Judicial
IDHUCA pide a juez admitirlo como querellante en el caso de la agente Carla Ayala
Al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, acudieron hoy representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA) para que sean admitidos, a petición de la familia, como parte querellante en el caso de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, desaparecida desde finales de diciembre y por los que varios elementos del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) son procesados por incumplimiento de deberes y privación de libertad.
El Padre José María Tojeira, director de dicho organismo, manifestó que la familia de la víctima no quiere que el caso quede en el olvido “quieren un observador independiente y la única forma de observar es participando en el proceso”, acotó.
Manifestó que como querellantes es importante tener acceso a todos los datos que vayan saliendo durante la investigación y así podemos decir “el fiscal está dormido o la policía no investiga” “o a revés dar un testimonio que ha habido un buen proceso” señaló.
Así también Tojeira, dijo que han puesto una demanda civil a la PNC en favor de la familia solicitando una indemnización subsidiaria, ya que fue herida y secuestrada por un agente policial y al no tener el cuerpo de la víctima la demanda da inicio con una desaparición.
“En la misma querella no solo se está pidiendo la responsabilidad penal sino también que se ventile la responsabilidad civil” declaró Arnau Baulenas, coordinador Jurídico de los procesos de los Derechos Humanos de la UCA.
El juez Roberto Arévalo Ortuño, analizará el escrito y el poder otorgado por la familia de la víctima al IDHUCA, si reúne los requisitos para admitirlos y si hay alguna prevención que hacer.
Por: Menotty Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
