Judicial
Raúl Mijango irá a juicio junto a otros pandilleros por el delito de extorsión a empresa arrocera
El juzgado especializado de instrucción “B” envió al exmediador de la denominada “tregua entre pandillas”, Raúl Mijango y 17 pandilleros más irán a juicio acusado por extorsionar a una empresa arrocera.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) Mijango organizó a pandilleros de la MS y 18 sureños para extorsionar a la empresa, en el año 2010 con $18 mil, pero en 2012, Mijango junto a los pandilleros negociaron bajar el monto a $6 mil, posteriormente pedían productos alimenticios. En total habrían recibido unos $300,000.
Meses antes la fiscalía acusó a Raúl Mijango de estar involucrado en el asesinato de una persona, presumiblemente pandillero, por “no hacer caso para reducir los homicidios”, el crimen se habrían cometido el 19 de octubre de 2012 en un centro penal; la víctima fue envenenada. Todo esto, según el Ministerio Público, ocurrió en el marco de la tregua.
Según un testigo presentado por la FGR Mijango le dijo a otros cabecillas “ustedes ya saben que hacer”, lo que interpretan como una orden para matar al criminal.
También en agosto de 2017, Mijango, el exdirector de centros penales, Nelson Rauda y 18 personas más fue procesados por el Caso Tregua, y aunque fueron exonerados de cargos, esta semana se ordenó la reapertura del caso.
POR: El Salvador Times.
En el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador se lleva a cabo la continuación del juicio contra 14 pandilleros de la MS, acusados de Lavado de Dinero y Activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, los pandilleros utilizaban el dinero que recogían de la extorsión en la compra de carros, instalar negocios u otras actividades para el lavado del dinero.
De acuerdo a la fiscal del caso, los delincuentes además se captaban fondos provenientes de contrabando, además de la venta y distribución de drogas.
Así mismo, los imputados utilizaban a prestanombres o testaferros para realizar esta actividad ilícita, indicó la representación del Ministerio Público.
De ser encontrados culpables, los pandilleros podrían recibir condenas que van de los 8 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal.
Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.
Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.
Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.
Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.
