Judicial
IDHUCA pide a juez admitirlo como querellante en el caso de la agente Carla Ayala
Al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, acudieron hoy representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA) para que sean admitidos, a petición de la familia, como parte querellante en el caso de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, desaparecida desde finales de diciembre y por los que varios elementos del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) son procesados por incumplimiento de deberes y privación de libertad.
El Padre José María Tojeira, director de dicho organismo, manifestó que la familia de la víctima no quiere que el caso quede en el olvido “quieren un observador independiente y la única forma de observar es participando en el proceso”, acotó.
Manifestó que como querellantes es importante tener acceso a todos los datos que vayan saliendo durante la investigación y así podemos decir “el fiscal está dormido o la policía no investiga” “o a revés dar un testimonio que ha habido un buen proceso” señaló.
Así también Tojeira, dijo que han puesto una demanda civil a la PNC en favor de la familia solicitando una indemnización subsidiaria, ya que fue herida y secuestrada por un agente policial y al no tener el cuerpo de la víctima la demanda da inicio con una desaparición.
“En la misma querella no solo se está pidiendo la responsabilidad penal sino también que se ventile la responsabilidad civil” declaró Arnau Baulenas, coordinador Jurídico de los procesos de los Derechos Humanos de la UCA.
El juez Roberto Arévalo Ortuño, analizará el escrito y el poder otorgado por la familia de la víctima al IDHUCA, si reúne los requisitos para admitirlos y si hay alguna prevención que hacer.
Por: Menotty Noticias
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
