Judicial
Juzgado resuelve mantener al IDHUCA como querella en el caso Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, resolvió declarar no ha lugar la petición de los apoderados de la Policía Nacional Civil (PNC) de excluir a la querella representada por el IDHUNCA, aduciendo falta de legitimación.
A criterio del juez Roberto Arévalo Ortuño, no hay impedimento alguno en la legitimación de la querella para que pueda actuar dentro del proceso, con todas las facultades y derechos incluyéndose, dentro de estos, la facultad para promover la acción civil, la cual va implícitamente conferida con la constitución de parte querellante en un proceso judicial.
El 19 de marzo los apoderados de la PNC presentaron un escrito al juzgado fundamentando la excepción de falta de legitimación , aduciendo que la misma no está legitimada porque la persona quien les da la facultar para querella es la madre de Carla Ayala, y que a su juicio no puede conferir poder alguno para querellar a su favor ni penal ni civilmente, basándose en el artículo 105 del Código Procesal Penal que establece quienes serán considerados victimas en un delito.
Al respecto el juzgador señaló que es una interpretación válida de los apoderados pero incompleta “Es de tomar en cuenta que al hablar de la querella estamos ante un derecho fundamental de las víctimas y de quienes pudiesen tener un interés razonable, proporcional y legítimo” acotó.
La resolución del juez hace mención al Artículo 107 del Código Procesal Penal, que reza “ todo ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos legalmente constituidos cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por funcionarios, empleados públicos, agentes de autoridad pública que impliquen una grave directa violación a los derechos humanos fundamentales..”
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
