Nacionales
Juzgado medioambiental impone medidas cautelares al botadero del Señor Salume
La empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., que tiene un botadero ubicado en el cantón Melara, de ese mismo municipio, la cual es representada legalmente por Nicolás Salume, fue sentenciada a cumplir una lista de medidas cautelares por violar la Ley de Medio Ambiente.
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan las 500 toneladas diarias, debido a que hay información, que algunos días, la empresa recibió el doble de su capacidad, lo cual significaría un riesgo la salud de los habitantes.
Por otra parte le exigió a la empresa que entregue un reporte en los próximos cinco días con el total de desechos sólidos que ingresaron al botadero entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El Tribunal también extendió ordenes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que en los próximos 30 días realice una auditoría al relleno sanitario, con el objetivo de verificar si cumple con las condiciones que la exministra Lina Pohl determinó en el permiso que les otorgó para su funcionamiento.
Por otra parte le ordenó la fiscalización quincenal del relleno con el objetivo de verificar que éste no reciba más que su capacidad máxima. Además de verificar si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
Ordenó al Ministerio de Trabajo que verifique las condiciones laborales
Por otra parte ordenó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que cada quince días inspeccione las condiciones de los trabajadores del relleno sanitario.
Es decir verificar si los trabajadores cuentan con el equipo adecuado que no afecte ni ponga en riesgo su salud y rendir un informe de eso.
Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio y el juzgado sentenció que de no observarlas la empresa podría incurrir en el delito de desobediencia de particulares.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
Aquí la resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla:
Una nueva jornada con cero homicidios se suma a las estadísticas de febrero. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) el 14 de febrero finalizó sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el sábado 14 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Con este día sin homicidios, El Salvador suma un total de 11 jornadas sin muertes violentas solo en febrero. Las autoridades señalan que estos resultados se han obtenido gracias a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Estas estrategias de seguridad han permito la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como la desarticulación de estructuras criminales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
