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Juzgado medioambiental impone medidas cautelares al botadero del Señor Salume
La empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., que tiene un botadero ubicado en el cantón Melara, de ese mismo municipio, la cual es representada legalmente por Nicolás Salume, fue sentenciada a cumplir una lista de medidas cautelares por violar la Ley de Medio Ambiente.
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan las 500 toneladas diarias, debido a que hay información, que algunos días, la empresa recibió el doble de su capacidad, lo cual significaría un riesgo la salud de los habitantes.
Por otra parte le exigió a la empresa que entregue un reporte en los próximos cinco días con el total de desechos sólidos que ingresaron al botadero entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El Tribunal también extendió ordenes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que en los próximos 30 días realice una auditoría al relleno sanitario, con el objetivo de verificar si cumple con las condiciones que la exministra Lina Pohl determinó en el permiso que les otorgó para su funcionamiento.
Por otra parte le ordenó la fiscalización quincenal del relleno con el objetivo de verificar que éste no reciba más que su capacidad máxima. Además de verificar si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
Ordenó al Ministerio de Trabajo que verifique las condiciones laborales
Por otra parte ordenó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que cada quince días inspeccione las condiciones de los trabajadores del relleno sanitario.
Es decir verificar si los trabajadores cuentan con el equipo adecuado que no afecte ni ponga en riesgo su salud y rendir un informe de eso.
Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio y el juzgado sentenció que de no observarlas la empresa podría incurrir en el delito de desobediencia de particulares.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
Aquí la resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla:
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
