Judicial
Prisión provisional para miembros de la red que vendía vehículos alquilados
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez de San Salvador resolvió decretar la instrucción formal del proceso penal y la detención provisional para 5 personas, al quedar establecida su participación en delitos relacionados a la venta fraudulenta de vehículos y que eran alquilados en diferentes negocios. Bajo órdenes administrativas, fueron capturados el pasado 2 de los corrientes.
El fiscal de la Unidad Especializada de Hurto y Robo de Vehículos explicó que el Juzgado 15° de Paz instaló la audiencia inicial en contra de los acusados, a quienes se les atribuyen delitos de Estafa, Falsedad ideológica, Apropiación indebida de vehículo y otros.
“Hemos aportado suficientes elementos iniciales de prueba y a criterio del juzgador son suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos, como la participación de los involucrados”, detalló el fiscal. Es así como se ha resuelto que permanezcan bajo detención preventiva hasta que se celebre la audiencia preliminar.
Los acusados son: René Stanley Ramos Hernández, José Eduardo Gaitán Aldana, Williams Francisco Villalta Pineda Jobab Isaí Segura Gómez y Evelyn Jennette Castillo Ramírez.
Las investigaciones establecen que, en el año 2019, los imputados formaron una red de dedicada a rentar vehículos que luego vendían a otras personas con documentación falsa, utilizando tramitadora de la Plaza Mariachi en esta capital.
Se lograron identificar un total de ocho vehículos rentados, apropiados y vendidos de forma fraudulenta y con lo que se estima que estafaron a sus víctimas hasta por un monto aproximado de $75,000.
La unidad especializada de delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República logró condenar a siete miembros de la pandilla Barrio 18 por el delito de Extorsión Agravada, modalidad continuada, en perjuicio una víctima protegida.
Los sentenciados son:
Nancy Patricia Santos Cruz, Yenmy Adilene Alvarado Peña, Carmen Lucía Palacios Quintanilla, Silvia Aracely Sarmiento Vásquez,
Jennifer Eneyda Paredes López, Nerys Edgardo Morales. Todos condenados a 20 años de prisión por el Ilícito en mención. Mientras que Jonhy Stanley Garcia Rosales fue sentenciado a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados eran los encargados de recoger el dinero proveniente de la Extorsión, que otros miembros de la misma pandilla exigían a comerciantes y empresarios de la zona norte del departamento de La Libertad y sur poniente de Sonsonate.
Los hechos ocurrieron durante todo el año 2019, en los municipios de Colón, Sacacoyo, Santa Tecla, departamento de La Libertad; y Armenia, Sonsonate.
El juez 1° de sentencia de Santa Tecla validó toda prueba presentada por los fiscales del caso y decidió imponer la pena máxima establecida para el delito de Extorsión a cada imputado.
Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.
El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».
La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.
En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.
En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.
Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.
Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.
Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.
La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.
El Tribunal Primero de Sentencia, de Santa Ana, condenó a 100 años de prisión a Edwin Armando Ramos Sandoval y Miguel Antonio Martínez Guevara, por el homicidio agravado de dos agentes policiales.
A los acusados se le impuso una pena de 50 años de cárcel por cada homicidio.
Cabe mencionar que esto ocurrió en abril del año 2019, cuando ambos miembros de la PNC patrullaban a bordo de una motocicleta en el Barrio San Rafael, de Santa Ana, cuando fueron atacados con armas de fuego.
