Judicial
Fiscalía gira 210 órdenes administrativas de detención contra delincuentes a nivel nacional
El fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que, en las últimas horas, se ordenaron y ejecutaron operativos simultáneos en todo el país; con los cuales se ha dado un golpe sin precedentes a estructuras criminales dedicadas a la Extorsión, Robo, Privaciones de libertad, Agresiones Sexuales, entre otros.
Las diferentes zonas del país a través de cada una de sus oficinas giraron 211 órdenes administrativas las cuales aún a esta hora se continúan realizando las capturas por parte de la PNC.
En el departamento de San Salvador se ordenaron más de 60 capturas en los municipios de Soyapango, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín, Ilopango, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado.
Entre los delitos cometidos se encuentran Homicidio Agravado, Privación de Libertad, Limitación Ilegal a la libertad de Circulación, Extorsión Agravada, Estafa, Apropiación o Retención Indebida, Disparo de Arma de Fuego y Robo.
Mientras que las oficinas Fiscales de La Unión, Morazán y San Miguel respondiendo a la demanda de justicia de la población, ordenaron esta madrugada 55 órdenes de detención las cuales fueron realizadas a través de registros y allanamientos para hacer efectivas las detenciones de implicados en delitos como Homicidio Agravado, Extorsión y acciones ilícitas de naturaleza sexual.
En La Unión se aprehendieron a 21 personas, entre ellos, algunos miembros de la MS, vinculados en tres Homicidios Agravados, seis casos de Violación en Menor e Incapaz y una Privación de Libertad. Las detenciones se realizaron en los municipios de Conchagua, Anamorós, Intipucá, Santa Rosa de Lima, Concepción de Oriente y Polorós.
En Morazán se capturaron a cuatro hombres, entre ellos, uno de nacionalidad nicaragüense, por los delitos de Violación en Menor e Incapaz, Agresión Sexual en Menor e Incapaz y Acoso Sexual.
El departamento de Cuscatlán la oficina Fiscal con sede en Cojutepeque informa que, en las últimas horas, se han detenido en los municipios de San Pedro Perulapán, San Ramón, Tenancingo y Cojutepeque a seis personas, de las cuales dos son mujeres, por estar ligados a delitos como Extorsión, Robo Agravado, Estafa y Hurto, de las 12 órdenes giradas.
Mientras que la oficina de Zacatecoluca ordenó la detención de ocho personas de las cuales se han hecho efectivas tres miembros de una estructura terrorista de la 18R, por el delito de Extorsión y la captura de Miguel García Medrano, acusado de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, las cuales fueron efectivas en diferentes cantones del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Por delitos de naturaleza sexual las oficinas de Zaragoza y Santa Tecla han girado 11 órdenes de detención administrativas por los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual y Homicidio Agravado.
La sede de Ilobasco ordenó la detención cuatro personas por los delitos de Homicidio Agravado, Desaparición de personas, Apropiación o retención indebida, Estafa, Violación en menor e incapaz, Violación en menor e incapaz continuada.
En Chalatenango se giraron 35 órdenes administrativas de detención de las cuales se han logrado hacer efectivas 19 capturas en los municipios de San Miguel de Mercedes y Chalatenango, contra estructuras terroristas de la MS, los cuales están vinculados en los delitos de Extorsión, Siembra y Cultivo; y de Acoso Sexual.
Por su parte la sede de Sonsonate ordenó la detención administrativa de cinco sujetos acusados de los delitos de Robo Agravado y Privación de Libertad; en perjuicio de una empresa distribuidora de cigarros. El hecho ocurrió 07 de agosto 2020, robaron US$9,000.00 en producto y una escopeta, hasta el momento se han hecho tres capturas efectivas por este caso.
Además, esta misma sede reporta la detención de siete sujetos acusados del delio de extorsión y dos mujeres acusadas de robo, haciendo un total de 12 capturados esta madrugada en el departamento de Sonsonate.
Para concluir la zona occidental el departamento de Ahuachapán giró 12 órdenes de detención por diferentes delitos las cuales se harán efectivas en el transcurso del día; así como la orden emitida por la oficina de Santa Ana.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
