Nacionales
Juzgado medioambiental impone medidas cautelares al botadero del Señor Salume
La empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., que tiene un botadero ubicado en el cantón Melara, de ese mismo municipio, la cual es representada legalmente por Nicolás Salume, fue sentenciada a cumplir una lista de medidas cautelares por violar la Ley de Medio Ambiente.
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan las 500 toneladas diarias, debido a que hay información, que algunos días, la empresa recibió el doble de su capacidad, lo cual significaría un riesgo la salud de los habitantes.
Por otra parte le exigió a la empresa que entregue un reporte en los próximos cinco días con el total de desechos sólidos que ingresaron al botadero entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El Tribunal también extendió ordenes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que en los próximos 30 días realice una auditoría al relleno sanitario, con el objetivo de verificar si cumple con las condiciones que la exministra Lina Pohl determinó en el permiso que les otorgó para su funcionamiento.
Por otra parte le ordenó la fiscalización quincenal del relleno con el objetivo de verificar que éste no reciba más que su capacidad máxima. Además de verificar si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
Ordenó al Ministerio de Trabajo que verifique las condiciones laborales
Por otra parte ordenó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que cada quince días inspeccione las condiciones de los trabajadores del relleno sanitario.
Es decir verificar si los trabajadores cuentan con el equipo adecuado que no afecte ni ponga en riesgo su salud y rendir un informe de eso.
Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio y el juzgado sentenció que de no observarlas la empresa podría incurrir en el delito de desobediencia de particulares.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
Aquí la resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla:
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
