Judicial
La suplica de un anciano al ser baleado: “¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”
La noche del 8 de junio de 2017, el centro de San Salvador fue testigo de una escena de batalla campal, luego de que se originara una disputa entre un anciano de 67 años de edad y un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, exigía su teléfono celular a cada persona que se encontraba en su camino, tras haberle sido hurtado.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del mercado Ex-Cuartel, sobre la 8 avenida Sur, cuando un sujeto vestido con ropas femeninas se le acercó a “San José” -la víctima, a quien en el proceso judicial desarrollado se le asignó esa clave de protección- y le sustrajo el aparato telefónico de una de las bolsas de su pantalón, aprovechando la condición en la que se encontraba luego de ingerir bebidas embriagantes.
Su estado y el enojo cegaron a “San José”, por lo que empezó a hostigar a los peatones, entre ellos a Jesús Benítez, el anciano de 67 años que se encontraba en la zona, debido a que se dedica a hacer viajes particulares.
Una discusión inició, pero fue tan acalorada que tanto Benítez como “San José” sacaron unas armas. El primero, un machete; mientras que el segundo, una pistola. Ambos no dudaron en utilizarlas, según el relato proporcionado por la víctima.
De acuerdo a “San José”, el anciano lo atacó con el arma blanca provocándole una herida en la muñeca y en la mano derecha, por lo que este habría disparado en su contra para repeler el ataque.
“¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”, fueron las palabras que Benítez emitió mientras se encontraba tirado en el pavimento.
Ante esto, “San José” intentó huir para salvaguardar su vida, pero cuando se encontraba entre la 1 y 3 calle Oriente fue alcanzado por tres hombres, quienes se conducían cada uno en un vehículo particular.
El fin de ellos habría sido defender a Benítez, debido a que es una persona conocida en la zona y quien con los años –trazado con su pelo cano- ha marcado respeto y cariño entre los taxistas, vendedores y demás personas que se mantienen en el área.
El ataque para defender al anciano
A eso de las 11:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Unidad de Emergencias del 911, fueron alertados de que por el mercado en donde se comercializa artesanías, ropa, calzado y alimentos se habían escuchado varias detonaciones, al menos siete disparos.
Al llegar al lugar encontraron en el suelo a “San José”, quien minutos antes había recibido unos disparos en su cuerpo por parte de los tres sujetos que protegían a Benítez.
Unas cámaras de videovigilancia lograron captar la escena en donde corrían los tres sujetos, no así Benítez, quien yacía en el Hospital Nacional Rosales, luego de que su hijo lo llevara para que pudiera recibir atención médica.
Al día siguiente, la policía logró detectar que el anciano se encontraba interno en el centro médico y fue detenido, luego de que “San José” interpusiera la denuncia por el supuesto ataque que recibió de su parte.
El juicio en contra de Benítez
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública, luego de que el caso iniciara en el Juzgado 12° de Paz, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusara al anciano del delito de homicidio tentado en contra de “San José”.
En el juicio se detalló que la víctima actualmente sufre como secuela una discapacidad permanente de la muñeca y la mano derecha.
Además, se constató que Benítez guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; que no tiene licencia para utilizar armas de fuego, pero que tampoco tiene alguna arma a su nombre ni antecedentes penales.
Por la prueba que desfiló ante el juez, este indicó que no hubo algo que comprobara y detallara la participación de Benítez en el ataque, por lo que emitió un fallo absolutorio a favor del anciano.
Pese a ello, el imputado no logró recuperar su libertad, debido a que fue culpado de pertenecer a una pandilla. Por esto, la FGR lo culpa de organizaciones terroristas y está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
