Judicial
Pandillero es condenado por exigir dinero a su víctima a cambio de no atentar contra su vida
El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso penal y la detención en contra de Marvin Alexander M., de 32 años, a quien la Fiscalía acusa del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima que goza de régimen de protección
Los hechos iniciaron el 30 de noviembre de 2020, cuando la victima interpuso la denuncia manifestando que ese día, en horas de la mañana, un empleado de su negocio de Santa Ana recibió una llamada a su número personal en donde la persona al otro lado de la línea se identificó como miembro de la MS-13 y le dijo que para el 30 de diciembre querían $800 de aguinaldo y que cada 15 días deberían pagar $400, a cambio de no atenta contra los empleados y la víctima.
Fue así como los ofendidos autorizaron a un investigador para que continuara con el trámite de negociación con los delincuentes; y desde el 10 de diciembre del referido año.
El investigador comenzó a recibir llamadas y a negociar con los pandilleros. En esas llamadas le hicieron saber que necesitaban al menos $300.
La víctima les dijo que se los daría para que no sospecharan que los había denunciado. Fue así como se programó entregar el dinero en la calle principal de la colonia Lucila, la tarde del 16 de diciembre del año 2020.
El imputado recibió el dinero por parte de la víctima y luego comenzó a correr y se subió por los techos de las viviendas. Agentes policiales que custodiaban la escena, comenzaron a perseguirlo y lograron detenerlo en flagrancia.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
