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Judicial

Más de $280,000 adeuda Jorge Hernández al Ministerio de Hacienda

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Transcendió que el acusado no pudo pagar la deuda debido al congelamiento de todos sus fondos a petición de la FGR.

El expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, se comprometió, en septiembre del 2022, ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador a cancelar la deuda de $280,981.89 en un plazo de 15 días. 

Sin embargo, hasta este momento el pago no se realizó al fisco, en consecuencia, el proceso penal fue reactivado.

La audiencia preliminar estaba prevista para este 1 de marzo, pero fue aplazada debido a que la defensa solicitó por escrito la suspensión de la misma.

Hernández Meléndez, de 51 años de edad, ha sido acusado por el ministerio público de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública.

El imputado que se había comprometido a cancelar el monto evadido para dar por culminada la causa penal está bajo arresto domiciliar y bajo la custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), por la resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019, cuando fue la primera audiencia del proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que en 2014, Jorge Hernández, evadió los impuestos sobre la renta por un monto de $280,981.89 en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.

En septiembre de 2020, el Juzgado Octavo de Instrucción juramentó a dos peritos de la defensa y uno propuesto por la FGR procedente del Ministerio de Hacienda, para que realizaran un análisis financiero contable para determinar el monto evadido.

A Hernández, en su momento la Fiscalía lo acusó de lavar $8.1 millones erogados de la Presidencia de la República, en la gestión de Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado (apropiarse de bienes del Estado), delitos que admitió en un procedimiento abreviado en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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FGR logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país

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Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.

El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.

La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.

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