Judicial
Ruth Eleonora López, bogada del FMLN, presenta inconstitucionalidad contra Estado de Excepción
La abogada del FMLN, Ruth Eleonora López, presentó el domingo una reforma contra la Ley de Estado de Excepción que fue aprobada ayer sábado en la Asamablea Legislativa.
“Junto a René Franco hace unas horas presentamos una inconstitucionalidad contra el Régimen de Excepción aprobado ayer por la Asamblea Legislativa. Doy mis razones y adjunto texto.” afirmó la abogada del FMLN.
Según la abogada se ha violado el articulo 29 de la Constitución, en la que se restringe el derecho a la libertad de tránsito, a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto fin, así como el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
Junto a @refrancosa hace unas horas presentamos una inconstitucionalidad contra el Régimen de Excepción aprobado ayer por la @AsambleaSV Doy mis razones y adjunto texto.
Abro ? pic.twitter.com/pgH9qcHdQc— Ruth Eleonora López (@Ruth_Lopez1977) March 16, 2020
El sábado, con 57 votos a favor, se aprobó la propuesta del Gobierno del Presidente Nayib Bukele de restringir la libertad de circulación para proteger y cuidar la salud de los salvadoreños ante la pandemia del Coronavirus o COVID -19.
Tuvieron que pasar varias horas de discusión en la Asamblea Legislativa para que los diputados aprobaran el Estado de Excepción.
Tal como lo propuso el Gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente, Nayib Bukele, esta ley buscará darle más herramientas al Gobierno para combatir el COVID -19 que está afectado a todo el mundo.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
