Judicial
Reprograman audiencia contra expresidente Saca y dos exdirigentes del COENA por desvío de fondos de Taiwán
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, suspendió hoy una audiencia preliminar en contra de Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca y Juan Tennant Wright Castro, para que respondan por los $10 millones que donó a El Salvador la República de China Taiwán y que ARENA se apropió.
Esta diligencia serviría para que los tres imputados fueran sobreseídos de forma definitiva de lavado de dinero por prescripción del delito, pero la importancia de la diligencia, según la Fiscalía, es que se pedirá que respondan ante el Estado los $10 millones que fueron a parar a cuentas privadas, ya que si bien por la vía penal ya no se les puede perseguir, por la vía civil está activo el caso.
En el proceso el ministerio público dice que los $10 millones los recibió mediante cheques el expresidente Francisco Flores, y luego los endosó para depositarlos en una cuenta corriente del Banco Off Shore Cuscatlán International Bank And Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, fondos que después fueron trasladados a una cuenta que ARENA tenía en el Banco Cuscatlán.
Penalmente ya no se puede hacer nada ya que Saca, Wrigth y Balzaretti Kriete, fueron exonerados de forma definitiva por orden de la Sala de lo Penal, ya que en una casación dijo que el delito de lavado de dinero atribuido a los tres ya había prescrito.
Para hacerle pagar el dinero la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado «Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán», donde un perito confirma que hay pruebas que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero, y que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.
En el expediente, demás, de Saca, Wright y Balzaretti Kriete, se mencionan el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), María Elena Fernández de Samayoa y María Elena de Lourdes Samayoa de Altamirano.
Según la acusación fiscal, el desembolso de los $10 millones lo hizo Taiwán entre octubre y diciembre de 2003, esas donaciones la Fiscalía la prueba con documentación entregada por la embajada de esa nación asiática en donde se confirma la cantidad y el nombre de cada proyecto.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
