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Juzgado medioambiental impone medidas cautelares al botadero del Señor Salume
La empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., que tiene un botadero ubicado en el cantón Melara, de ese mismo municipio, la cual es representada legalmente por Nicolás Salume, fue sentenciada a cumplir una lista de medidas cautelares por violar la Ley de Medio Ambiente.
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan las 500 toneladas diarias, debido a que hay información, que algunos días, la empresa recibió el doble de su capacidad, lo cual significaría un riesgo la salud de los habitantes.
Por otra parte le exigió a la empresa que entregue un reporte en los próximos cinco días con el total de desechos sólidos que ingresaron al botadero entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El Tribunal también extendió ordenes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que en los próximos 30 días realice una auditoría al relleno sanitario, con el objetivo de verificar si cumple con las condiciones que la exministra Lina Pohl determinó en el permiso que les otorgó para su funcionamiento.
Por otra parte le ordenó la fiscalización quincenal del relleno con el objetivo de verificar que éste no reciba más que su capacidad máxima. Además de verificar si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
Ordenó al Ministerio de Trabajo que verifique las condiciones laborales
Por otra parte ordenó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que cada quince días inspeccione las condiciones de los trabajadores del relleno sanitario.
Es decir verificar si los trabajadores cuentan con el equipo adecuado que no afecte ni ponga en riesgo su salud y rendir un informe de eso.
Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio y el juzgado sentenció que de no observarlas la empresa podría incurrir en el delito de desobediencia de particulares.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
Aquí la resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla:
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
