Judicial
Integrantes de grupo de exterminio son condenados a 20 años de cárcel por homicidio
Los sentenciados también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo clandestino, y están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel.
Los primeros cuatro integrantes de un grupo de exterminio identificado como “El Diablo de Cordoncillo”, que operaban en tres municipios del departamento de La Unión, fueron condenados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
El jefe fiscal de la sede de La Unión, Alexis Gaitán, aseguró que Salvador Alfaro, Juan Diego Marchante Quintanilla, Carlos Manuel Estrada Beltrán y José Ángel Herrera Manzano tenían la función de ejecutores en el grupo clandestino.
Con diferentes pruebas, los fiscales del caso de la Unidad de Vida demostraron que los imputados son coautores del crimen de Rudy Geovany Guembes, acribillado con disparos de arma de fuego cuando se conducía en su vehículo automotor en abril del año 2018, en el barrio El Calvario de San Alejo.
Según las investigaciones decidieron asesinarlo por tener nexos con la MS.
El Juzgado de Sentencia de La Unión con base a las evidencias presentadas en el juicio los declaró responsables del delito de Homicidio Agravado.
Grupo de 32 miembros
Alexis Gaitán, explicó que los cuatro sentenciados por este caso también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo de exterminio, quienes están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel. Se les acusa de tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, un homicidio agravado tentado y organizaciones terroristas.
“El Diablo de Cordoncillo”, según el jefe fiscal, recibía financiamiento desde el extranjero y de connacionales y tenían acceso a información policial para operar clandestinamente a fin de controlar los municipios de San Alejo, Yayantique y La Unión.
Las investigaciones fiscales han establecido que dentro del grupo existen células que realizaban tareas de ejecutores, financistas y colaboradores del grupo criminal. Se estima que la banda operaba desde hace 7 años.
En diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) giró varias ordenes de captura y entre los 28 incriminados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Neftaly Moreira Romero, que estaba destacado en el puesto policial de la base rural de La Unión, ubicado en el cantón Sirama.
En el desarrollo de las indagaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, la Fiscalía General logró frustrar, al menos, 25 homicidios que se estaban planificando por el grupo criminal en los municipios de San Alejo y Yayantique.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
