Judicial
Representante de QUIMAGRO SA. de CV presenta petición para destituir al Fiscal general
El empresario Antonio Vega, representante de QUIMAGRO, SA. de CV., presentó esta día una petición de destitución en contra del Fiscal general de la República, Douglas Meléndez ante la Asamblea Legislativa.
El documento presentado por Vega señala un incumplimiento legal por parte del Fiscal general así como incompetencia del mismo en el ejercicio de sus funciones, tras una serie de atropellos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que Vega se considera víctima de los mismos.
En especial en el caso de prevaricato contra tres exmagistrados entre ellos Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal a beneficio de un banco trasnacional, en perjuicio de la sociedad que representa.
Sin embargo, el titular del ministerio púbico tardó casi un año en resolver y lo hizo de forma ilegal, al ignorar que una interlocutoria es una sentencia conforme a la ley.
«Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192, inciso 2 de la Constitución», dijo Vega.
Antonio Vega enfatizó que «hay una serie de atropellos por los que me considero víctima de la Fiscalía General de la República, ya que el fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandandolo al archivo», resaltó.
«Nosotros tenemos una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, la Sala falló a favor de nuestros intereses y la Sala de los Constitucional en 2016 le dio vuelta a esa resolución a lo ordenado por la Sala de lo Civil, lo que implicó que en ese momento se volviera el caso bajo principio que no tienen nada de legal, en vista de esa resolución interlocutoria se presentó el aviso a la fiscalía», expuso Vega.
Los hechos por los que se pedirá la destitución de Douglas Meléndez Ruiz se remontan al 17 de octubre de 2016 cuando se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
