Judicial
Juez dicta sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais
El Juzgado 14° de Paz de San Salvador dictó el sobreseimiento definitivo a favor de José Aquiles Enrique Rais López, Marie Annettee Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia María Alvarenga Martínez y Demetrio Alexander Palacios, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL ING, y de Franco Pacetti. Además en dicho proceso a Rais López se le acusa de estafa.
El 26 de noviembre de 2014 Fiscalía General de la República (FGR), bajo la administración del exfiscal Luis Martínez, presentó requerimiento fiscal al Juzgado 14° de Paz solicitando sobreseimiento definitivo a favor de los 6 imputados; por lo que el juez suplente, Mauricio Álvarez, otorga el sobreseimiento definitivo. Pero, los abogados de las víctimas interponen recursos de apelación, primero ante la Cámara 2° de lo Penal y posteriormente ante la Sala de Penal, dicha Sala dio la razón a la víctima y manda que la Cámara 3° de lo Penal evalúe el sobreseimiento definitivo.
Por lo que el 29 de abril de 2016, la Cámara 3° de lo Penal dictó un sobreseimiento provisional y ordenó a la FGR a cumplir con su función de investigación, verificando los requisitos de poderes otorgados en el extranjero y que realice diligencias que pidió víctima, las cuales son: hacer auditorías, peritajes, solicitud de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se mencionan en el requerimiento fiscal.
Hasta antes de dictar el sobreseimiento definitivo, el ministerio público fiscal no presentó ninguna de las diligencias que ordenó la Cámara 3° de lo Penal, por lo que el juez interino del Juzgado 14° de Paz, bajo el criterio del plazo razonable (finalización del tiempo del sobreseimiento provisional) dictó el sobreseimiento definitivo.
Desde la primera resolución del Juzgado 14° de Paz, hecha el 28 de noviembre de 2014 han presentado una serie de peticiones (recursos y casaciones) tanto de parte de los abogados de la víctima como los abogados de los imputados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
