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Salvadoreños perciben baja de la criminalidad tras ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Las comunidades de El Salvador perciben la reducción en los índices de criminalidad tras los exitosos resultados del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, y que cuenta, además, del respaldo de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno contabiliza 131 días sin homicidios en los tres años de gestión del Presidente Nayib Bukele. Van más de 37,000 pandilleros, y sus cómplices, capturados en la Guerra contra las pandillas. Además de unos 18,000 pandilleros que ya se encontraban presos en los penales. En los tres últimos gobiernos, apenas hubo un día sin homicidios en 15 años.
La férrea lucha contra las pandillas que libra el Gabinete de Seguridad del Gobierno ha dejado a mayo 2022, pasado, con una tasa de homicidios del 0.5%, un momento histórico para el país al considerar uno de los meses más seguros.
Los resultados de la baja de la criminalidad en El Salvador son comparados con los de Chile, Perú, Paraguay y Uruguay con las tasas más bajas de criminalidad, contrario a los años entre el 2015 al 2018 en los que el país tuvo los más altos indicadores (62.29 %).
Los datos del Gabinete de Seguridad reflejan una tendencia a la baja de los delitos: Hurtos, hurto de vehículos y robo, extorsiones, entre otros. En el 2021 se cometieron 690 hurtos y en el 2022 368, en el hurto de vehículos se reflejan 104 casos en el 2021 y 43 en el 2022; con respecto al robo se cometieron 360 en el 2021 y 138 en el 2022.
Las extorsiones están a la baja en las comunidades y las empresas que surten con productos las tiendas, entre otros negocios, confirman que ingresan a las colonias, barrios, y residenciales sin ser afectados por el accionar delincuencial de las pandillas.
“Los terroristas siguen llegando a la cárcel, lugar donde permanecerán encerrados. Más de 750 grafitis de maras o pandillas ya no existen en comunidades que antes eran de alta presencia criminal”, afirmó el director de Centros Penales, Osiris Luna
El Salvador está superando el pasado en que los presidentes estaban ausentes y que dejaron al país en manos de pandillas y del crimen organizado.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
