Judicial
Raúl Mijango irá a juicio junto a otros pandilleros por el delito de extorsión a empresa arrocera
El juzgado especializado de instrucción «B» envió al exmediador de la denominada «tregua entre pandillas», Raúl Mijango y 17 pandilleros más irán a juicio acusado por extorsionar a una empresa arrocera.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) Mijango organizó a pandilleros de la MS y 18 sureños para extorsionar a la empresa, en el año 2010 con $18 mil, pero en 2012, Mijango junto a los pandilleros negociaron bajar el monto a $6 mil, posteriormente pedían productos alimenticios. En total habrían recibido unos $300,000.
Meses antes la fiscalía acusó a Raúl Mijango de estar involucrado en el asesinato de una persona, presumiblemente pandillero, por «no hacer caso para reducir los homicidios», el crimen se habrían cometido el 19 de octubre de 2012 en un centro penal; la víctima fue envenenada. Todo esto, según el Ministerio Público, ocurrió en el marco de la tregua.
Según un testigo presentado por la FGR Mijango le dijo a otros cabecillas «ustedes ya saben que hacer», lo que interpretan como una orden para matar al criminal.
También en agosto de 2017, Mijango, el exdirector de centros penales, Nelson Rauda y 18 personas más fue procesados por el Caso Tregua, y aunque fueron exonerados de cargos, esta semana se ordenó la reapertura del caso.
POR: El Salvador Times.
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La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 14 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) hasta 102 años de prisión.
De acuerdo con la FGR, a estos sujetos fueron procesados por múltiples delitos cometidos entre el 2020 y 2021, en diferentes zonas de Cuscatlán.
Entre estos estos está Rudi Javier López, quien recibió la pena máxima (102 años) por los delitos de extorsión a gravada, proposición y conspiración para cometer homicidio.
Todos son miembros de la clica Hollywood Locos Salvatruchos y Little Danger Locos Salvatruchos. A todos se les atribuyen los delitos de homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, detalló la FGR.
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Judicial
Dictan medidas de internamiento por 12 años para menores detenidos durante régimen de excepción
Por pertenecer a un grupo terroristas, se le dictó medidas de internamiento durante 12 años a seis menores de edad, a quienes la Fiscalía les comprobó que son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los menores infractores fueron detenidos durante la aplicación del régimen de excepción en los municipios de Ilobasco, Guacotecti, Victoria y Sensuntepeque, todos del departamento de Cabañas.
En el procedimiento, los menores portaban teléfonos celulares, en los cuales se encontraron abundantes imágenes, mensajes y audios vinculados al accionar del grupo criminal antes mencionado.
En la vista de causa, los fiscales presentaron abundante prueba documental, testimonial, pericial y testimonial pericial, misma que fue admitida por el Juzgado de Menores de Sensuntepeque, y fue posible establecer la existencia del ilícito.
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“𝘓𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘫𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢́ 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘺 𝘦𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘪́𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘰 𝘢𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶 𝘦𝘹𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯̃𝘦𝘳𝘢, 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘰 𝘤𝘶𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘧𝘭𝘢𝘨𝘳𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢”.
A eso de las 10:00 de la noche del viernes 27 de enero pasado, José Armando R. G., de 44 años de edad, en estado de ebriedad, llegó a la casa de su expareja en el Reparto Las Cañas, de Ilopango, para gritarle que abriera la puerta.
La mujer abrió y, en ese momento, el sujeto comenzó a gritarle enfrente de los dos hijos de ambos.
Los vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911, cuyos agentes llegaron para verificar lo que ocurría. En el lugar se dieron cuenta que existían medidas cautelares para que el sujeto no se acercara a su excompañera de vida, por lo cual procedieron a detenerlo.
José Armando fue acusado por el delito de desobediencias en caso de medidas cautelares o de protección en el Juzgado de Paz de Ilopango, donde se le aplicó una suspensión condicional del procedimiento con medidas de estricto cumplimiento durante un año, siendo ellas:
No cambiar de domicilio (vive separado de su pareja), no salir del país sin autorización judicial, presentarse una vez al mes a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos y acudir a terapias al Centro de Atención Psicosocial (CAPS) de la Corte Suprema de Justicia para recibir un tratamiento y poder así controlar su ira.
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