Judicial
Joven se salva de morir a manos de pandilleros porque tuvo el valor de enfrentarlos y denunciar
“Sol”, nombre cambiado por régimen de protección, se salvó de morir a manos de unos pandilleros después de que uno lo raptara en la 1° Avenida Norte, entre la 6° y 8° Calle Oriente de la ciudad de Ahuachapán.
El crimen sucedió el 4 de marzo de este año, a eso de las 2 de la tarde.
En el requerimiento fiscal se detalla que “Sol” iba caminando por la calle con dirección a la terminal de buses ya que necesitaba abordar la ruta que de Ahuachapán se dirige a Tacuba.
La víctima sintió, de repente, que alguien lo había tomado por el hombro por lo que volteó a ver y tuvo un mal presentimiento al escuchar las palabras: “¡hey bicho! ¿Qué no escuchas que te hablo?”.
“Sol” lo supo de inmediato, aquel que lo había interrumpido era un marero. “¿De dónde sos? ¿Qué andas haciendo?”, continuó cuestionando el terrorista, mientras que “Sol” respondió que se dedicaba a ser albañil y que ya venía de trabajar.
Insatisfecho con las respuestas, el pandillero tomó por el cuello a la víctima y le dijo que caminara hacia abajo, apuntando con el dedo a algún lado, que iban a ir a “hablar” con los “home boys”.
Ante la negativa de “Sol” de caminar al lugar indicado, el marero lo llevó a empujones hasta llegar a una calle ubicada a un costado de la terminal ya que la víctima se negaba a continuar la marcha.
El criminal le arrebató la mochila que “Sol” llevaba en la espalda y la comenzó a revisar, la víctima se armó de valor y forcejeó con el individuo logrando soltarse y salir corriendo a pedir ayuda.
“Sol” interpuso la denuncia a la Policía, quienes después de las investigaciones lograron identificar al pandillero como Alfredo Otoniel G, de 21 años, y lo arrestaron por el rapto.
El terrorista fue llevado al sistema judicial, donde el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán validó las pruebas policías y fiscales y lo condenó a cuatro años de cárcel por privación de libertad.
Nota de: El Salvador Times
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
