Judicial
Integrantes de grupo de exterminio son condenados a 20 años de cárcel por homicidio
Los sentenciados también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo clandestino, y están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel.
Los primeros cuatro integrantes de un grupo de exterminio identificado como “El Diablo de Cordoncillo”, que operaban en tres municipios del departamento de La Unión, fueron condenados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
El jefe fiscal de la sede de La Unión, Alexis Gaitán, aseguró que Salvador Alfaro, Juan Diego Marchante Quintanilla, Carlos Manuel Estrada Beltrán y José Ángel Herrera Manzano tenían la función de ejecutores en el grupo clandestino.
Con diferentes pruebas, los fiscales del caso de la Unidad de Vida demostraron que los imputados son coautores del crimen de Rudy Geovany Guembes, acribillado con disparos de arma de fuego cuando se conducía en su vehículo automotor en abril del año 2018, en el barrio El Calvario de San Alejo.
Según las investigaciones decidieron asesinarlo por tener nexos con la MS.
El Juzgado de Sentencia de La Unión con base a las evidencias presentadas en el juicio los declaró responsables del delito de Homicidio Agravado.
Grupo de 32 miembros
Alexis Gaitán, explicó que los cuatro sentenciados por este caso también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo de exterminio, quienes están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel. Se les acusa de tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, un homicidio agravado tentado y organizaciones terroristas.
“El Diablo de Cordoncillo”, según el jefe fiscal, recibía financiamiento desde el extranjero y de connacionales y tenían acceso a información policial para operar clandestinamente a fin de controlar los municipios de San Alejo, Yayantique y La Unión.
Las investigaciones fiscales han establecido que dentro del grupo existen células que realizaban tareas de ejecutores, financistas y colaboradores del grupo criminal. Se estima que la banda operaba desde hace 7 años.
En diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) giró varias ordenes de captura y entre los 28 incriminados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Neftaly Moreira Romero, que estaba destacado en el puesto policial de la base rural de La Unión, ubicado en el cantón Sirama.
En el desarrollo de las indagaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, la Fiscalía General logró frustrar, al menos, 25 homicidios que se estaban planificando por el grupo criminal en los municipios de San Alejo y Yayantique.
Imagen de referencia
La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), logró condenar a 28 miembros de pandilla por los delitos de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Los terroristas pertenecen a la pandilla Barrio 18 sureños y se encontraban recluidos en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde habrían cometido los ilícitos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al inicio del mes de abril del año 2019 los condenados comenzaron a planear el asesinato de cuatro miembros de la misma estructura criminal, bajo el supuesto de haber traicionado a dicha organización.
En horas de la tarde, del 12 de abril del año en mención, sin mediar palabra, los procesados comenzaron a golpear a las víctimas hasta asesinar a cuatro de ellas.
Las responsabilidades penales se dividen de la siguiente manera: Nueve pandilleros, líderes de rango medio, fueron condenados a 46 años de prisión por el delito de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Mientras que diecinueve miembros de la pandilla fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio.
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana validó toda la prueba presentada por los fiscales, en la que resalta la prueba técnica y científica que ha logrado individualizar a cada implicado y la función que cumplió en los hechos acusados.
Judicial
Por poseer material pornográfico de menores en su celular es condenado a 10 años de prisión
Melvin Alexander Herrera González -miembro de la pandilla 18 sureños- alías “chilillo” fue sentenciado a 10 años de cárcel por poseer en su celular, material pornográfico de niñas menores de 15 años; las víctimas no han sido identificadas.
Según la representación fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA) de Zaragoza, Herrera Gonzáles fue detenido por orden judicial el 17 de septiembre de 2021, en la carretera El Litoral, a 200 metros aproximadamente del redondel Conchalío, del departamento de La Libertad, por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación y Robo Agravado; sin embargo, al momento de incautar su teléfono celular se encontró el material pornográfico.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, donde el juez valoró la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo delcaró culpable de los delitos de Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 años de cárcel), y por la Adquisición o posesión de material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o personas con discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 años de prisión).
Ana Silvia Vásquez Morán pasará sus próximos 15 años tras los barrotes de una prisión por haber recibido dinero a través de un depósito electrónico, que fue exigido con amenazas a muerte.
El fiscal del caso -que conforma el Grupo Antiextorsiones- demostró con diferentes pruebas que la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas desde el 25 de enero del año 2018, en las que le demandaron la entrega de mil dólares.
Al final, la víctima se comprometió con los extorsionistas a entregar $50 dólares de manera mensual.
El 9 de febrero del 2018 se concretó la entrega a través de los servicios electrónicos de una compañía telefónica, y fue depositado a nombre de la incriminada.
Después de las investigaciones pertinentes, la FGR giró la orden de captura contra Vásquez Morán, y posteriormente enfrentó un juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el cual la declaró responsable del delito de Extorsión Agravada.
