Judicial
Representante de QUIMAGRO SA. de CV presenta petición para destituir al Fiscal general
El empresario Antonio Vega, representante de QUIMAGRO, SA. de CV., presentó esta día una petición de destitución en contra del Fiscal general de la República, Douglas Meléndez ante la Asamblea Legislativa.
El documento presentado por Vega señala un incumplimiento legal por parte del Fiscal general así como incompetencia del mismo en el ejercicio de sus funciones, tras una serie de atropellos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que Vega se considera víctima de los mismos.
En especial en el caso de prevaricato contra tres exmagistrados entre ellos Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal a beneficio de un banco trasnacional, en perjuicio de la sociedad que representa.
Sin embargo, el titular del ministerio púbico tardó casi un año en resolver y lo hizo de forma ilegal, al ignorar que una interlocutoria es una sentencia conforme a la ley.
«Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192, inciso 2 de la Constitución», dijo Vega.
Antonio Vega enfatizó que «hay una serie de atropellos por los que me considero víctima de la Fiscalía General de la República, ya que el fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandandolo al archivo», resaltó.
«Nosotros tenemos una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, la Sala falló a favor de nuestros intereses y la Sala de los Constitucional en 2016 le dio vuelta a esa resolución a lo ordenado por la Sala de lo Civil, lo que implicó que en ese momento se volviera el caso bajo principio que no tienen nada de legal, en vista de esa resolución interlocutoria se presentó el aviso a la fiscalía», expuso Vega.
Los hechos por los que se pedirá la destitución de Douglas Meléndez Ruiz se remontan al 17 de octubre de 2016 cuando se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
