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Salvadoreños perciben baja de la criminalidad tras ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Las comunidades de El Salvador perciben la reducción en los índices de criminalidad tras los exitosos resultados del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, y que cuenta, además, del respaldo de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno contabiliza 131 días sin homicidios en los tres años de gestión del Presidente Nayib Bukele. Van más de 37,000 pandilleros, y sus cómplices, capturados en la Guerra contra las pandillas. Además de unos 18,000 pandilleros que ya se encontraban presos en los penales. En los tres últimos gobiernos, apenas hubo un día sin homicidios en 15 años.
La férrea lucha contra las pandillas que libra el Gabinete de Seguridad del Gobierno ha dejado a mayo 2022, pasado, con una tasa de homicidios del 0.5%, un momento histórico para el país al considerar uno de los meses más seguros.
Los resultados de la baja de la criminalidad en El Salvador son comparados con los de Chile, Perú, Paraguay y Uruguay con las tasas más bajas de criminalidad, contrario a los años entre el 2015 al 2018 en los que el país tuvo los más altos indicadores (62.29 %).
Los datos del Gabinete de Seguridad reflejan una tendencia a la baja de los delitos: Hurtos, hurto de vehículos y robo, extorsiones, entre otros. En el 2021 se cometieron 690 hurtos y en el 2022 368, en el hurto de vehículos se reflejan 104 casos en el 2021 y 43 en el 2022; con respecto al robo se cometieron 360 en el 2021 y 138 en el 2022.
Las extorsiones están a la baja en las comunidades y las empresas que surten con productos las tiendas, entre otros negocios, confirman que ingresan a las colonias, barrios, y residenciales sin ser afectados por el accionar delincuencial de las pandillas.
“Los terroristas siguen llegando a la cárcel, lugar donde permanecerán encerrados. Más de 750 grafitis de maras o pandillas ya no existen en comunidades que antes eran de alta presencia criminal”, afirmó el director de Centros Penales, Osiris Luna
El Salvador está superando el pasado en que los presidentes estaban ausentes y que dejaron al país en manos de pandillas y del crimen organizado.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
