Judicial
Representante de QUIMAGRO SA. de CV presenta petición para destituir al Fiscal general
El empresario Antonio Vega, representante de QUIMAGRO, SA. de CV., presentó esta día una petición de destitución en contra del Fiscal general de la República, Douglas Meléndez ante la Asamblea Legislativa.
El documento presentado por Vega señala un incumplimiento legal por parte del Fiscal general así como incompetencia del mismo en el ejercicio de sus funciones, tras una serie de atropellos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que Vega se considera víctima de los mismos.
En especial en el caso de prevaricato contra tres exmagistrados entre ellos Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal a beneficio de un banco trasnacional, en perjuicio de la sociedad que representa.
Sin embargo, el titular del ministerio púbico tardó casi un año en resolver y lo hizo de forma ilegal, al ignorar que una interlocutoria es una sentencia conforme a la ley.
«Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192, inciso 2 de la Constitución», dijo Vega.
Antonio Vega enfatizó que «hay una serie de atropellos por los que me considero víctima de la Fiscalía General de la República, ya que el fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandandolo al archivo», resaltó.
«Nosotros tenemos una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, la Sala falló a favor de nuestros intereses y la Sala de los Constitucional en 2016 le dio vuelta a esa resolución a lo ordenado por la Sala de lo Civil, lo que implicó que en ese momento se volviera el caso bajo principio que no tienen nada de legal, en vista de esa resolución interlocutoria se presentó el aviso a la fiscalía», expuso Vega.
Los hechos por los que se pedirá la destitución de Douglas Meléndez Ruiz se remontan al 17 de octubre de 2016 cuando se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
