Judicial
Fiscalía gira 210 órdenes administrativas de detención contra delincuentes a nivel nacional
El fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que, en las últimas horas, se ordenaron y ejecutaron operativos simultáneos en todo el país; con los cuales se ha dado un golpe sin precedentes a estructuras criminales dedicadas a la Extorsión, Robo, Privaciones de libertad, Agresiones Sexuales, entre otros.
Las diferentes zonas del país a través de cada una de sus oficinas giraron 211 órdenes administrativas las cuales aún a esta hora se continúan realizando las capturas por parte de la PNC.
En el departamento de San Salvador se ordenaron más de 60 capturas en los municipios de Soyapango, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín, Ilopango, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado.
Entre los delitos cometidos se encuentran Homicidio Agravado, Privación de Libertad, Limitación Ilegal a la libertad de Circulación, Extorsión Agravada, Estafa, Apropiación o Retención Indebida, Disparo de Arma de Fuego y Robo.
Mientras que las oficinas Fiscales de La Unión, Morazán y San Miguel respondiendo a la demanda de justicia de la población, ordenaron esta madrugada 55 órdenes de detención las cuales fueron realizadas a través de registros y allanamientos para hacer efectivas las detenciones de implicados en delitos como Homicidio Agravado, Extorsión y acciones ilícitas de naturaleza sexual.
En La Unión se aprehendieron a 21 personas, entre ellos, algunos miembros de la MS, vinculados en tres Homicidios Agravados, seis casos de Violación en Menor e Incapaz y una Privación de Libertad. Las detenciones se realizaron en los municipios de Conchagua, Anamorós, Intipucá, Santa Rosa de Lima, Concepción de Oriente y Polorós.
En Morazán se capturaron a cuatro hombres, entre ellos, uno de nacionalidad nicaragüense, por los delitos de Violación en Menor e Incapaz, Agresión Sexual en Menor e Incapaz y Acoso Sexual.
El departamento de Cuscatlán la oficina Fiscal con sede en Cojutepeque informa que, en las últimas horas, se han detenido en los municipios de San Pedro Perulapán, San Ramón, Tenancingo y Cojutepeque a seis personas, de las cuales dos son mujeres, por estar ligados a delitos como Extorsión, Robo Agravado, Estafa y Hurto, de las 12 órdenes giradas.
Mientras que la oficina de Zacatecoluca ordenó la detención de ocho personas de las cuales se han hecho efectivas tres miembros de una estructura terrorista de la 18R, por el delito de Extorsión y la captura de Miguel García Medrano, acusado de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, las cuales fueron efectivas en diferentes cantones del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Por delitos de naturaleza sexual las oficinas de Zaragoza y Santa Tecla han girado 11 órdenes de detención administrativas por los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual y Homicidio Agravado.
La sede de Ilobasco ordenó la detención cuatro personas por los delitos de Homicidio Agravado, Desaparición de personas, Apropiación o retención indebida, Estafa, Violación en menor e incapaz, Violación en menor e incapaz continuada.
En Chalatenango se giraron 35 órdenes administrativas de detención de las cuales se han logrado hacer efectivas 19 capturas en los municipios de San Miguel de Mercedes y Chalatenango, contra estructuras terroristas de la MS, los cuales están vinculados en los delitos de Extorsión, Siembra y Cultivo; y de Acoso Sexual.
Por su parte la sede de Sonsonate ordenó la detención administrativa de cinco sujetos acusados de los delitos de Robo Agravado y Privación de Libertad; en perjuicio de una empresa distribuidora de cigarros. El hecho ocurrió 07 de agosto 2020, robaron US$9,000.00 en producto y una escopeta, hasta el momento se han hecho tres capturas efectivas por este caso.
Además, esta misma sede reporta la detención de siete sujetos acusados del delio de extorsión y dos mujeres acusadas de robo, haciendo un total de 12 capturados esta madrugada en el departamento de Sonsonate.
Para concluir la zona occidental el departamento de Ahuachapán giró 12 órdenes de detención por diferentes delitos las cuales se harán efectivas en el transcurso del día; así como la orden emitida por la oficina de Santa Ana.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
