Judicial
Fiscalía gira 210 órdenes administrativas de detención contra delincuentes a nivel nacional
El fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que, en las últimas horas, se ordenaron y ejecutaron operativos simultáneos en todo el país; con los cuales se ha dado un golpe sin precedentes a estructuras criminales dedicadas a la Extorsión, Robo, Privaciones de libertad, Agresiones Sexuales, entre otros.
Las diferentes zonas del país a través de cada una de sus oficinas giraron 211 órdenes administrativas las cuales aún a esta hora se continúan realizando las capturas por parte de la PNC.
En el departamento de San Salvador se ordenaron más de 60 capturas en los municipios de Soyapango, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín, Ilopango, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado.
Entre los delitos cometidos se encuentran Homicidio Agravado, Privación de Libertad, Limitación Ilegal a la libertad de Circulación, Extorsión Agravada, Estafa, Apropiación o Retención Indebida, Disparo de Arma de Fuego y Robo.
Mientras que las oficinas Fiscales de La Unión, Morazán y San Miguel respondiendo a la demanda de justicia de la población, ordenaron esta madrugada 55 órdenes de detención las cuales fueron realizadas a través de registros y allanamientos para hacer efectivas las detenciones de implicados en delitos como Homicidio Agravado, Extorsión y acciones ilícitas de naturaleza sexual.
En La Unión se aprehendieron a 21 personas, entre ellos, algunos miembros de la MS, vinculados en tres Homicidios Agravados, seis casos de Violación en Menor e Incapaz y una Privación de Libertad. Las detenciones se realizaron en los municipios de Conchagua, Anamorós, Intipucá, Santa Rosa de Lima, Concepción de Oriente y Polorós.
En Morazán se capturaron a cuatro hombres, entre ellos, uno de nacionalidad nicaragüense, por los delitos de Violación en Menor e Incapaz, Agresión Sexual en Menor e Incapaz y Acoso Sexual.
El departamento de Cuscatlán la oficina Fiscal con sede en Cojutepeque informa que, en las últimas horas, se han detenido en los municipios de San Pedro Perulapán, San Ramón, Tenancingo y Cojutepeque a seis personas, de las cuales dos son mujeres, por estar ligados a delitos como Extorsión, Robo Agravado, Estafa y Hurto, de las 12 órdenes giradas.
Mientras que la oficina de Zacatecoluca ordenó la detención de ocho personas de las cuales se han hecho efectivas tres miembros de una estructura terrorista de la 18R, por el delito de Extorsión y la captura de Miguel García Medrano, acusado de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, las cuales fueron efectivas en diferentes cantones del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Por delitos de naturaleza sexual las oficinas de Zaragoza y Santa Tecla han girado 11 órdenes de detención administrativas por los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual y Homicidio Agravado.
La sede de Ilobasco ordenó la detención cuatro personas por los delitos de Homicidio Agravado, Desaparición de personas, Apropiación o retención indebida, Estafa, Violación en menor e incapaz, Violación en menor e incapaz continuada.
En Chalatenango se giraron 35 órdenes administrativas de detención de las cuales se han logrado hacer efectivas 19 capturas en los municipios de San Miguel de Mercedes y Chalatenango, contra estructuras terroristas de la MS, los cuales están vinculados en los delitos de Extorsión, Siembra y Cultivo; y de Acoso Sexual.
Por su parte la sede de Sonsonate ordenó la detención administrativa de cinco sujetos acusados de los delitos de Robo Agravado y Privación de Libertad; en perjuicio de una empresa distribuidora de cigarros. El hecho ocurrió 07 de agosto 2020, robaron US$9,000.00 en producto y una escopeta, hasta el momento se han hecho tres capturas efectivas por este caso.
Además, esta misma sede reporta la detención de siete sujetos acusados del delio de extorsión y dos mujeres acusadas de robo, haciendo un total de 12 capturados esta madrugada en el departamento de Sonsonate.
Para concluir la zona occidental el departamento de Ahuachapán giró 12 órdenes de detención por diferentes delitos las cuales se harán efectivas en el transcurso del día; así como la orden emitida por la oficina de Santa Ana.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.
Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.
En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.
Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.
Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.
El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.
El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
