paz pasó de 54 casos de extorsiones en 2022 a 31 en 2023 logrando una reducción de 23; Ahuachapán y La Unión redujeron 16 casos, comparando ambos años, pasando de 51 y 35 en 2022 a 35 y 19 en 2023, respectivamente.
Los datos también reflejan que Cabañas tuvo una reducción de 21 casos presentando 32 en 2022 y 11 en 2023; mientras que, Chalatenango obtuvo una reducción de 6 casos pasando de 18 en 2022 a 12 en 2023; y finalmente, San Vicente registró 3 casos menos, comparando los 25 de 2022 versus 22 de 2023.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN REDUJO LAS EXTORSIONES EN 57 % EN EL 2023
«Lo que se ha tenido es una baja sensible en cuanto a la disminución del delito de extorsión comparando 2023 con el año 2022, es una reducción del 57 % es algo que nunca se había visto, este nivel de reducción», indicó al respecto, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Los datos de la Fiscalía dan cuenta que en total en el 2022 se recibieron y resolvieron 1,690 denuncias por el delito de extorsión, mientras que, en el 2023 fueron 734, una diferencia de 956 casos, lo que determina una reducción del 57 % del cometimiento de dicho delito comparando los periodos de enero a diciembre 2022 con los 12 meses de 2023.
«Se ha constatado también, por las diversas investigaciones, que los datos son muy cercanos a la realidad, es decir, no estamos manejando cifra negra como se manejaron en otros años [en otros gobiernos], en las cuales una gran cantidad de extorsiones no eran denunciadas, sino que la Policía o la Fiscalía se enteraban por otras fuentes, que, determinada persona o determina empresa estaba siendo objeto de extorsión», señaló Delgado.
Según las estadísticas de la Fiscalía, los meses que presentan una mayor reducción son mayo que en el 2022 tuvo 188 casos versus los 67 del 2023, una diferencia de 121 casos; a mayo le sigue abril con 176 en 2022 y 61 en 2023, es decir, 115 casos menos; mientras que, en junio de 2022 se resolvieron 168 denuncias por extorsión versus 62 resueltas en 2023, una diferencia de 106 casos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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