Judicial
Juzgado resuelve mantener al IDHUCA como querella en el caso Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, resolvió declarar no ha lugar la petición de los apoderados de la Policía Nacional Civil (PNC) de excluir a la querella representada por el IDHUNCA, aduciendo falta de legitimación.
A criterio del juez Roberto Arévalo Ortuño, no hay impedimento alguno en la legitimación de la querella para que pueda actuar dentro del proceso, con todas las facultades y derechos incluyéndose, dentro de estos, la facultad para promover la acción civil, la cual va implícitamente conferida con la constitución de parte querellante en un proceso judicial.
El 19 de marzo los apoderados de la PNC presentaron un escrito al juzgado fundamentando la excepción de falta de legitimación , aduciendo que la misma no está legitimada porque la persona quien les da la facultar para querella es la madre de Carla Ayala, y que a su juicio no puede conferir poder alguno para querellar a su favor ni penal ni civilmente, basándose en el artículo 105 del Código Procesal Penal que establece quienes serán considerados victimas en un delito.
Al respecto el juzgador señaló que es una interpretación válida de los apoderados pero incompleta “Es de tomar en cuenta que al hablar de la querella estamos ante un derecho fundamental de las víctimas y de quienes pudiesen tener un interés razonable, proporcional y legítimo” acotó.
La resolución del juez hace mención al Artículo 107 del Código Procesal Penal, que reza “ todo ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituidos cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por funcionarios, empleados públicos, agentes de autoridad pública que impliquen una grave directa violación a los derechos humanos fundamentales..”
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
