Judicial
Tribunal suspende juicio contra exministro Landaverde por caso Asocambio
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspendió el juicio contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y otros exfuncionarios acusados por el desvío de más de medio millón de dólares de las tiendas penitenciarias a través de la creación de la Asociación Yo Cambio, entre el 2018 y 2019.
Asocambio estaba conformada por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro del ramo, Raúl Antonio López, quien fungía como vicepresidente; Marco Tulio Lima, ejercía las funciones de secretario; José Roberto Nóchez, era síndico; Flor de María Hernández, tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, primer vocal; y el subdirector de centros penales, Orlando Elias Molina Ríos, era el segundo vocal.
A los procesados se les incrimina los delitos de cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.
Entre los imputados hay 13 personas más que se aprovecharon ilegítimamente del dinero, entre ellos, empleados de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), a través de pagos de horas extras.
La investigación fiscal detalla que algunas retribuciones alcanzaron montos de $2,000 y $3,000 que fueron cancelados de los fondos de las tiendas y por ANDA al mismo tiempo.
En reiteradas ocasiones, la representación fiscal, a través de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, ha mencionado que tienen más de 2,000 elementos de prueba, entre ellas, pericias contables, declaración de testigos y análisis de firmas de documentos, que demuestran que el monto malversado, mediante el desvío de fondos de las tiendas penitenciarias asciende a un aproximado de medio millón de dólares.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
