Judicial
La suplica de un anciano al ser baleado: “¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”
La noche del 8 de junio de 2017, el centro de San Salvador fue testigo de una escena de batalla campal, luego de que se originara una disputa entre un anciano de 67 años de edad y un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, exigía su teléfono celular a cada persona que se encontraba en su camino, tras haberle sido hurtado.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del mercado Ex-Cuartel, sobre la 8 avenida Sur, cuando un sujeto vestido con ropas femeninas se le acercó a “San José” -la víctima, a quien en el proceso judicial desarrollado se le asignó esa clave de protección- y le sustrajo el aparato telefónico de una de las bolsas de su pantalón, aprovechando la condición en la que se encontraba luego de ingerir bebidas embriagantes.
Su estado y el enojo cegaron a “San José”, por lo que empezó a hostigar a los peatones, entre ellos a Jesús Benítez, el anciano de 67 años que se encontraba en la zona, debido a que se dedica a hacer viajes particulares.
Una discusión inició, pero fue tan acalorada que tanto Benítez como “San José” sacaron unas armas. El primero, un machete; mientras que el segundo, una pistola. Ambos no dudaron en utilizarlas, según el relato proporcionado por la víctima.
De acuerdo a “San José”, el anciano lo atacó con el arma blanca provocándole una herida en la muñeca y en la mano derecha, por lo que este habría disparado en su contra para repeler el ataque.
“¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”, fueron las palabras que Benítez emitió mientras se encontraba tirado en el pavimento.
Ante esto, “San José” intentó huir para salvaguardar su vida, pero cuando se encontraba entre la 1 y 3 calle Oriente fue alcanzado por tres hombres, quienes se conducían cada uno en un vehículo particular.
El fin de ellos habría sido defender a Benítez, debido a que es una persona conocida en la zona y quien con los años –trazado con su pelo cano- ha marcado respeto y cariño entre los taxistas, vendedores y demás personas que se mantienen en el área.
El ataque para defender al anciano
A eso de las 11:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Unidad de Emergencias del 911, fueron alertados de que por el mercado en donde se comercializa artesanías, ropa, calzado y alimentos se habían escuchado varias detonaciones, al menos siete disparos.
Al llegar al lugar encontraron en el suelo a “San José”, quien minutos antes había recibido unos disparos en su cuerpo por parte de los tres sujetos que protegían a Benítez.
Unas cámaras de videovigilancia lograron captar la escena en donde corrían los tres sujetos, no así Benítez, quien yacía en el Hospital Nacional Rosales, luego de que su hijo lo llevara para que pudiera recibir atención médica.
Al día siguiente, la policía logró detectar que el anciano se encontraba interno en el centro médico y fue detenido, luego de que “San José” interpusiera la denuncia por el supuesto ataque que recibió de su parte.
El juicio en contra de Benítez
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública, luego de que el caso iniciara en el Juzgado 12° de Paz, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusara al anciano del delito de homicidio tentado en contra de “San José”.
En el juicio se detalló que la víctima actualmente sufre como secuela una discapacidad permanente de la muñeca y la mano derecha.
Además, se constató que Benítez guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; que no tiene licencia para utilizar armas de fuego, pero que tampoco tiene alguna arma a su nombre ni antecedentes penales.
Por la prueba que desfiló ante el juez, este indicó que no hubo algo que comprobara y detallara la participación de Benítez en el ataque, por lo que emitió un fallo absolutorio a favor del anciano.
Pese a ello, el imputado no logró recuperar su libertad, debido a que fue culpado de pertenecer a una pandilla. Por esto, la FGR lo culpa de organizaciones terroristas y está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
