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Salvadoreños perciben baja de la criminalidad tras ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Las comunidades de El Salvador perciben la reducción en los índices de criminalidad tras los exitosos resultados del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, y que cuenta, además, del respaldo de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno contabiliza 131 días sin homicidios en los tres años de gestión del Presidente Nayib Bukele. Van más de 37,000 pandilleros, y sus cómplices, capturados en la Guerra contra las pandillas. Además de unos 18,000 pandilleros que ya se encontraban presos en los penales. En los tres últimos gobiernos, apenas hubo un día sin homicidios en 15 años.
La férrea lucha contra las pandillas que libra el Gabinete de Seguridad del Gobierno ha dejado a mayo 2022, pasado, con una tasa de homicidios del 0.5%, un momento histórico para el país al considerar uno de los meses más seguros.
Los resultados de la baja de la criminalidad en El Salvador son comparados con los de Chile, Perú, Paraguay y Uruguay con las tasas más bajas de criminalidad, contrario a los años entre el 2015 al 2018 en los que el país tuvo los más altos indicadores (62.29 %).
Los datos del Gabinete de Seguridad reflejan una tendencia a la baja de los delitos: Hurtos, hurto de vehículos y robo, extorsiones, entre otros. En el 2021 se cometieron 690 hurtos y en el 2022 368, en el hurto de vehículos se reflejan 104 casos en el 2021 y 43 en el 2022; con respecto al robo se cometieron 360 en el 2021 y 138 en el 2022.
Las extorsiones están a la baja en las comunidades y las empresas que surten con productos las tiendas, entre otros negocios, confirman que ingresan a las colonias, barrios, y residenciales sin ser afectados por el accionar delincuencial de las pandillas.
“Los terroristas siguen llegando a la cárcel, lugar donde permanecerán encerrados. Más de 750 grafitis de maras o pandillas ya no existen en comunidades que antes eran de alta presencia criminal”, afirmó el director de Centros Penales, Osiris Luna
El Salvador está superando el pasado en que los presidentes estaban ausentes y que dejaron al país en manos de pandillas y del crimen organizado.
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.
Carlos Eloy Castañeda Hernández fue condenado a 37 años de prisión por homicidio simple en calidad de cómplice no necesario, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, en perjuicio de la víctima identificada como C. J. E.
Según la acusación, ese día, tras una fuerte discusión, el hijo del procesado, identificado en el caso únicamente como Samuel, «disparó con un arma de fuego contra la víctima. En ese mismo hecho, el imputado le arrebató el arma y disparó contra las otras tres víctimas, causándoles lesiones. Posteriormente, el autor del homicidio (Samuel) se dio a la fuga», detallaron fuentes judiciales.
La condena impuesta a Castañeda Hernández incluye la responsabilidad en los tres casos de homicidio tentado (intento), cuyas víctimas permanecen bajo reserva de identidad, así como por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el fallo, el tribunal determinó que el imputado participó en el homicidio en calidad de cómplice no necesario, al no auxiliar a la víctima, lo que facilitó la fuga del asesino Samuel.
Por el delito de homicidio simple en modalidad de complicidad no necesaria, el tribunal le impuso diez años de prisión. Por cada uno de los homicidios tentados (intentos), ocho años; y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tres años de prisión
