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Por octavo día consecutivo Salud realiza tamizajes comunitarios en San Salvador
Este jueves 11 de marzo, por octavo día consecutivo, el personal del Ministerio de Salud (MINSAL) junto al Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) instaló cabinas de diagnóstico de COVID-19 para realizar pruebas a la población de manera gratuita en diferentes puntos de la ciudad de San Salvador.
En total, serán 2,000 pruebas las que se estarán realizando en todo San Salvador, para lo que ha sido necesario movilizar más de cinco cabinas para atender a las personas que decidan someterse a dicha prueba.
Los puntos estratégicos son: La Plaza de la Salud; plaza Salvador del Mundo; parque de la colonia Minerva; frente a la entrada principal de la Universidad de El Salvador (UES); y Plaza Libertad, en el Centro Histórico.
La médico epidemióloga de la región metropolitana, Silvia Elena Larín, hizo un llamado a los salvadoreños para realizarse la prueba y tener la certeza si es portador del virus.
“Es una prueba sencilla, un cepillado, (que) puede ser la nariz o en la garganta, donde se hace una serie de procesamientos y se puede detectar si está o no presente el virus COVID-19”, explicó la profesional.
El proceso para realizar los tamizajes comienza con la orientación dada por el personal de salud a los asistentes. Luego, estas personas deben llenar un formulario con sus datos personales, entre ellos su número de DUI y un número de teléfono.
Al entregar el documento completo, la población recibe un tubo e hisopo para pasar a la cabina móvil del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), donde se recoge la muestra.
“En 48 horas se les llama para darles el resultado sea positivo o negativo. Si es positivo, entra a ejecutarse el protocolo de atención integral que tiene el Ministerio de Salud, donde le van a dar su kit y se le va a estar dando seguimiento por 14 días a manera de poder detectar cualquier complicación de manera oportuna”, detalló la epidemióloga.
El médico epidemiólogo de la región metropolitana, Mauricio Vásquez, explicó que los tamizajes comunitarios les permiten detectar a tiempo a las personas contagiadas para ayudarlas y conocer sobre la carga de la enfermedad en el territorio.
“El Ministerio está haciendo todos los esfuerzos necesario para controlar el avance de la enfermedad, y ahora necesitamos (ese apoyo), la respuesta de la población”, concluyó Vásquez.
El Gobierno contabiliza 794,526 pruebas PCR tomadas, este test es gratis para la población que acude a los tamizajes comunitarios, al igual que el kit con el tratamiento médico.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
