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Más de $16,000 son incautados en casas de refugio de colombiana, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, implicada en el asesinato de fiscal paraguayo
Un total $16, 298.91 en efectivo y de diferentes divisas fue parte de lo incautado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en dos allanamientos ejecutados en las viviendas donde se refugiaba Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, la colombiana implicada en el asesinato del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que en el procedimiento efectuado en una de las viviendas decomisaron 14,970 euros, 510 dólares, 74,000 pesos colombianos, 500 pesos mexicanos, 500 coronas suecas.
Además, confiscaron tres pasaportes colombianos, un carné de registro civil, un teléfono celular, una laptop, y un recipiente con marihuana; mientras que en la otra casa incautaron cuatro teléfonos celulares, una computadora, un pasaporte y un pasaje aéreo.
Como parte del seguimiento al arresto de Margareth Chacón Zúñiga, colombiana, por su vinculación con el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, unidades especializadas de la @PNCSV y la @FGR_SV ejecutaron allanamientos en dos viviendas donde se refugiaba. https://t.co/jASM7eWI5b
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) January 20, 2023
Las viviendas se ubican en zonas residenciales de la colonia La Cima 4 y de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
«Ya lo dijimos, El Salvador no será refugio de delincuentes y estamos dispuestos a colaborar con otros países que buscan llevar ante la justicia a criminales que intentan escapar de la ley y creen que sus delitos quedarán impunes», enfatizó el titular de la seguridad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Chacón Zúniga habría tenido una notable participación en el manejo del dinero usado para la contratación de los sicarios y compra de armas con las que asesinaron al funcionario.
«La compañera, tuvo el fin de planear y proveer al articulador todos los insumos criminales para acabar con la vida del señor Marcelo Pecci», manifestó el fiscal Mario Burgos en la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Felipe Pérez Hoyos celebrada el pasado domingo 15 de enero.
La colombiana es compañera sentimental del empresario Pérez Hoyos, quien también fue capturado por el homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2021 en la playa de Barú, a una hora de Cartagena de Indias, Colombia.
Pérez Hoyos fue acusado de financiar el homicidio del funcionario fiscal y fue él mismo quien aceptó su culpabilidad en los hechos al confesar que se había aliado con su hermano Ramón Emilio para planear el asesinato de Pecci Albertini, quien pasaba su luna de miel en la playa de Barú en el Caribe de Colombia cuando fue atacado a balazos por sicarios en motos acuáticas.
El Salvador continúa recibiendo visitantes internacionales atraídos por la residencia centroamericana de la artista colombiana Shakira, que se desarrolla en el país y ha generado un flujo constante de viajeros en el Aeropuerto Internacional.
Autoridades destacaron que, desde el inicio de la residencia, turistas provenientes de distintos países han arribado al territorio nacional con el objetivo de asistir a los conciertos, posicionando al país como un punto de referencia regional para eventos musicales de gran relevancia.
«Iniciamos el fin de semana manteniendo una atención fluida y controlada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nuestro personal migratorio continúa facilitando el ingreso de viajeros que llegan al país sede de la residencia centroamericana de Shakira», informó Migración y Extranjería en su cuenta de X.
Según los datos oficiales, cada concierto reúne a 30 mil personas, quienes forman parte del público que ha viajado específicamente para presenciar el espectáculo en territorio salvadoreño.
El incremento en la llegada de visitantes internacionales refleja el impacto de este tipo de eventos en la proyección turística y cultural de El Salvador, que continúa posicionándose como un destino atractivo para espectáculos de talla internacional.
Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, impulsa una campaña en redes sociales para que la población denuncie cobros por la «reserva» de espacios en la vía pública que son utilizados como parqueo.
«La ciudad es de todos. Recuerden que si ven personas cobrando parqueo en la vía pública, denúncienlas. Nosotros seguimos vigentes 24/7», fue su llamado a los ciudadanos a través de su cuenta personal en X.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecuta operativos para garantizar que se cumpla lo establecido en el artículo 75 de la ordenanza para la convivencia ciudadana, el cual prohíbe cobros por estacionarse en espacios públicos habilitados.
La alcaldía informó que dichas infracciones son catalogadas como faltas graves y conllevan a multas de hasta $900.
Durante la última semana el CAM ha intensificado los operativos, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional Jorge «el Mágico» González, donde la cantante colombiana Shakira brinda una serie de conciertos como parte de su residencia centroamericana.
San Salvador Centro puso a disposición de los ciudadanos parqueo gratuito en las instalaciones del Complejo Chapupo Rodríguez y el parque El Talapo de 2 de la tarde a 1 de la madrugada, solo para los días en que se realicen los conciertos.
Otros sectores en la capital intervenidos por el CAM para retirar llantas inservibles, conos, bandejas y estructuras metálicas son desde la 15.ª a la 19.ª calle poniente.
El viernes 13 de febrero finalizó sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), como parte del seguimiento diario que realizan las autoridades sobre la incidencia criminal en el país.
«Finalizamos el viernes 13 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad lanzada en 2019 y reforzada posteriormente con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Estas medidas han permitido, incrementar la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como desarticular estructuras criminales.
