Judicial
Pandillero que colocó coche bomba en Centro de Gobierno es condenado a 15 años de prisión
Jonathan Humberto Ruiz Lobos, alias “Sayco” y quien era miembro de una estructura terrorista fue condenado a 15 años de prisión, por el Tribunal Especializado de Sentencia “B” en San Salvador, luego de encontrarlo culpable por los delitos de actividades delictivas relacionadas con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos o biológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares agravadas y por organizaciones terroristas.
Parte de la prueba expuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron las declaraciones de dos exintegrantes de la Pandilla 18 Revolucionarios, quienes relataron ante el juez los distintos hechos delictivos cometidos por esa organización criminal.
De acuerdo a la versión testimonial, los sujetos pretendían utilizar artefactos explosivos para causar daño y terror en la población.
El juicio fue desarrollado en la modalidad de videoconferencia, debido a que Ruiz Lobos guardaba prisión de manera provisional en un centro penitenciario.
Al sujeto se le impuso 12 años por el primer ilícito; mientras que por organizaciones terroristas se le sumaron tres años.
En enero de este 2018 ya había sido condenado Noel Artemio Ortiz Tobar, a quien se le atribuyeron los mismos delitos y el mismo tiempo de prisión.
Varios sujetos, incluyendo militares, estacionaron un vehículo con explosivos frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 28 de agosto del año 2015.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
