Judicial
La suplica de un anciano al ser baleado: “¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”
La noche del 8 de junio de 2017, el centro de San Salvador fue testigo de una escena de batalla campal, luego de que se originara una disputa entre un anciano de 67 años de edad y un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, exigía su teléfono celular a cada persona que se encontraba en su camino, tras haberle sido hurtado.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del mercado Ex-Cuartel, sobre la 8 avenida Sur, cuando un sujeto vestido con ropas femeninas se le acercó a “San José” -la víctima, a quien en el proceso judicial desarrollado se le asignó esa clave de protección- y le sustrajo el aparato telefónico de una de las bolsas de su pantalón, aprovechando la condición en la que se encontraba luego de ingerir bebidas embriagantes.
Su estado y el enojo cegaron a “San José”, por lo que empezó a hostigar a los peatones, entre ellos a Jesús Benítez, el anciano de 67 años que se encontraba en la zona, debido a que se dedica a hacer viajes particulares.
Una discusión inició, pero fue tan acalorada que tanto Benítez como “San José” sacaron unas armas. El primero, un machete; mientras que el segundo, una pistola. Ambos no dudaron en utilizarlas, según el relato proporcionado por la víctima.
De acuerdo a “San José”, el anciano lo atacó con el arma blanca provocándole una herida en la muñeca y en la mano derecha, por lo que este habría disparado en su contra para repeler el ataque.
“¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”, fueron las palabras que Benítez emitió mientras se encontraba tirado en el pavimento.
Ante esto, “San José” intentó huir para salvaguardar su vida, pero cuando se encontraba entre la 1 y 3 calle Oriente fue alcanzado por tres hombres, quienes se conducían cada uno en un vehículo particular.
El fin de ellos habría sido defender a Benítez, debido a que es una persona conocida en la zona y quien con los años –trazado con su pelo cano- ha marcado respeto y cariño entre los taxistas, vendedores y demás personas que se mantienen en el área.
El ataque para defender al anciano
A eso de las 11:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Unidad de Emergencias del 911, fueron alertados de que por el mercado en donde se comercializa artesanías, ropa, calzado y alimentos se habían escuchado varias detonaciones, al menos siete disparos.
Al llegar al lugar encontraron en el suelo a “San José”, quien minutos antes había recibido unos disparos en su cuerpo por parte de los tres sujetos que protegían a Benítez.
Unas cámaras de videovigilancia lograron captar la escena en donde corrían los tres sujetos, no así Benítez, quien yacía en el Hospital Nacional Rosales, luego de que su hijo lo llevara para que pudiera recibir atención médica.
Al día siguiente, la policía logró detectar que el anciano se encontraba interno en el centro médico y fue detenido, luego de que “San José” interpusiera la denuncia por el supuesto ataque que recibió de su parte.
El juicio en contra de Benítez
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública, luego de que el caso iniciara en el Juzgado 12° de Paz, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusara al anciano del delito de homicidio tentado en contra de “San José”.
En el juicio se detalló que la víctima actualmente sufre como secuela una discapacidad permanente de la muñeca y la mano derecha.
Además, se constató que Benítez guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; que no tiene licencia para utilizar armas de fuego, pero que tampoco tiene alguna arma a su nombre ni antecedentes penales.
Por la prueba que desfiló ante el juez, este indicó que no hubo algo que comprobara y detallara la participación de Benítez en el ataque, por lo que emitió un fallo absolutorio a favor del anciano.
Pese a ello, el imputado no logró recuperar su libertad, debido a que fue culpado de pertenecer a una pandilla. Por esto, la FGR lo culpa de organizaciones terroristas y está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
