Judicial
Más de $280,000 adeuda Jorge Hernández al Ministerio de Hacienda

Transcendió que el acusado no pudo pagar la deuda debido al congelamiento de todos sus fondos a petición de la FGR.
El expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, se comprometió, en septiembre del 2022, ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador a cancelar la deuda de $280,981.89 en un plazo de 15 días.
Sin embargo, hasta este momento el pago no se realizó al fisco, en consecuencia, el proceso penal fue reactivado.
La audiencia preliminar estaba prevista para este 1 de marzo, pero fue aplazada debido a que la defensa solicitó por escrito la suspensión de la misma.
Hernández Meléndez, de 51 años de edad, ha sido acusado por el ministerio público de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública.
El imputado que se había comprometido a cancelar el monto evadido para dar por culminada la causa penal está bajo arresto domiciliar y bajo la custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), por la resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019, cuando fue la primera audiencia del proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que en 2014, Jorge Hernández, evadió los impuestos sobre la renta por un monto de $280,981.89 en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
En septiembre de 2020, el Juzgado Octavo de Instrucción juramentó a dos peritos de la defensa y uno propuesto por la FGR procedente del Ministerio de Hacienda, para que realizaran un análisis financiero contable para determinar el monto evadido.
A Hernández, en su momento la Fiscalía lo acusó de lavar $8.1 millones erogados de la Presidencia de la República, en la gestión de Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado (apropiarse de bienes del Estado), delitos que admitió en un procedimiento abreviado en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.