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Reportan más de 1.6 millones de llamadas de mal uso al número de emergencias 911
Una llamada al Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) puede ser clave para salvar la vida de una persona; sin embargo, el mal uso que algunos ciudadanos hacen de este servicio puede significar la muerte de otro que sí necesita pronta atención.
Según las estadísticas policiales, durante el 2021 el reporte de llamadas falsas [denominadas por las autoridades como de mal uso] representaron el 76.22 %, es decir, más de 1.6 millones de llamadas.
El restante 23.78 %, es decir, 504,748 llamadas constituyeron reportes reales de emergencias que fueron catalogadas por la Policía como efectivas. El total general efectuadas durante el año pasado al Sistema de Emergencia 911 fueron 2,122,666.
Los registros de la Policía indican que el promedio diario de llamadas registradas en 2021 fue de 5,816, de las cuales 1,245 eran verdaderas emergencias, mientras que 4,570 no lo fueron.
Para el 2020, durante lo más fuerte de la pandemia del Covid-19, el promedio de llamadas fue de 6,935, de las cuales 5,324 fueron falsas emergencias y a penas 1,611 eran reales. El mayor pico se registró en 2019 cuando todos los días hubo, en promedio, 9,578 llamadas, de las cuales 7,850 fueron falsas y 1,728 verdaderas.
Los datos oficiales revelan que enero de 2021 fue el mes con más reportes de llamadas: 196,402, recibidas por las autoridades, de las cuales 154,712 fueron de mal uso o falsas y 41,690 fueron catalogadas reales.
Al realizar el análisis de las falsas llamadas, la Policía las ha clasificado de la siguiente manera: mal uso por niños y adultos; en estas, lamentablemente, se formulan bromas e insultos a los telefonistas del 911 que atienden las llamadas de emergencias.
En segundo lugar están las falsas, estas son relacionadas a personas con aparentes problemas mentales; en tercer lugar están las llamadas abandonadas, en las que el operador no tiene ninguna interacción o respuesta por parte de la persona que hace la llamada.
Mientras las llamadas verdaderas reciben la categoría de «llamadas efectivas», que se dividen en varios grupos, por ejemplo, las llamadas de orientación que no necesariamente representan una emergencia, pues la intención del ciudadano es solicitar del operador apoyo informativo.
También están las llamadas de transferencia, son realizadas por personal policial para coordinar alguna situación de trabajo. Finalmente, están las denominadas de «evento», las cuales derivan de una atención o emergencia real que fue atendida por la PNC u otra institución estatal.
¿Cómo hacer buen uso del Sistema 911?
Las autoridades policiales piden a los ciudadanos que están en situación de emergencia que, ante todo, guarden la calma y que, posteriormente la información sea brindada al operador con toda claridad.
Una vez los datos son procesados por el operador en cabina es enviada a las unidades policiales que están más cercanas al lugar de la emergencia, previamente la dirección debe ser detallada por el ciudadano, pues la mayoría de las llamadas son recibidas en la base central en San Salvador.
Una de las sugerencias que hace la PNC es que «Si el operador le indica que transferirá la llamada con otra unidad o entidad de servicio estatal manténgase en línea». El ciudadano nunca debe dar por sentado que no lo quisieron atender.
Este servicio es gratuito y en muchos de los casos se les ha brindado a las víctimas atención prehospitalaria, accidentes de tránsito, lesiones, traslado de embarazadas y cualquier afectación por incidencia delictiva, entre otras actividades que pudieran constituir una emergencia.
Principal
Gobierno aumenta y acelera la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas de El Salvador
El Gobierno de El Salvador incorporará 60 mil manzanas de maíz con el fin de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional así como la competitividad en los precios en favor del productor y los salvadoreños en general, aseguró esta tarde el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Esta acción forma parte del Programa de Aumento a la Producción del que forman parte gremiales, cooperativas y productores individuales, y se ejecuta en distintas zonas de país. Además, es una respuesta al «inminente pronóstico del Súper Niño».
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico», escribió el funcionario en X.
Detalló que el MAG está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país, mediante la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles.
«Ya contamos con resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol; hoy avanzamos con el maíz, siempre de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala. El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», amplió.
En esta labor, indicó, se trabaja de manera articulada con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la representación en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), lo cual fortalece la respuesta como país, al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
«Tenemos y garantizaremos los insumos más baratos del país a través de AGROCENTA y avanzaremos en la implementación de fábricas de biofertilizantes a nivel nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país», destacó.
En la actualidad, añadió el funcionario, estos manejos ya se están implementando en las principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general.
Domínguez sostiene que sectores desde la oposición así como detractores del Gobierno están politizando este tema y sostuvo que hay algunos que quisieran un escenario de caos. «A ellos, decirles con claridad que no se les dará ese gusto, por el contrario disfrutarán los resultados comiendo deliciosas pupusas y tortillas calientitas. Aquí, el verdadero protagonista es el productor salvadoreño, con el respaldo firme del Gobierno», concluyó.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
