Judicial
JUICIO: Continúa audiencia contra profesora por lavado de dinero
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador suspendió este día la vista pública contra Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de lavado de dinero y activos. La audiencia continuará el próximo lunes 27, a las 9:00 am.
El motivo de la suspensión se debió a que, la perito que debía declarar este día presentó una incapacidad médica y no se encontraba en condiciones de asistir. El Tribunal ordenó que médicos de Medicina Legal le realizaran una evaluación, lo que fue corroborado.
En el transcurso de la vista pública han declarado en total cuatro testigos de cargo y uno de descargo, entre ellos un perito financiero, asimismo ya se incorporó la prueba documental.
La mujer es acusada de presuntamente lavar al menos 220 mil dólares, junto a un grupo familiar de ocho personas, por medio de transacciones financieras que recibía desde Estados Unidos y Perú.
Las investigaciones iniciaron luego que a Jaime Adalberto Flores Batres, hermano de la acusada y Sonia Maricel Amaya Márquez, se les encontrará 196 mil dólares en efectivo, el 5 de julio de 2012, cuando se encontraban en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en dicho lugar iban abordar un vuelo hacia Lima, Perú. Agentes de la División Antinarcóticos les realizaron un registro rutinario y encontraron el dinero en las maletas de mano que ambos sujetos portaban. Al preguntar de donde era obtenido el dinero el señor Flores Batres dijo que él era representante de una empresa que se encontraba en Perú, mostrando un documento que lo acreditaba como tal.
Con relación a lo anterior se iniciaron las investigaciones, solicitando reportes financieros de las transacciones que realizaba, encontrando que alimentaba ocho cuentas bancarias, donde se movilizaban alrededor de 18 millones de dólares, entre ellas la de la señora Flores Batres. Por lo anterior se ordenó la captura de todos los involucrados, por considerar que se estaba dando un incremento patrimonial no justificado.
Posteriormente se realizó un allanamiento el 26 de julio de 2016 en la casa de habitación de Anabel Flores, donde fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía.
Los demás acusados se encontraban prófugos de la justicia hasta diciembre del año pasado, que se presentaron al Juzgado de Instrucción argumentando que se sentían amenazados en su integridad personal, por tal razón no habían asistido a los llamados y se encontraban fuera del país. El juez dio por justificada la incomparecencia, por tanto les dio medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso penal.
Anabel también cuenta con medidas sustitutivas a la detención, otorgadas por el Tribunal, luego de una audiencia especial realizada el 28 de febrero de 2018, por padecer de una enfermedad, donde el tribunal colegiado resolvió que, este era un caso que constituye la suspensión de las medidas cautelares, dada la necesidad de la atención médica, pero se sujetó al pago de una fianza económica de 100 mil dólares, al mismo tiempo que cumpliría con las reglas de no salir del país, fijar una residencia determinada donde pueda ser localizada y presentarse a firmar al tribunal cada ocho días.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
