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La veda del camarón finaliza mañana 16 de junio en El Salvador
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca), mantienen vigilancia en las costas salvadoreñas y zonas de comercio para garantizar el cumplimiento de la veda de camarón.
Además, indicó que siguen monitoreando que los supermercados, restaurantes, hoteles, comerciantes mayoristas, importadores y exportadores de productos pesqueros hayan enviado el formulario de control de inventario a tiempo, que también es parte de las exigencias de la medida.
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La veda de camarón tiene una duración de 45 días, desde el 2 de mayo hasta el 16 de junio próximo. La medida tiene la finalidad de proteger el ciclo reproductivo de la especie, garantizando una producción sostenible con mejores volúmenes de extracción y mayor valor comercial.
El año pasado se llevaron a cabo dos vedas de este tipo, la primera en mayo con el objetivo de asegurar el período de mayor reproducción, y la otra en octubre para fomentar el crecimiento del camarón marino.
«Esta es una acción que restringe únicamente la extracción de camarón marino. Sin embargo, las otras actividades pesqueras podrán continuar con normalidad», aseguró el Gobierno por medio de un comunicado en fechas anteriores.
Asimismo, ante cualquier extracción y comercio ilegal de camarón de mar, la población podrá denunciar en cualquiera de las oficinas del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca).
Por otra parte, Agricultura reafirmó que con esta medida también se contribuye a cuidar uno de los pilares económicos de El Salvador, con la generación de más de 35,000 empleos distribuidos entre la pesca industrial.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
