Nacionales
Magistrados desestiman peritaje que habla de “ataque sexual”
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, señalaron que el uso del término “ataque sexual” es un exceso del perito, porque es a los jueces a quienes les corresponde hacer una calificación jurídica.
En la versión pública de la resolución, los magistrados se contradicen en varios puntos, principalmente en lo referente a los elementos necesarios para establecer la existencia y el tipo de delito. Por ejemplo, en el punto 2.24 se dice con toda claridad que en el informe pericial “no se consigna que la víctima presente indicadores propios de las víctimas de delitos sexuales”.
Muy a pesar de eso, en el siguiente numeral se deja constancia que la persona que estuvo a cargo del peritaje utilizó el término “ataque sexual”.
Otra contradicción se da entre una acotación del numeral 2.25, que con especial énfasis señala “realizar un juicio de tipicidad que no es atribución de los forenses, sino de los Juzgadores”, y uno de los puntos del pronunciamiento público, adjunto a la resolución, que resalta que “una conducta sólo puede ser calificada como delito por parte del legislador”.
A lo largo de las 22 páginas de la resolución existen múltiples referencias a diferentes preceptos de la doctrina jurídica, más no se establece el criterio para hacer valederos determinados preceptos por encima de otros, lo que lleva a inferir que esas citas específicas se escogieron de forma arbitraria, como una especie de pivote jurídico para alcanzar una resolución que es en realidad contraria a derecho.
Parte de la doctrina citada señala que “existe un consenso en cuanto a que los actos de tocamiento, para poder constituir un delito de Agresión Sexual -y en consecuencia Agresión Sexual en Menor-, deben ser analizados en el contexto social en el que se producen”, lo que convenientemente deja espacio para que algunos tocamientos queden en la impunidad, si así lo indica el “contexto social”.
Tampoco se encuentra en esta resolución una sola referencia a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que, por su carácter de ley especial, tiene preponderancia sobre el Código Penal.
Los magistrados omitieron toda la referencia a la larga de lista de acuerdos internacionales, de los que El Salvador es firmante, que están por debajo solo de la Constitución y que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Otro aspecto preocupante de la resolución es que, si bien ambos magistrados aseguran que tuvieron en consideración el principio del interés superior de la niña, eso no los faculta para calificar como delito una conducta que no lo es.
Pero a renglón seguido, señalan que los diputados no habrían hecho bien su trabajo al redactar el Código Penal y dejaron como una simple falta los hechos que se le adjudican al magistrado Escalante, pero siendo esta la situación los magistrados, al igual que todos los jueces, deben; como lo puede explicar cualquier estudiante de Derecho, superponer el principio de constitucionalidad y declarar inaplicable cualquier normativa que no esté apegada a la letra de la Constitución, después de todo eso es exactamente lo que juran hacer cuando toman posesión del cargo.
En los últimos párrafos del pronunciamiento, los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, hacen una airada defensa de la independencia judicial y anuncian que enviarán un informe al Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas por la ola de críticas desatadas en su contra desde el 31 de octubre, cuando de palabra se dio a conocer la resolución.
Sin embargo, el pronunciamiento no incluye ni una palabra sobre la necesidad de transparentar el trabajo judicial, la falibilidad que es propia de la condición humana o el terrible mensaje de impunidad que está afectando a las víctimas de este caso, a las de casos similares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
