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Juzgado medioambiental impone medidas cautelares al botadero del Señor Salume
La empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., que tiene un botadero ubicado en el cantón Melara, de ese mismo municipio, la cual es representada legalmente por Nicolás Salume, fue sentenciada a cumplir una lista de medidas cautelares por violar la Ley de Medio Ambiente.
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan las 500 toneladas diarias, debido a que hay información, que algunos días, la empresa recibió el doble de su capacidad, lo cual significaría un riesgo la salud de los habitantes.
Por otra parte le exigió a la empresa que entregue un reporte en los próximos cinco días con el total de desechos sólidos que ingresaron al botadero entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El Tribunal también extendió ordenes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que en los próximos 30 días realice una auditoría al relleno sanitario, con el objetivo de verificar si cumple con las condiciones que la exministra Lina Pohl determinó en el permiso que les otorgó para su funcionamiento.
Por otra parte le ordenó la fiscalización quincenal del relleno con el objetivo de verificar que éste no reciba más que su capacidad máxima. Además de verificar si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
Ordenó al Ministerio de Trabajo que verifique las condiciones laborales
Por otra parte ordenó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que cada quince días inspeccione las condiciones de los trabajadores del relleno sanitario.
Es decir verificar si los trabajadores cuentan con el equipo adecuado que no afecte ni ponga en riesgo su salud y rendir un informe de eso.
Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio y el juzgado sentenció que de no observarlas la empresa podría incurrir en el delito de desobediencia de particulares.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
Aquí la resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla:
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.
Carlos Eloy Castañeda Hernández fue condenado a 37 años de prisión por homicidio simple en calidad de cómplice no necesario, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, en perjuicio de la víctima identificada como C. J. E.
Según la acusación, ese día, tras una fuerte discusión, el hijo del procesado, identificado en el caso únicamente como Samuel, «disparó con un arma de fuego contra la víctima. En ese mismo hecho, el imputado le arrebató el arma y disparó contra las otras tres víctimas, causándoles lesiones. Posteriormente, el autor del homicidio (Samuel) se dio a la fuga», detallaron fuentes judiciales.
La condena impuesta a Castañeda Hernández incluye la responsabilidad en los tres casos de homicidio tentado (intento), cuyas víctimas permanecen bajo reserva de identidad, así como por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el fallo, el tribunal determinó que el imputado participó en el homicidio en calidad de cómplice no necesario, al no auxiliar a la víctima, lo que facilitó la fuga del asesino Samuel.
Por el delito de homicidio simple en modalidad de complicidad no necesaria, el tribunal le impuso diez años de prisión. Por cada uno de los homicidios tentados (intentos), ocho años; y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tres años de prisión
