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Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria revoca emergencia en penal La Esperanza
El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, retiró este viernes el estado de emergencia en el penal central La Esperanza, conocido como Mariona, porque la Dirección General de Centros Penales no justifica la declaratoria del estado de emergencia.
También el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria revocó las medidas para los reos en el pabellón habilitado en el Hospital Nacional Rosales y Hospital Psiquiátrico.
Según los juzgados, los argumentos de Centros Penales es que tienen información de inteligencia que quieren desestabilizar el orden atacando elementos de la Fuerza Armada, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y custodios de Centros Penales.
Las autoridades argumentan que desde las cárceles se pueden girar órdenes para cometer esos delitos y por el motivo es que buscan frenar la salida de información por medio de los correos de persona a persona, porque hay cero comunicaciones vía teléfono.
El Gobierno argumenta, que los pandilleros que están en libertad se reúnen en algunos puntos del país para planear ataques a personal de seguridad.
Tras la orden de retiro del estado de emergencia, el Presidente Nayib Bukele Ortez, reaccionó: “No hay prueba de que esto esté ocurriendo, dice el juzgado».
Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, indicó seguir con los lineamientos del presidente, manteniéndose emergencia máxima en todos los Centros Penales del país, debido a que han tomado medidas drásticas haciendo prevalecer la seguridad de la población honrada.
La mañana de este viernes, un grupo de familiares de miembros de estructuras criminales que guardan prisión en diferentes penales del país, protestaron en las inmediaciones de Casa Presidencial por las medidas de emergencia que dictó el presidente República, Nayib Bukele Ortez, en esas cárceles, ordenando que los reos se mantengan en encierro total.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
